México: contradicciones entre organismos oficiales sobre riesgos de transgénicos, por Carolina Gómez Mena

El Instituto Nacional de Salud Pública critica los estudios usados para evaluaciones

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señaló que la introducción al mercado de organismos genéticamente modificados (OGM) requiere una "comunicación clara y precisa que considere las necesidades de información del público y los valores sociales en el proceso de análisis de riesgos del consumo". Lo anterior, a pesar de que para la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) "toda la información que los desarrolladores (le) aportan para que se pueda llevar a cabo la evaluación de inocuidad tiene carácter de confidencial".

En el estudio El consumo de los productos transgénicos y sus implicaciones para la salud humana, el INSP afirma que "la ausencia de pruebas de que los OGM causan daño no significa evidencia de ausencia de daño". Detalla que estos productos "no sólo deben ser inocuos y nutricionalmente equivalentes a los orgánicos, sino que deben contribuir a abatir la inequidad alimentaria".

Plantea que es preocupante que ante la posibilidad de "riesgos potenciales se confíe solamente en estudios de caracterización agronómica, caracterización molecular y estudios de alimentación de modelos animales en el laboratorio para decidir sobre el uso de alimentos genéticamente modificados en poblaciones humanas". Considera, asimismo, que en México los estudios de riesgo "necesitan avanzar en vista de que la mayoría de los reportes acerca de ellos (los OGM) provienen de otros países con características sociales y culturales diferentes".

Estos criterios contrastan con la respuesta que la Cofepris (instancia que al igual que el INSP depende de la Secretaría de Salud) dio a Greenpeace México cuando esta organización ambientalista solicitó los argumentos en que se basó la Ssa para autorizar la entrada de 25 OGM para consumo humano, pues la respuesta fue que era asunto "confidencial".

Greenpeace apunta que la respuesta de la Cofepris violenta lo considerado por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el cual "establece que por regla general la información será pública y la confidencialidad se establecerá como la excepción, y que en caso de clasificarse como tal requerirá fundarse y motivarse. Especifica, además, que sólo pueden clasificarse como confidenciales los secretos industriales, es decir, esto no incluye las decisiones gubernamentales ni las evaluaciones hechas por la autoridad".

En el estudio del INSP se indica que los OGM son organismos cuyo material genético ha sido alterado artificialmente. Se informa que la superficie plantada con estos productos en el mundo se ha incrementado durante los anteriores ocho años en 35 veces, al pasar de 1.7 millones de hectáreas en 1996 a 58.7 millones. Asimismo se indica que actualmente entre 5 y 6 millones de agricultores de 16 países cultivan OGM y alerta que existen riesgos de que se estimule la "monopolización de los cultivos, la disminución de las variedades y la dependencia sobre sustancias químicas específicas.

"El caso de inducción de necesidades de cultivo involucra, por ejemplo, que los suelos sólo puedan soportar el cultivo transgénico y no de otro tipo, creando dependencia de los agricultores", se concluye en la investigación.

La Jornada, México, 24-9-04

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