La CE contesta a Bush que el hambre no se soluciona atiborrando de transgénicos, por Ámadeu Altafaj
España, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Finlandia y Holanda piden el levantamiento de la moratoria «de facto» sobre la autorización de estos productos
BRUSELAS. El presidente de Estados Unidos argumentó la semana pasada que que la restrictiva política de la Unión Europea (UE) sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) dificulta la lucha contra el hambre en África. Lamy reaccionó ayer con indignación, declarando que «acusar a la Unión Europea de matar de hambre al Tercer Mundo porque no los atiborramos de los transgénicos sobrantes o utilizar ese tipo de argumentos es algo que claramente va demasiado lejos, es del todo inadmisible».
Sus declaraciones coincidieron con la petición de seis países, España, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Finlandia y Holanda, del levantamiento de la moratoria «de facto» sobre la autorización de estos productos, al entender que la UE ya se ha dotado de un estricto reglamento sobre «etiquetado y trazabilidad» que garantiza su seguridad. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, opinó que en un contexto en que la población mundial crece y la superficie cultivable y el agua son recursos limitados, «el futuro pasa probablemente por los transgénicos, con la mayor seguridad y desde el principio de precaución», y la UE se está convirtiendo en «un reducto atrasado» en el desarrollo de los OGM.
Pero incluso si se levantara la moratoria, en vigor desde 1998, Washington considera que las cortapisas impuestas por los europeos son tan severas que constituyen obstáculos al libre comercio, por lo que presentó hace dos semanas una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según Lamy, los europeos «tenemos un sentimiento más precavido que los americanos en la materia»; según Bush, se trata de «temores infundados y sin respaldo científico».
Los ministros de Agricultura de la UE debatieron ayer la coexistencia entre cultivos transgénicos, convencionales y ecológicos, aunque la CE parece dispuesta a dejar este asunto en manos de cada Estado, basándose en el principio de «subsidiariedad». Francia, Bélgica, Austria, Portugal, Dinamarca y Luxemburgo siguen pidiendo reglas aún más estrictas, que den garantías jurídicas a los agricultores.
Diario A.B.C., Internet, 27-5-03