El consumo de transgénicos y nuestro derecho a la salud, por Columba Monroy Ortiz
Para ampliar los puntos de referencia en torno al debate nacional sobre el consumo de los organismos genéticamente modificados (OGM), es necesario mencionar una serie de acuerdos internacionales y leyes nacionales relacionados con este tema
La cumbre de Río, foro de las naciones unidas realizado en 1992, fue el espacio político que dio lugar a las determinantes de la relación del ambiente y el desarrollo. De esta cumbre surgieron tres documentos fundamentales, la Declaración de Río, el Programa 21 y el Convenio Sobre Diversidad Biológica.
En los tres documentos se hace referencia a la Biotecnología.
Hay un punto de particular relevancia para rescatar en la discusión sobre los OGM, el principio sobre precaución: ?cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente?. Con base en este principio surge el Protocolo de Cartagena, documento donde se plantea el uso seguro de los OGM, con respecto ya no sólo al ambiente sino también a la salud humana.
En este sentido, tal vez si las grandes empresas productoras de transgénicos hicieran del conocimiento público los resultados de la evaluación científica de sus productos, hecha por investigadores sin compromisos con estas empresas, donde se pruebe que no existen riesgos para la salud humana, ni para el ambiente, podríamos aceptar consumir este tipo de productos.
El problema es que esta investigación sobre los riesgos requiere de inversión, lo que significaría para los empresarios un mayor costo de producción y una reducción en sus ganancias. Pero eso no es todo, según una investigación realizada por Greenpeace, muchos de los productos que consumimos actualmente contienen transgénicos. ¿Cómo vamos a conocer el efecto de consumirlos si no sabemos ni siquiera desde cuando los estamos ingiriendo?. Además, como en el caso de otras enfermedades debidas a la contaminación, hay efectos a mediano y largo plazo que en ocasiones son difíciles de relacionar con la causa original. Por ejemplo, un jornalero que se ha expuesto a los pesticidas puede sufrir de alergia o cáncer después de muchos años cuando ya es mayor y ha dejado de utilizar este tipo de productos.
¿Tenemos derecho a exigir la garantía de que consumimos alimentos ?sanos??, constitucionalmente sí, en el artículo 4° se establece nuestro derecho a gozar de la protección de la salud, así como de la presencia de un ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar. Es decir, no se trata si somos temerosos de las nuevas tecnologías, ni de ir en contra de los avances científicos, la cuestión central es defender nuestro derecho constitucional a la salud y a recibir información sobre los riesgos a los que estamos expuestos.
Pero, cuando hay muchos billones de dólares de por medio lo último en que se piensa es en el bienestar del ser humano. ¿De qué sirven los acuerdos internacionales, de qué sirve la Constitución? si finalmente no serán respetados en el nombre de la ganancia. ¿Cuál es el compromiso social que debemos asumir como universitarios?.
Columba Monroy Ortiz
columbam@hotmail.com