Las ONG muestran reservas respecto al proyecto de ley que concederá tierras amazónicas a empresas en Brasil

Intenso debate en el Parlamento del país sudamericano y reacción de las ONG ecologistas

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) - El plan del Gobierno de Brasil para la Amazonia de conceder tierras de la mayor superficie forestal del mundo a empresas privadas para su explotación limitada ha generado un intenso debate en el Parlamento del país sudamericano, así como una reacción de las ONG ecologistas, que dudan de la eficacia de esta medida a la hora de crear un marco legal que fomente la sostenibilidad.

La propuesta del Gobierno de 'Lula' de ceder tierras amazónicas a empresas para su explotación, especialmente maderera, genera dudas en los ecologistas, mientras la oposición y los medios de comunicación lo interpretan como una privatización, según recoge 'Canal Solidario'.

En concreto la ley, aún no redactada, crearía tres modalidades de gestión de las tierras pertenecientes al Estado. Las dos primeras se centran en la conservación y la cesión para el uso de estas tierras a las comunidades indígenas, tradicionalmente asentadas en estas regiones selváticas.

Es en la tercera modalidad de gestión donde se genera la polémica, puesto que se concederían superficies forestales a empresas para su explotación, aunque de forma limitada. La medida, que afectará a 50 millones de hectáreas de la Amazonia, es un intento de acabar con la apropiación ilegal de tierras, según la Administración brasileña.

Según ha explicado el Gobierno, la explotación de madera será limitada y sometida a estándares de gestión forestal eficaz y sostenible. Además, la propiedad de la tierra seguirá siendo del Estado, pues sólo se trata de concesiones.

Aunque las organizaciones ecologistas aceptan la propuesta de ley, mantienen sus dudas, considerándola "arriesgada". En concreto Greenpeace ha señalado que la intención del Gobierno es "recuperar el control de tierras públicas que no tienen protección".

A pesar de esto, Greenpeace ha proporcionado cinco criterios que considera imprescindibles para que el proyecto sea sostenible, entre los que se encuentran la protección total de áreas ecológicas relevantes, la zonificación de la Amazonia con objeto de determinar qué regiones pueden ser cedidas para su explotación, la continua evaluación de impactos, así como el control por parte de las autoridades medioambientales del país y la policía forestal.

En este sentido, Greenpeace recuerda que la explotación industrial del Amazonas ha destruido hasta ahora el 16 por ciento de su superficie a lo largo de los últimos 30 años.

Según Amigos de la Tierra, el problema radica en el caos legal que reina actualmente en la Amazonia, al no existir registros de propiedad. El proyecto, según esta ONG, ayudaría al Estado a regularizar su patrimonio.

Esta selva, que acoge la mayor biodiversidad de la tierra, contiene el 20 por ciento del agua dulce del planeta, tiene un papel fundamental en la regulación del clima, y proporciona hogar a unos 20 millones de personas de comunidades indígenas que necesitan trabajar, seguridad, bienestar y un Medio Ambiente sano.

EUROPA PRESS, Internet, 24-8-04

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