Acaparamiento de tierras

Los gobiernos de varios países han estado tratando de dar respuesta a las preocupaciones sobre el acaparamiento de tierras cerrando las fronteras a los inversionistas extranjeros. ¿Son efectivas estas restricciones? En realidad no, señala GRAIN. Dan la apariencia de que se está haciendo algo al más alto nivel y apelan a sentimientos nacionalistas o pro-soberanía. Pero son respuestas muy obtusas ante un problema complejo y a menudo están llenas de puertas de escape y resquicios legales.

La Vía Campesina de Asia del Sureste y de Asia Occidental manifiesta su solidaridad y apoyo total a los campesinos que llevan luchando desde hace décadas contra el acaparamiento de tierras, contra la liberalización del mercado agrícola, para el derecho de cultivar la tierra y de vivir en las zonas rurales.

El desarrollo del campo colombiano mediante la gran empresa y el desplazamiento del campesinado fue la propuesta del economista canadiense Lauchlin Currie, asesor de varios gobiernos, cuyas concepciones aun dirigen la política agropecuaria de Colombia y marcan la visión de destacados economistas y políticos colombianos.

Madereros, plantaciones industriales y compañías mineras se introducen cada vez más en las selvas de Camboya. Pero los habitantes de Prey Lang quieren salvar su selva y convertirla en un área totalmente protegida y piden nuestro apoyo.

En el sur de Sumatra, existen alrededor de 100 conflictos en torno al acceso y tenencia de la tierra, que involucran comunidades locales y empresas que controlan el 65% de las tierras de la región a través de las concesiones de tierras que recibieron del gobierno.

"Varias organizaciones se movilizaron este martes hacia la capital Tegucigalpa, para repudiar la decisión del Congreso de aprobar la reforma de tres artículos de la Constitución que dieron vida a las Zonas de empleo y desarrollo económico, popularmente conocidas como "ciudades modelo". También rechazaron la aprobación de la Ley de Minería que, aseguran, representa un serio retroceso ambiental para el país."

La Ley de Propiedad de Honduras, impulsada por el Banco Mundial, fue aprobada en el año 2004, sin tener en consideración las observaciones planteadas por la OFRANEH en una consulta comunitaria efectuada en el año 2003 en la comunidad de San Juan Tela (Durugubuti).

"Exigimos la adjudicación de las tierras que han sido expropiadas públicamente por el INA, a las empresas CASHA y AZUNOSA quienes amparadas en la fatídica e inconstitucional Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y en acuerdos de fomento al capital explotan las tierras que le pertenecen a campesinos y campesinas del Valle de Sula."