México: propone la AMC nueva discusión de la ley de bioseguridad y que sea devuelta al Senado, por C. Gómez, E. Velasco y J. Galán
Señala Octavio Paredes "participación manifiesta" de trasnacionales en la aprobación. Organizaciones campesinas anuncian movilizaciones para pedir el veto de la normatividad
Entre opiniones contrastantes en torno a la aprobación de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) propuso una discusión más amplia de esta normatividad e inclusive sugirió que el documento sea devuelto al Senado. Mientras, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) expuso que se trató de un "paso muy positivo".
Frente al voto mayoritario del dictamen en la Cámara de Diputados, organizaciones campesinas anunciaron la realización de movilizaciones para exigir el veto de la ley y que no sea publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta en tanto no haya una amplia consulta con productores, agricultores, científicos y sectores sociales, anticipó Alvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). El respaldo a la ley compete al comité técnico de análisis que encabeza Bolívar Zapata, de la AMC, y no propiamente a la academia, aclaró su titular, Octavio Paredez López. "No estamos cerrados a una discusión más amplia, pues la ciencia tiene que profundizar en ella en busca de lo mejor para el país". Esta ley tiene que contar con la aprobación importante de la comunidad científica, abundó.
Paredes señaló la "manifiesta" participación de empresas trasnacionales, como Monsanto y Aventis, en el impulso a la aprobación de la ley y les atribuyó la introducción del gen conocido como "terminator" a las semillas utilizadas por los campesinos de México, para "mantener siempre la dependencia de sus recursos tecnológicos".
"Hace muchos años, varios científicos detectamos esta práctica y nadie nos peló", indicó Paredes López en un convivio de fin de año con los medios de comunicación. "Ahora los que ponen el grito en el cielo debieron apoyar desde un principio el desarrollo propio de material genético. Incluso ahora, el gobierno federal ha propuesto la desaparición de centros genéticos que inciden en el desarrollo del campo, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agrícolas y del Colegio de Posgraduados".
Y se preguntó: "¿dónde está el análisis del Conacyt sobre la enorme dependencia del extranjero que padece el campo mexicano? Pues no hay tal", respondió. "Mantenemos las desavenencias con ese consejo porque los grandes intereses de este país no están sujetos a análisis o discusión", comentó. Sin embargo, para el Conacyt el aval a la ley no sólo es un paso positivo, sino que permite contar con una regulación sobre los organismos genéticamente modificados, señaló el director adjunto de Tecnología del consejo, Guillermo Aguirre.
En conferencia de prensa, criticó que la aprobación se haya "politizado" y expuso que para el Conacyt tratar de detener la entrega de los organismos genéticamente modificados es negar un proceso inevitable. Pretender que con una ley se impida el proceso es "querer tapar el sol con un dedo".
Mientras, la UNTA consideró que la ley afectará a más de 50 mil productores de maíz sólo de la unión. A la legislación también se oponen organizaciones como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Central Campesina Cardenista, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. La oposición obedece a cuatro razones, definió López Ríos: "aún se desconocen los efectos de los organismos genéticamente modificados en la salud humana; la propagación de semillas transgénicas como causa de contaminación a la biodiversidad del país; la apropiación de las semillas por medio de las patentes como privatizadoras de un bien común, y el favorecimiento a trasnacionales como Monsanto, Bayer, Syngenta y otras que dominan el mercado mundial de las semillas transgénicas".
Uno de los mayores riesgos, destacó, es que con las semillas modificadas se pueden contaminar 280 variedades de maíces criollos que existen en el país. Además, se da pie al "saqueo de la biodiversidad de plantas y animales".