México: aprueban PRI y PAN en San Lázaro la ley de bioseguridad, por Roberto Garduño y Enrique Méndez
Fracasa intento de la bancada perredista por aplazar la discusión del dictamen. La legislación no contempla "candados" específicos a la producción de maíz transgénico
Las bancadas del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados dieron muestra anoche de su estrecha vinculación al aprobar la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados con 319 votos en favor, 105 en contra, de las fracciones del PRD y PT, y 17 abstenciones.
La suerte de la ley estaba echada desde la semana pasada, al celebrarse la reunión de las comisiones unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología, y con las adiciones subrepticias que se introdujeron en el dictamen un día antes de someterse al pleno camaral. Ayer, de nuevo, la mancuerna PRI-PAN dio cuenta de la reducida fuerza numérica del PRD y PT, al avalar la nueva ley, cuyo contenido provocó controversia. Como último recurso para evitar el mayoriteo, la fracción del PRD presentó una moción suspensiva con objeto de diferir el debate del dictamen en comisiones, al considerar que el texto se había elaborado "al vapor". El intento fue en vano.
Y es que, como publicó este diario en la víspera, la legislación no provee de "candados" específicos sobre la producción de maíz transgénico, y mucho menos genera certeza entre los consumidores de los productos modificados genéticamente al evadirse la responsabilidad de las autoridades en el proceso de venta.
Singular protesta
Las diferencias irreconciliables provocaron que un joven integrante de la organización Greenpeace burlara la vigilancia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se introdujera en el salón de plenos y desplegara una manta con la leyenda: "¡Vota: no a la ley Monsanto!", en el momento en que se discutía el contenido de la ley.
La acción fue por demás notoria, porque la maniobra del activista constituyó la primera incursión de una persona ajena a los legisladores en el mismo salón de plenos. Para el manifestante no resultó complicado bajar hasta la zona ocupada por los fotógrafos mientras se desarrollaba la sesión porque se descolgó con estilo de rapel desde una mirilla lateral que da a un área de prensa. Con tal escenario de por medio, los promotores de la ley de bioseguridad manifestaron que el propósito de la misma implicará regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, importación, comercialización, exportación y programas piloto.
En medio de acusaciones en torno a la defensa de intereses particulares inició la sesión. Mientras el legislador priísta Fernando Ulises Adame argumentaba en favor del dictamen y justificaba la fe de erratas que se dio a conocer minutos antes, desde el área del PRD en el pleno le gritaban: "¡defensor de las exportaciones de tomates transgénicos!" Adame no reparó en los reclamos y adujo que el país tiene amplias posibilidades de desarrollar investigación en el área de biotecnología: "México, por ser megadiverso, tiene posibilidad de explotar su diversidad; tiene posibilidad de secuenciar los genes, de transferirlos, de modificarlos y de resolver problemas fundamentales, como la producción de granos de oleaginosas en las regiones áridas y en las regiones de alto contenido de salinidad".
Al argumentar la moción suspensiva en nombre del grupo parlamentario del PRD, Víctor Suárez calificó de antidemocrática la actitud de la mayoría del PRI y del PAN en comisiones y arremetió contra una parte del sector científico: "este proceder antidemocrático es presionado por las trasnacionales de la biotecnología. Unos cuantos biotecnólogos, encabezados por el doctor Bolívar Zapata, ya han usufructuado el nombre de la Academia Mexicana de Ciencias y por la Comisión de Ciencia y Tecnología... la nación demanda una legislación sobre el tema, basado en el consenso, en la inclusión y en la responsabilidad del Estado. Por eso hoy proponemos esta moción suspensiva y que se aplace el debate".
La respuesta inmediata y descalificatoria correspondió al diputado priísta Julián Nazar. Sin mencionar directamente a Víctor Suárez, replicó: "hoy escucho a un diputado que siempre ha hecho alarde de ser un luchador social. Es lamentable ver cómo algunos se revuelcan como marranos para poder cobrar como príncipes a la vuelta de la esquina, al término de un periodo de esperanza.
"Por eso me preocupa la actitud de aquellos que la semana pasada me pidieron modificar el artículo 101 porque ya el 88, que era el centro de origen de nuestras semillas, se había corregido y me dijeron que yo me acordara del 10 de mayo, de sus jefecitas, si no cumplían el martes. Me reservo lo que ellos me pidieron, por respeto a sus jefecitas. Yo entiendo por qué lo hace el compañero. El se ha erigido en el tenedor de los grupos acaparadores de semillas y de productos del país (sic). Y si no, revísenlo: representa los intereses de organizaciones que se han transformado en coyotes de los productores nacionales, de nuestros propios campesinos, y no se vale que agarre la tribuna para defender sus intereses personales". De inmediato, el aludido Víctor Suárez solicitó la palabra desde su curul y reviró: "solamente para insistir y preguntar si el diputado Julián Nazar ha sido acusado de pertenecer a Los Chinchulines, un grupo paramilitar, contrainsurgente en el estado de Chiapas, y si esa es la autoridad con la cual se sube a la tribuna y viene a representar a los campesinos de ese estado y del país. Solamente preguntar eso, si está acusado de pertenecer a grupos paramilitares en Chiapas, que han luchado y se han prestado a contrainsurgencia en contra del EZLN, y si con esa autoridad moral es que defiende a los campesinos y a la biodiversidad en este país".
Entonces, el presidente en turno de la mesa, Francisco Arroyo Vieyra, solicitó a la secretaría que pusiera a votación la moción suspensiva del perredista, que fue rechazada con 299 votos, 113 en favor y 19 abstenciones. Al iniciar las participaciones de los grupos parlamentarios, el PT, por medio de Joel Padilla Peña, recordó que los poderes supranacionales se impusieron en la redacción de la iniciativa y del dictamen, porque "están interesados en que se apruebe una ley débil y flexible, que les arroje enormes ganancias financieras con la biotecnología, concediéndole poca importancia a los impactos ambientales, sociales y económicos. Ese es el interés verdadero de las empresas como Monsanto, Novartis, Aventis y DuPont: liberar, producir, importar y exportar productos transgénicos a nuestro país".
A pesar de las críticas, el priísta Arturo Robles enumeró los "beneficios" que, dijo, acarreará la nueva ley: incorporación del derecho a la información y el acceso público como parte de los principios de política en materia de bioseguridad; obligar a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad a considerar los dictámenes técnicos que emita el Consejo Consultivo Científico; impulso a proyectos de investigación, desarrollo e innovación científica; precisión para que las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente determinen los centros de origen y diversidad genética; establecimiento de acciones y medidas y reparación de daños, y la aplicación de disposiciones para la atención de la responsabilidad derivada de daños causados por el uso indebido de organismos genéticamente modificados.