Perú: Cuando protestar se convierte en un delito

En enero del 2011, pobladores de los caseríos de Huallacancha y Taruscancha se movilizaron contra la empresa minera Antamina, debido al incumplimiento de unos acuerdos realizados entre la comunidad y dicha compañía extractiva.

A raíz de ello, a dos comuneros: Melitón Cadillo Arce y Narciso Espinoza Amado, la Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Huari, les dictó una sentencia de 24 años de cárcel por los delitos de secuestro y entorpecimiento a los servicios públicos, en agravio a dos trabajadores de la compañía.

Posteriormente, el 26 de abril se emitió una sentencia absolutoria por el caso de secuestro; sin embargo, aún se mantiene el proceso por entorpecimiento de carretera, caso por el que solicitan se ratifique los 4 años de cárcel.

José Gonzales López, abogado de Melitón Cadillo, ha señalado que existe un aspecto jurídico que no se ha tomado en cuenta en el proceso: la carretera mencionada por la minera no es una vía pública, sino una vía asfaltada que constituye una servidumbre de paso a favor de Antamina. De ahí que precisamente, uno de los acuerdos que se establecieron entre la minera y la comunidad fue el pago por servidumbre de paso que atraviesa los terrenos de las comunidades que reclamaron. Acuerdo, que hasta el día hoy, no ha cumplido la Compañía Minera Antamina.

En ese sentido, dicho acuerdo también es mencionado en el Informe Policial de la comisaría de Yanacancha. Ahí se indica que la movilización de la comunidad es debido a que los altos funcionarios de la minera Antamina S.A. desde hace más de 12 años no han cumplido con una serie de compromisos, entre los cuales se menciona: la construcción de colegios, postas médicas, construcción de puentes y también el pago por servidumbre (Pista asfáltica).

Ello resulta relevante, dado que en el informe también se detalla la conversación y acuerdos entre el representante de Antamina, Pablo de Flor Belaunde y los representantes de la Comunidad Campesina de Taruscancha, con presencia del Alcalde del Gobierno Local de San Marcos, donde se indica que llegaron a un entendimiento entre ambas partes, siendo uno de los principales acuerdos: “La indemnización al 100% de los afectados por la construcción de la vía asfáltica del km. 79 al 86 (sector de Taruscancha)”. En ese sentido, para el abogado José Gonzales, este dato constituiría la corroboración de que la vía asfáltica construida corresponde a una servidumbre de paso.

Por otro lado, para el dirigente campesino (actualmente en situación de prófugo) el proceso que han enfrentado significa un precedente negativo para las comunidades campesinas, sobre todo en su localidad, donde los pobladores ya no reclaman por el temor de ser acusados o sentenciados injustamente.

“Por alzar nuestra voz de protesta, por reclamar un compromiso pactado nos han sentenciado como si fuéramos delincuentes. Lamentablemente para los campesinos no hay justicia”, finalizó.

Fuente: La Vía Campesina