México: empresarios piden a legisladores evitar restricciones a productos transgénicos, por Angélica Enciso L.

Demandan que no se tomen en cuenta recomendaciones de informe científico trinacional. Buscan hacer a un lado la protección a la biodiversidad y a los campesinos: Greenpeace

Organizaciones empresariales expresaron su rechazo a que los diputados tomen en cuenta las recomendaciones del informe científico de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para hacer modificaciones a la iniciativa de ley de bioseguridad, que ya fue aprobada en el Senado.

Manifestaron su oposición a que los productos tengan etiquetas con una leyenda de advertencia en caso de que contengan algún organismo modificado genéticamente, y a que el maíz importado de Estados Unidos sea molido para que no se utilice como semilla.

Esto lo señalaron, en una carta enviada a los diputados, la Confederación de Cámaras Industriales, el Consejo Nacional Agropecuario, el Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, la Asociación de Proveedores de Productos Agropecuarios de México y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

El informe Maíz y biodiversidad, efectos del maíz transgénico en México fue realizado por 16 científicos de Estados Unidos, Canadá y México a petición de organizaciones no gubernamentales y campesinas, luego de que se detectó que en los cultivos criollos de Oaxaca, centro de origen del grano en México, había presencia de maíz transgénico. Tras dos años de trabajo y con una inversión de 450 mil dólares, las conclusiones y recomendaciones del documento fueron cuestionadas por los propios gobiernos que tienen interés en la promoción de esos alimentos que son desarrollados por las grandes trasnacionales de la biotecnología: Monsanto, Aventis, Dupont, Bayer, Syngenta y Dow, indica la organización ambientalista Greenpeace.

Ahora, el sector empresarial presiona a los legisladores por medio de la carta fechada el 28 de octubre de este año, en la que advierten que el etiquetado ocasionará un incremento de 30 por ciento en varios alimentos básicos y que, de mantenerse la moratoria al maíz transgénico, se incorpora "un factor más de desventaja para el campo y la industria nacional, condenándonos con ello al rezago productivo".

En el texto agregaron que esa medida "restrictiva tendería a agudizar significativamente la dependencia de nuestro país de las importaciones de alimentos, acentuándose con ello el carácter deficitario de México en la producción de maíz y otros granos básicos".

En cuanto a la recomendación de los científicos de que el maíz importado sea molido para que no sea utilizado como semilla, los industriales señalan en el documento que es una medida inadecuada, ya que "si la molienda se lleva a cabo con anterioridad a que el producto ingrese al país, provocaría el desplazamiento de actividades que hoy en día se realizan en diferentes instalaciones industriales dentro de nuestro territorio".

En la carta no se refieren a lo referente a salud y medio ambiente, sólo a las implicaciones económicas y señalan que las recomendaciones mencionadas son "discriminatorias y restrictivas al comercio".

Además argumentaron que en el informe no participó la industria nacional, pero uno de los investigadores que trabajaron en la elaboración del informe fue José Luis Solleiro, quien es director técnico de Agrobio, asociación que agrupa a las empresas productoras de transgénicos en México. Además el especialista participó en la revisión de seis de los 10 capítulos del informe, señaló Areli Carreón, de Greenpeace.

La organización ambientalista divulgó la carta con la intención de presionar a los legisladores para que protejan sus intereses privados, en lugar de aplicar las recomendaciones de los científicos para proteger la biodiversidad, a los campesinos y a los consumidores mexicanos, agregó.

Sumado a ello, dijo, la pretensión de presentar el informe como inconsistente científicamente es "un esfuerzo desesperado por atemorizar a los legisladores con argumentos sin sustento alguno".

La Jornada, México, 11-11-04

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