Denuncian suspensión de abogados de defensores garífunas de San Juan
Cinco personas defensoras garífunas de San Juan, Tela, enfrentan cargos por usurpación en un proceso que, según la Ofraneh, acumula irregularidades. La suspensión de sus abogados por dos meses profundiza la indefensión jurídica y la criminalización de la defensa territorial.
Su proceso judicial inició con su detención durante la ejecución de la primera orden de desalojo ejecutada en el marco de la recién aprobada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial ( Decreto 107-2026), cuatro meses después se encuentran en indefensión jurídica luego que sus abogados fueron suspendidos.
Las cinco personas defensoras del territorio garífuna de la comunidad de San Juan en Tela, Atlántida son Deinor Osmany Mejía Arzú, Irvin René López Córtes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta Acosta.
Están acusados bajo la figura de usurpación y sus expedientes han estado viajando entre el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida, y el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en San Pedro Sula, Cortés.
El 9 de septiembre, desde el “Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna”, las comunidades determinaron que no presentarían a las cinco personas defensoras criminalizadas argumentando que el sistema judicial está parcializado y privilegia los intereses de la empresa privada. Foto Jorge Burgos/Criterio.hn
Integrantes de la comunidades garífunas de la Bahía de Tela y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunciaron el jueves 5 de noviembre que en lugar de resolver las acciones judiciales presentadas en defensa de las cinco personas defensoras, se suspendieron a los abogados que les representaban.
Rony Castillo, integrante de la Ofraneh, denunció que la suspensión de los abogados de las cinco personas defensoras forma parte de una estrategia del Poder Judicial para criminalizar la defensa del territorio garífuna. Además, vinculó esta persecución con los discursos de Defensores de la Paz en Tela (Depat), organización que, según las comunidades de la Bahía de Tela y la Ofraneh, promueve una campaña de odio racial, entre cuyas publicaciones se advierten que, si no se actúa para poner orden en el municipio, Tela se convertirá en el próximo Haití en materia de seguridad.
Rony Castillo, integrante de la Ofraneh, advirtió que el proceso judicial contra las cinco personas defensoras de San Juan busca criminalizar la defensa territorial garífuna y sentar un precedente de encarcelamiento. Foto Jorge Burgos/Criterio.hn
Castillo advirtió que estas comparaciones alimentan un clima de hostilidad contra las comunidades garífunas y se suman a la criminalización judicial de quienes defienden su territorio, en un contexto en el que, según denunció, se les señalaría a las cinco personas defensoras como integrantes del crimen organizado y terroristas.
IRREGULARIDADES JUDICIALES
Caleb Navarro, abogado de la Ofraneh y uno de los suspendidos, denunció que, durante los cuatro meses de criminalización contra las cinco personas defensoras del territorio de San Juan, se han registrado varias irregularidades que, a su criterio, las mantienen en indefensión jurídica. Agregó que el juez continuó conociendo la causa pese a haber sido recusado en dos ocasiones y que él mismo resolvió una de las recusaciones presentadas en su contra, cuando, según explicó, correspondía a la Corte de Apelaciones pronunciarse.
Navarro también cuestionó que el Juzgado de Competencia Nacional conozca un caso que, alegó, ya fue juzgado por una Corte supranacional. Señaló, además, que el juez que conoce la causa contra los cinco defensores fue el mismo que emitió la orden de desalojo contra los integrantes de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. A su criterio, esto evidencia una instrumentalización del juzgado contra el pueblo garífuna.
La decisión de suspender a los dos abogados que representan a las cinco personas defensoras del territorio garífuna de San Juan, planteó Navarro, fue arbitraria. Explicó que los acusados habían presentado, el día anterior a la audiencia, un escrito en el que comunicaban la decisión de no comparecer, adoptada por las comunidades en asamblea. Pese a ello, el juez declaró el abandono de la defensa y suspendió a los abogados por dos meses, sin resolver los recursos presentados durante el proceso. Navarro sostuvo que, antes de imponer la sanción, el juez debía requerirles para que justificaran su incomparecencia.
Caleb Navarro, abogado de la Ofraneh y uno de los suspendidos, sostuvo que las irregularidades del proceso y la negativa del juez a resolver los recursos de la defensa terminan dando la razón a las comunidades, que denuncian un juicio viciado y nulo. Foto Jorge Burgos/Criterio.hn
El abogado advirtió que las decisiones del juez han dejado a las cinco personas defensoras en indefensión jurídica, pese a que han cumplido con las medidas cautelares impuestas. “Lo que se traduce es que el juzgado, el juez, más que todo deja en completa indefensión a los acusados”, afirmó.
En el centro de la disputa territorial y de la criminalización de las cinco personas defensoras se encuentra un predio de aproximadamente nueve manzanas frente a la costa de San Juan, que la empresa Promociones y Turismo, vinculada a la Familia Rosenthal Hidalgo, reclama como propio. La comunidad garífuna de San Juan, por su parte, defiende ese espacio como parte de su territorio ancestral, cuyos derechos fueron reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de 2023.
Fuente: Criterio.hn
