Minería

No admitiremos que el poder de unos cuantos intenten imponernos el cómo tenemos que vivir. Andalgalá está poniendo en práctica la AUTODETERMINACIÓN de nuestro pueblo, y no acepta la corrupción, la mentira política y la violencia institucional.

Este Informe Especial sobre minería aborda algunos de los conflictos sociales que emergen en el proceso de convertir a Colombia en un país minero, situación que enfrentan también otros países de América Latina y el Caribe.

“O Brasil precisa não só alterar a sua legislação, mas estabelecer mecanismos claros de controle, inclusive porque muitas das pressões para alteração da legislação são para flexibilizar a extração e não para melhorar o controle”, assinala o relator do Direito Humano a Terra, Território e Alimentação, da Plataforma Dhesca (Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais).

Ambientalistas de todo el país llegan a la provincia de San Juan para llevar a cabo, los días 24–26 de noviembre, el XIX Encuentro Nacional de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) con el firme objetivo de “fortalecer la lucha regional contra el modelo extractivo”

Intentan imponer megaproyecto privado sin consultar a los pueblos originarios ni democratizar las comunas rurales. ¿La gran minería llegará a la meseta antes que la democratización?

Una misión internacional organizada por la federación ambientalista Amigos de la Tierra Internacional en Guatemala y El Salvador ha identificado violaciones sistemáticas de derechos humanos y criminalización de defensores ambientales y comunidades en resistencia contra proyectos mineros y represas.

"Un hito importante que ilustra el tratamiento del tema ambiental acomodado a los intereses extractivos fue la declaración del propio presidente Santos en su intervención ante la Conferencia Río+20 de las Naciones Unidas. Para concretar un crecimiento minero sostenible, explicó, el gobierno había demarcado unas áreas estratégicas de minería en la Amazonía, en una de las regiones más preservadas del país."

En Uruguay el derecho humano al agua y la gestión sustentable y participativa de las cuencas hidrográficas han sido consagrados en la Constitución Nacional. Sin embargo, monocultivos forestales y agrícolas, así como un número creciente de proyectos mineros amenazan ese logro popular de 2004.