Argentina reduce su diversidad productiva por cuenta de los transgénicos, por Evandro Bonfim
La soya transgénica no ha avanzado tanto en ningún otro país como, quizás, en Argentina
Adital - Sin embargo, la valoración de la monocultura transgénica para la exportación encabeza un rol de problemas que asolan el campo argentino, que en conjunto se constituye uno de los más graves cuadros de violaciones de los derechos humanos en América del Sur.
La radiografía de la situación de campesinos, indígenas y medio ambiente en las diversas provincias del interior de la Argentina ha sido realizada en abril de este año por la Misión de Investigación de la Campaña Global por la Reforma Agraria, una iniciativa coordenada por la FIAN y la Vía Campesina.
"El objetivo de la Misión Investigadora era recabar informaciones para establecer si el Estado argentino está cumpliendo con sus obligaciones de derecho internacional y verificar las denuncias de violaciones de derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación que afectan las comunidades campesinas, indígenas y sectores desocupados en Argentina", explica el informe producido con los datos recogidos por la misión.
Una de las constataciones más alarmantes es de que Argentina está caminando, gradualmente, para la pérdida de su autosuficiencia en el suministro de productos básicos para la población. "La falta de una política agraria nacional que incluya a todos los actores afectados, orientada por los principios de derechos humanos, y el favoritismo del agrobusiness por parte del estado, han llevado a la agudización de los conflictos en el campo", explica el documento como la razón de esta anomalía, pese a la riqueza del campo argentino.
Como ejemplo, el estudio cita la expansión del cultivo de soya transgénica, impulsada con el fin de ampliar las exportaciones y lograr un crecimiento de las entradas de divisas para el pago de la deuda externa argentina. "Esta promoción de monocultivos ha llevado a múltiples problemas que afectan la soberanía alimentaria de los argentinos. Un buen ejemplo es la leche: de los 30.141 tambos que existían en 1988, sólo quedaron 15.000 en 2003. Hoy Argentina consume leche importada", señala la misión.
Estas alteraciones macroeconómicas poseen impactos profundos en la vida inmediata de las poblaciones rurales. "Se ha empeorado la situación de desnutrición y se puede observar un aumento constante de desempleo. Al mismo tiempo se registra una reducción del número de unidades productivas y la concentración de los fondos, a lo que se suma también la concentración de la producción y una masiva expulsión de los campesinos de sus tierras", destaca el informe.
En Argentina también hay fumigaciones
Sin participar directamente del Plan Colombia, Argentina registra uno de los mayores niveles de fumigaciones por glifosato de la región, casi asemejandose a los países cocaleros. De acuerdo a los datos colectados por los observadores, en Argentina ha aumentado el empleo de glifosato en los cultivos de soya transgénica de 28 millones de litros, en 1998, para aproximadamente 1,5 mil millones de litros. Se le aplica por medio de fumigaciones aéreas y terrestres, lo que afecta otros cultivos próximos o comunidades enteras, perjudicando el derecho a la alimentación y a la salud.
También el agua muestra contaminación por plaguicidas lo que causa enfermedades derivadas de la exposición a las mismas. También se da una creciente falta de acceso a la tierra y al agua, inseguridad de la tenencia de la tierra y un escaso apoyo a los pequeños productores.
"El modelo agroexportador conlleva un sinfín de problemas: una ampliación de la deforestación, la concentración de tierra y una mayor contaminación ambiental debido a la introducción de los transgénicos", comenta la misión.
Legalizar la propiedad de indígenas y campesinos
Hambre y contaminación no son suficientes para hostigar la población que vive en el interior de Argentina. La inseguridad, muchas veces impulsada con ayuda estatal, amenaza a indígenas y campesinos, a través de desalojos de familias poseedoras de estos grupos en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Mendoza, Misiones y Jujuy.
Además de la ausencia de la protección estatal a estas familias, ante los ataques sistemáticos de los terratenientes y empresas agroproductoras, la misión ha averiguado que el Estado promueve la criminalización de los campesinos, mujeres rurales e indígenas que realicen sus derechos humanos y de los ciudadanos pobres en general.
Por ello, el estudio recomienda la suspensión por el plazo de 3 años del cumplimiento de todas las medidas cautelares o/y sentencias definitivas que impliquen el traslado de las comunidades indígenas de las tierras que tradicionalmente ocupan, y en especial las que tengan por objeto el desalojo y expulsión de dichas comunidades. Eso hasta que el Estado Nacional y los Estados Provinciales implementen el procedimiento para el reconocimiento del usufructo y propiedad de las tierras originalmente ocupadas por las comunidades indígenas.
Las organizaciones que conformaron la misión piden, también, que el Estado adopte las medidas necesarias para dar fin a la inseguridad de la tenencia de la tierra de las familias campesinas, mediante programas de titulación de tierras que realicen el derecho de estas familias a adquirir las tierras por prescripción adquisitiva tras un periodo de usufructo de 20 años.
El autor es periodista de Adital.
ADITAL, Internet, 25-11-04