Ecuador: TLC: el pueblo tiene derecho a decidir, por Patricia Dávila Aveiga

Las motivaciones de cientos de organizaciones sociales y productivas para unirse bajo la bandera de ?Ecuador Decide?, no son un capricho de los ?que siempre se oponen?, como presentan los desprestigiadores de esta iniciativa

Es, por el contrario, un compromiso ciudadano en defensa de los derechos sociales y económicos de la mayoría de la población.

El mal llamado Tratado de ?Libre? Comercio es parte de una estrategia corporativa norteamericana para consolidar un sistema de sometimiento no solo en lo comercial sino también en esferas como la soberanía, la producción alimentaria, el control de los recursos naturales, etcétera.

Se abren las fronteras de nuestro país cuya producción es fundamentalmente agrícola, para competir en forma DESIGUAL con una producción agrícola subsidiada. Los precios más bajos y las mejores condiciones de la producción agrícola norteamericana van a afectar a los pequeños y medianos productores. El Washington Post a propósito de la Farm Bill, la ley que garantiza 180 mil millones de dólares en subsidios a los productores agropecuarios de su país, la califica como ?la carta de defunción de los agricultores latinoamericanos?. En estas condiciones ?el libre comercio? es una farsa.

La avalancha de importaciones va a hacer quebrar a muchas industrias nacionales que no están en capacidad de resistir, peor de competir, con las industrias extranjeras. Lo grave es que el TLC intenta impedir que el Estado fomente la industria, esto en el nombre de la ?economía de libre mercado?.

El TLC es un instrumento del capital financiero internacional, beneficiario de la deuda externa latinoamericana. La economía del país, cuando su comercio sea estrangulado por la competencia desigual, va a ver disminuidos sus ingresos fiscales y con ello se agudizará inevitablemente el círculo perverso del endeudamiento.
El TLC garantizará que la deuda sea un tema indiscutible en su legitimidad y la responsabilidad que sobre el mismo tienen los acreedores.

Las selvas, los ríos, el agua, el oxígeno, son tratados en el TLC como simples mercancías. Su estrategia privatizadora intenta adueñarse de nuestra naturaleza, de su inmensa biodiversidad y echar abajo las culturas ancestrales, que tienen que ver con los saberes de nuestros pueblos.

La experiencia mexicana con el TLCAN es muy ilustrativa: pérdida de los (pocos) derechos laborales, negación del derecho a la educación de los más pobres (el 61,3%). Los inversionistas extranjeros y nacionales exigen leyes que garanticen el pago de salarios de hambre, la liquidación de conquistas como la estabilidad laboral, el derecho a la organización.

Los sectores productivos involucrados han cedido la iniciativa a los negociadores norteamericanos dejando sin piso a los agricultores y ganaderos que se sienten amenazados por una política millonaria de subsidios. Igual ocurre con los atuneros y camaroneros.

Una decisión de esta magnitud debe ser consultada. La Constitución lo ampara. Es inaceptable que unos pocos interesados en el negocio TLC decidan a espaldas de un pueblo que será quien pague las consecuencias en su salud, en su educación, en su empleo.

Me uno al pronunciamiento del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), que condena el TLC y reafirma el llamado de los obispos de Estados Unidos, que ?el reto fundamental es poner en marcha un modelo de desarrollo humano sostenible? basado en un comercio justo y solidario.

La autora es coordinadora Ejecutiva de Jubileo 2000, red Guayaquil.

El Universo, Internet, 1-11-04

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