Grandes consorcios mineros cierran el cerco contra Chile, por Angel E. Pino
A escasos días de la presentación al Congreso de una propuesta oficial de royalty para la minería, los grandes consorcios extranjeros que explotan la principal riqueza natural de país cierran el cerco contra Chile
Tras una virtual 'declaración de guerra', los empresarios que integran el poderoso Consejo Minero, han comenzado a mover su artillería para abortar la medida, que busca recuperar apenas un tres por ciento de las millonarias utilidades que extraen de tierra chilena.
Directamente y sin emisarios, el máximo ejecutivo mundial de la angloaustraliana BHP Billiton, Charles Goodyear, le planteó la víspera al Presidente, Ricardo Lagos, 'su preocupación' por la aplicación del cobro y le advirtió de posibles consecuencias.
Según medios de prensa locales, el alto directivo habló durante casi una hora con el gobernante en el Palacio de La Moneda sobre los temas que inquietan al grupo, en especial lo relacionado con el pago sectorial y también la crisis energética.
Pero a su salida del encuentro Goodyear dejó claro que 'el royalty es la preocupación significativa' de BHP, dados sus efectos de largo alcance en las inversiones, en los resultados, en la continuidad de proyectos, la exploración y nuevos emprendimientos mineros.
Chile, por sus grandes reservas de cobre, es uno de los centros neurálgicos de la actividad del grupo en el mundo luego de que BHP Billiton cambió el núcleo central de los negocios de metales básicos de Houston, Estados Unidos, a Santiago.
La compañía es la dueña de Escondida, la mayor entidad minera privada del país y el segundo inversionista extranjero más grande en Chile, que tiene en carpeta otro importante proyecto en la mina Spence, de unos 800 millones de dólares, detenido ahora por el royalty.
En la cita, según trascendió, Lagos no se refirió al proyecto del gobierno sobre este cobro, que deberá ser presentado al Congreso la semana entrante, y dio seguridades sobre la vigencia de los contratos de inversión extranjera denominados DL 600, el más defendido por los empresarios extranjeros.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, aclaró el martes que el pago sectorial no altera los contratos del DL 600 porque el royalty no tiene nada que ver con el impuesto a la renta -punto protegido por el contrato-, ya que 'se calcula como un porcentaje pequeño de utilidades excedentarias por arriba de cierto margen'.
El titular de las finanzas públicas explicó que el royalty 'tiene un cierto parecido, un aire, por así decirlo, pero obviamente no es un impuesto a la renta' y por ello es legal y constitucional, ya que no cambia las reglas con los inversionistas extranjeros.
Al anunciar hace dos semanas 'la declaración de guerra' al gobierno, el presidente del Consejo Minero, el norteamericano William Hayes, dio a conocer todo el arsenal de que disponen para forzar un 'cambio de ideas' en La Moneda.
En el tema legal, Hayes explicó que se evalúa apelar a la constitucionalidad del royalty y acudir también al Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que recientemente sentó un precedente contra Chile en una disputa con inversionistas malasios.
Hay otras opciones en estudio: demandar al Fisco o apelar a los tratados internacionales, en los que estarían en juego no sólo los acuerdos de libre comercio firmados ya por Chile, sino también los que sean negociados en el futuro.
En aparente respuesta a estos emprendimientos el senador democratacristiano Alejandro Foxley advirtió hoy que los empresarios mineros que demanden al Estado chileno por el posible royalty perderán legitimidad en el país.
'Que una empresa minera haya pagado cero impuestos durante 25 años, siendo que tenía buena rentabilidad, es una situación donde hay algo que no funciona desde el punto de vista de legitimidad', subrayó el presidente de la comisión de Hacienda del Senado.
'La gente tiene que pagar todos los días en el supermercado para contribuir al desarrollo del país y hay empresas mineras que no pagan. Eso es insostenible desde el punto de vista de legitimidad de un sistema político democrático', enfatizó.
Agregó que harían bien las empresas mineras si, en vez de amenazar con demandar al Estado, incluso internacionalmente, entendieran que lo que se está proponiendo es extremadamente sensato, prudente y que en esta pelea a nivel de tribunales internacionales lo único que harán será perder legitimidad en el país'.
ARGENPRESS, Internet, 15-6-04