Informe Especial: la Crisis Climática y el aumento de precios de los alimentos
Un nuevo Informe Especial, elaborado conjuntamente por los investigadores Guillermo Achucarro, Ingeniero Ambiental, y Sarah Zevaco, economista, analiza el vínculo entre la crisis climática y el aumento de precios de los alimentos que se experimenta en el país en los últimos meses. Es urgente garantizar alimentos sanos y para toda la población, y asegurar la supervivencia de quienes producen dichos alimentos señalan los autores.
El material indica que comprender la magnitud de las distintas consecuencias de la actual crisis climática necesariamente implica observar el contexto social y político desde varias dimensiones, no solo desde lo estrictamente ambiental o ecológico. En el informe se analiza en particular la posible relación existente entre la gran suba de precios de los alimentos en los últimos meses y la ocurrencia de ciertos fenómenos climáticos que afectaron enormemente a nuestro país.
“Tomando como medida el IPC (Índice de Precios al Consumidor), se nota que en general, todos los precios de alimentos empezaron a subir desde julio de 2021, con altibajos en cuanto a vegetales y frutas frescas, lo cual siempre se da por estacionalidad, pero en estos últimos meses en particular, los precios se fueron disparando desde diciembre, mes en el cual la sequía de 2021 se volvió agobiante para los campesinos productores de alimentos frescos”, señala el informe.
Los investigadores mencionan que “al examinar la relación entre esta alza brusca de precios y el clima, se bosqueja como primera hipótesis que la extrema sequía –sintomática del cambio climático– está relacionada con el alza de precios, y que otros factores también impactan, pero de manera secundaria o vinculada a ella”.
Para los analistas, la intervención del Estado debe apuntar a fortalecer modelos de producción saludable y garantizar precios justos, “intervenir el mercado en cuanto a precios, es una opción, considerando que el Estado puede ser agente de mercado como comprador y regulador, a sabiendas de que otros agentes median en el mercado –importadores, contrabandistas– que logran influir sobre los precios”.
El Estado debe garantizar el derecho a la vida digna, y ello pasa por atacar las causas y consecuencias de las crisis climáticas y sus efectos en la seguridad y soberanía alimentaria del país; incluso, los impactos fiscales (baja del PIB) de las crisis climáticas sólo podrán ser contrarrestados una vez que se invierta desde el Estado en sectores cuya producción no destruye la naturaleza sino la respeta y la promueve, y alimenta efectivamente a la población, concluyen.
Descargá el informe en el siguiente link:
Fuente: BASE Investigaciones Sociales
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