Cafta revivió conflicto por genéricos, por Reynaldo Martínez y César González
El cierre de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés) volvió a encender la llama del conflicto por el acceso de la población a medicamentos baratos
Mientras los laboratorios transnacionales aseguran que la entrada en vigencia del tratado no impedirá a los países de la región tener acceso a los medicamentos genéricos, los nacionales y sindicalistas de la Caja Costarricense de Seguro Social aseguran que el acuerdo afectará el suministro de los fármacos a los pacientes de la institución.
El tema que volvió a encender el conflicto fue el acuerdo alcanzado por Estados Unidos con los países centroamericanos para garantizar en la región un plazo de cinco años de protección a los datos de prueba o formulaciones de los nuevos medicamentos que lancen al mercado los laboratorios farmacéuticos transnacionales una vez que entre en vigencia el tratado.
El acuerdo implica que durante este periodo ningún otro laboratorio que opere en la región podrá reproducir y comercializar la fórmula del nuevo medicamento, aun cuando haya obtenido la información de sus componentes.
A criterio de quienes se oponen a esta decisión, esto tendrá un efecto negativo sobre las finanzas de la Caja, pues consideran que con ello la institución se vería obligada a comprar solo las nuevas formulaciones, lo que en un futuro le impedirá adquirir la misma cantidad de medicamentos que consigue en la actualidad.
Estas aseveraciones han sido refutadas por los representantes de los laboratorios transnacionales, quienes advierten que la Caja podrá seguir comprando de forma paralela los genéricos que a la fecha no tienen patente, e incluso los países de la región quedaron facultados a otorgar las denominadas licencias obligatorias en caso de emergencias de salud pública como epidemias.
?Si las autoridades costarricenses estiman que un laboratorio transnacional está abusando con algún producto que sea urgente para la salud de la población, podrían interpretarlo como una práctica monopolística y otorgar la licencia obligatoria?, aseguró ayer vía telefónica desde Guatemala el director ejecutivo de la Federación de Laboratorios Farmacéuticos, Rodolfo Lambour.
El entrevistado reiteró que tampoco es cierto que a largo plazo la Caja tendrá un efecto negativo en sus finanzas, pues por lo general la institución no incorpora apenas salen al mercado las nuevas fórmulas al cuadro básico de medicamentos que brinda a la población.
Con respecto al establecimiento del plazo de cinco años de protección, quienes se oponen al tratado también expresaron su molestia porque propusieron que fueran solo tres años tanto para medicamentos como para agroquímicos.
?La negociación en materia de propiedad intelectual fue deficiente. El país perdió en este aspecto. No hay un motivo por el cual los datos de prueba en agroquímicos tengan el doble de plazo de protección que los medicamentos?, afirmó el director ejecutivo de la Cámara de Productores de Genéricos, Román Macaya.
Sobre el tema de los agroquímicos el representante consideró que con el acuerdo suscrito podría afectarse el rendimiento del sector agrícola al restringir el acceso a productos genéricos, obligando a los productores a comprar solo los de marca.
Es necesario aclarar que desde 1993 la Organización Mundial de Comercio estipuló la protección de los datos de prueba de las nuevas formulaciones, no obstante, dejó a criterio de los países establecer el plazo de restricción de acuerdo a su grado de desarrollo.
En la práctica, tanto en los países de la región como en otras partes del mundo no existen todavía regulaciones en este sentido y por lo general algunas empresas locales utilizan la información para lanzar al mercado copias del producto a los dos años y medio.
Esta situación preocupa a las casas transnacionales que operan en el istmo, las cuales han advertido que, de prevalecer, les impedirá seguir invirtiendo en investigaciones para desarrollar nuevos productos para atender enfermedades que esperan solución, como es el caso del mal de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el sida y el cáncer.
En la actualidad estas casas farmacéuticas invierten en promedio $800 millones en el desarrollo de cada producto nuevo, además del tiempo de las pruebas clínicas, que por lo general se prolonga hasta por 12 años.
La protección de los datos de prueba garantiza a estas empresas la posibilidad de recuperar la inversión realizada para poder seguir desarrollando nuevos medicamentos.
La República, Internet, 28-1-04