Lucha contra la biopiratería divide a países en la OMPI, por Isabel Saco
Las divergencias entre algunos países desarrollados y en vías de desarrollo sobre cómo proteger de la biopiratería recursos biológicos y conocimientos tradicionales marcaron hoy el fin de una reunión intergubernamental de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Ginebra, 15 jul (EFE).- Tras una semana de discusiones en Ginebra fue imposible acercar las posiciones de los países que propugnan el inicio inmediato de las negociaciones para un tratado internacional que combata la "biopiratería" y las de aquellos otros que lo consideraron innecesario.
El término "biopiratería" tiene una connotación política y moral -pero no legal- que alude a la apropiación directa o indirecta de materiales biológicos y conocimientos indígenas mediante el uso de las patentes de invención. Generalmente se trata de compañías o industrias de países ricos que patentan esos recursos y limitan así las posibilidades del propio país de origen de explotarlos, procesarlos, comercializarlos y exportarlos.
En el grupo que propugnaba la redacción de una norma internacional hay varios países de Africa y Asia, mientras que se mostraron en contra una buena parte de los países desarrollados.
Muchos países de América Latina se ubicaron en una posición intermedia, según la cual para obtener una patente debe establecerse la obligación de divulgar el origen y la obtención legal de los recursos biológicos (plantas y otros).
Asimismo, consideran que debe ser obligatorio precisar los conocimientos ancestrales utilizados para desarrollar la invención, de tal modo que se reconozca la existencia de un
"conocimiento colectivo" de los pueblos indígenas, explicó a EFE Jorge Cabrera, representante del Instituto Nacional de BIODIVERSIDAD de Costa Rica.
Quince países concentran el 75 por ciento de la diversidad biológica del mundo: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, China, Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, Kenia, México, Perú, Sudáfrica, Tailandia y Venezuela.
De ahí que sea mayor su interés por tener un sistema de patentes que proteja sus derechos sobre sus propios recursos, así como sobre los conocimientos de sus poblaciones nativas. La importancia de la diversidad biológica puede, además, medirse en términos económicos: así, la comercialización de recursos genéticos y sus productos derivados mueve entre 500.000 y 800.000 millones de dólares, lo que incluye los sectores biotecnológico y cosmético, la agroindustria y la horticultura.
Un caso presentado por Perú fue uno de los que mayor atención recibió en la reunión de la OMPI, pues ejemplifica muy bien el problema de varios países en desarrollo que se enfrentan a patentes de sus recursos -o de productos derivados- que han sido registrados en países industrializados. Se trata de la planta conocida como maca, que crece en las regiones montañosas del país andino y que ha sido objeto de dos patentes en Estados Unidos, además de una solicitud que está en curso, dijo a EFE Begoña Venero, representante del Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) del Perú.
Según las autoridades peruanas, diferentes combinaciones de extracto de maca -conocida por sus propiedades para combatir la disfunción sexual, ayudar a la fertilidad y cuyos efectos anticancerígenos están en estudio- fueron patentadas en EEUU a pesar de que no hay pruebas de que la planta se sacase del país por medios legales.
Pero aunque existen argumentos para cuestionar las patentes sobre la maca, los representantes peruanos en Ginebra reconocieron que resulta "sumamente difícil, largo y costoso impugnar por la vía administrativa o judicial en los Estados Unidos".
Por ello, las únicas esperanzas de este país como de tantos otros que han pasado por experiencias similares recaen en la capacidad del sistema internacional de dictar normas universales que aseguren la protección de sus recursos biológicos y de los conocimientos de sus pueblos en contra de eventuales abusos. EFE
Fuente: EFE, 15-7-03