América Latina: disputa por el control de los territorios, la gente y los bienes comunes

REVISTA BIODIVERSIDAD #130

El regreso de la extrema derecha y el autoritarismo combinan en América Latina la crisis económica, la inseguridad, la desconfianza institucional, la polarización y el rechazo a los partidos tradicionales.

Entre los impactos en la sociedad de estos regímenes fundamentalistas resaltan la criminalización de la protesta social y de la oposición, la persecución de organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos, la normalización de discursos racistas, xenófobos o discriminatorios, la permanencia en el poder, el debilitamiento de la independencia judicial, la subordinación de los organismos de control al ejecutivo y los ataques sistemáticos a periodistas y medios críticos.

En países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Colombia, así como en buena parte de Centroamérica, los gobiernos de derecha y las fuerzas políticas alineadas con la nueva agenda ultra conservadora de Estados Unidos tienden a promover la inversión privada, la explotación de los recursos naturales, la minería, los hidrocarburos y la expansión agroindustrial.

El mundo rural se encuentra en el centro de esta disputa, que va mucho más allá de quién posee la tierra porque también implica definir para qué se utiliza, quién decide sobre su uso y quién recibe los beneficios derivados de su explotación. La expansión de la agroindustria, la ganadería extensiva y los proyectos minero-energéticos, en todo el continente, han profundizado los conflictos por la tierra, el agua y los territorios indígenas, campesinos y comunitarios.

La Amazonía se ha convertido en uno de los escenarios geopolíticos y ambientales más estratégicos. En los últimos años se han intensificado las actividades extractivas de la minería, el petróleo y el gas en Bolivia, Ecuador y Perú. En Brasil, durante el actual gobierno de Lula, la deforestación amazónica disminuyó considerablemente; sin embargo, persisten fuertes presiones derivadas de la expansión del agronegocio y de sectores que promueven una menor regulación ambiental.

En toda América Latina se ha incrementado también la violencia contra quienes defienden los territorios y los bienes comunes. En 2025, la región concentró un 85 % de los asesinatos de defensores ambientales y territoriales registrados en el mundo. Los pueblos indígenas, campesinos y comunidades afrodescendientes representaron más de tres cuartas partes de las víctimas. Colombia, Brasil y México estuvieron entre los países con mayor número de asesinatos.

América Latina enfrenta problemas estructurales relacionados con la crisis climática, la desigualdad rural, la concentración de la tierra y la histórica dependencia de la exportación de materias primas. Tanto gobiernos de derecha como los progresistas, han mantenido políticas extractivas de recursos naturales. En algunos gobiernos de derecha se han impulsado marcos jurídicos y políticas económicas orientados a facilitar la inversión privada, la explotación de estos recursos y la desregulación ambiental. Se han profundizado diversos conflictos socioambientales relacionados con el control y la apropiación de los territorios y de los bienes comunes —y la violencia y la represión contra sectores sociales marginados que reivindican derechos colectivos, defensa territorial, soberanía alimentaria y justicia climática.

El actual gobierno de Estados Unidos ha establecido una creciente convergencia política con varios gobiernos latinoamericanos de derecha. Esta convergencia se expresa en particular en la competencia geopolítica con China, en la seguridad, la migración, el comercio, la inversión y la lucha contra el —crimen organizado—. En varios de estos países se promueven políticas basadas en el nacionalismo, se endurecen las políticas migratorias, se reduce el papel del Estado, crece la liberalización económica, el conservadurismo cultural y las políticas de seguridad sustentadas en una fuerte presencia militar y policial.

Estados Unidos busca recuperar y fortalecer su influencia sobre los gobiernos latinoamericanos frente al creciente peso económico y político de China, y garantizar el acceso a recursos considerados estratégicos. La administración Trump ha colocado minerales críticos —como el litio, el cobre, el níquel y las tierras raras— en el centro de su política comercial y de seguridad nacional. América Latina posee importantes reservas de estos recursos, fundamentales para las industrias tecnológicas, los sistemas energéticos, los vehículos eléctricos, la infraestructura y los sectores vinculados con la defensa.

Trump también ha colocado el supuesto combate contra el narcotráfico en el centro de su política hemisférica. Esta orientación favorece a gobiernos que promueven políticas de —mano dura—, una mayor militarización de la seguridad y el fortalecimiento de las capacidades policiales y militares. La política migratoria estadounidense ha intensificado las deportaciones y los controles fronterizos, generando fuertes cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos por sus impactos sobre la población migrante.

En los países donde los gobiernos están reduciendo regulaciones ambientales y priorizando la inversión extractiva, se están profundizando los conflictos socioambientales relacionados con el acceso y control del agua y la tierra, la expansión del agronegocio frente a la agricultura familiar y comunitaria, la contaminación, la deforestación y el desplazamiento de comunidades.

La disputa por los territorios de los pueblos originarios y afrodescendientes latinoamericanos adquiere una dimensión estratégica. La competencia entre Estados Unidos y China por los recursos naturales, la transición energética, la expansión de la agroindustria, la minería y los proyectos de infraestructura están redefiniendo las relaciones de poder en el campo. La tendencia mayoritaria en los gobiernos latinoamericanos busca profundizar la extracción y exportación de materias primas. El desafío que tenemos como pueblos es cómo organizarnos y avanzar entra tantas amenazas hacia la autonomía, la justicia social y ambiental, la soberanía alimentaria y la afirmación de nuestros derechos territoriales.

Presentamos reportes desde algunos países de América Latina, que resienten las transformaciones abruptas que ocurren por los gobiernos de extrema derecha, como en Argentina, Colombia, Honduras y Costa Rica.

Alianza Biodiversidad

La consolidación del consenso de commodities: impactos y andamiaje legal del extractivismo en Argentina

Por Raquel Baratti [ 1 ] para la Asoc.Civil Salud Socioamabiental

¿Qué se entiende por consenso de commodities? El concepto fue acuñado por la socióloga Maristella Svampa a principios del 2010 para explicar cómo cambió de estrategia económica la región latinoamericana, pasando de las privatizaciones de los 90 a la explotación masiva de bienes comunes en los años 2000. Se pasó del ˝Consenso de Washington˝ (privatizaciones y desregulación de los mercados financieros siguiendo recetas neoliberales) a un ˝consenso de commodities˝, donde la prioridad ya no era la especulación financiera, sino la exportación a gran escala de materias primas (petróleo, gas, minerales como cobre, litio y productos del agronegocio: soja, trigo, maíz y carnes) impulsada por la enorme demanda de potencias emergentes como China. Svampa llama a esto consenso, debido a que fue adoptado por todos los gobiernos, sin importar el color político. El motor económico de fondo (extraer, exportar la naturaleza sin valor agregado y sin medir consecuencias) fue exactamente el mismo. Cada país adaptó la lógica extractivista al potencial que ofrecía cada territorio para ser explotado.

Sin escapar a esta lógica, durante las últimas tres décadas el perfil productivo de la Argentina sufrió una profunda mutación estructural, transformándose en uno de los principales laboratorios y enclaves del agronegocio transgénico global. Esta reconfiguración económica e institucional, prioriza de forma sistemática la acumulación corporativa y la mercantilización de la naturaleza por encima de la soberanía alimentaria, la salud pública y la preservación ecológica de las comunidades.

El hito fundamental del cambio estructural en Argentina se consolidó en 1996 con la introducción masiva de la Soja Transgénica Tolerante a Glifosato (Roundup Ready). Esto reconfiguró de raíz la dinámica rural, pasando de un sistema tradicional de rotación agrícola ganadera a un modelo basado en el monocultivo intensivo a gran escala. Esta transformación estructural productiva puede analizarse desde tres ejes principales:

Al mismo tiempo, dicha transformación pudo ser a nivel estructural, gracias a un andamiaje normativo diseñado para validar y blindar institucionalmente las operaciones corporativas, caracterizado por:

Esto respondió y responde a un diseño económico y legal imperante que prioriza un claro esquema de intereses, donde los principales beneficiarios económicos son:

Por lo tanto, la forma de producir del sector primario de la economía argentina (obtención de materias primas desde el extractivismo) responde a una estrategia impuesta como destino para los países subdesarrollados y puntualmente para Latinoamérica. La teoría sobre el consenso de commodities no es más que la cristalización de una lógica de saqueo sistemático sobre los bienes comunes en Argentina y de despojo de la salud de su población, amparado sistemáticamente por un andamiaje normativo cómplice que remata los territorios al mejor postor corporativo. Este modelo extractivista, promovido desde el Estado y benefactor del oligopolio transnacional, condena a las comunidades al desierto del monocultivo, la deforestación forzada y el envenenamiento de los pueblos fumigados. Urge romper las cadenas de esta dependencia colonial capitalista, para la cual todo es susceptible de ser transformado en mercancía: defender la tierra y la salud colectiva ya no es una alternativa, sino un deber ético, acto de resistencia y supervivencia frente al ecocidio.

Brasil: las transformaciones estructurales impuestas en esta nueva vuelta de la derecha

Conversación entre Leonardo Melgarejo (Movimento Ciência Cidadã), Jaqueline Andrade (Terra de Direitos) y Marciano Toledo da Silva (MPA/Via Campesina).

Como respuesta a hechos consumados —generados por la corrupción interna puesta al servicio de intereses transnacionales con el respaldo de los grandes medios corporativos— se están produciendo alteraciones en las bases legislativas y en los parámetros que sustentan la institucionalidad democrática.

Estos cambios estructurales avanzan en las instituciones públicas —mediante resoluciones y normas de rango inferior a la legislación, y terminan llegando a modificaciones de la Constitución Federal.

Son numerosos los ejemplos en este sentido.

En 2022, fue impulsado el programa “Transforma Embrapa” [ 5 ], que redirigió la producción de conocimiento público para atender los intereses del gran agronegocio, perjudicando la democratización del acceso y el apoyo a los pequeños y medianos agricultores.

Esto está provocando alteraciones en las percepciones y en el sentido común, que conducen a la naturalización de comportamientos y a la aceptación de una sensación de inevitabilidad respecto a las transformaciones pretendidas por grupos vinculados a intereses económicos internacionales. Las modificaciones legales promueven la destrucción de la estructura estatal de control técnico-científico y público, la desmoralización de las instituciones públicas y promueven el ascenso del neofascismo.

Estos cambios se legitiman estableciendo nuevas bases legales mediante las Modificaciones en la Ley de Bioseguridad, la nueva ley de agroquímicos y la nueva ley de bioinsumos (que admite utilización de edición genética em la generación de OVMs para remediar la degradación de la fertilidad del suelo o para el control de plagas y enfermedades). En términos generales, la flexibilización de las legislaciones ambientales conforman un marco legal permisivo y perjudicial para la economía pública del país y para los derechos de los agricultores.

La concentración de poder en las grandes corporaciones transnacionales de agronegocios (Syngenta, ahora bajo control de ChemChina; Monsanto, bajo control de Bayer; Dow Chemical y DuPont, ahora controladas por Corteva/AgroSciences...) abarca las semillas, los pesticidas y las conexiones con los sectores de maquinaria, fertilizantes y todo el nuevo ámbito del control de información digital, drones, bioinsumos y organismos —ya sean semillas, animales, hongos o bacterias— modificados o editados genéticamente.

Esto conlleva la financiación y el control de actividades desarrolladas en universidades públicas e institutos de investigación que sirven a los intereses de dichas empresas. Todo ello implica la canalización de recursos públicos y la concesión de facilidades legales, acompañadas del debilitamiento y desmantelamiento de los controles públicos.

Por consiguiente, el capital financiero que obtiene beneficios extraordinarios —vinculados al control de funciones estatales y a la privatización de áreas estratégicas como el medio ambiente, la producción de alimentos y la ciencia en todas sus dimensiones— ya no presenta actores individualizados cuya confrontación aislada permitiría recuperar la autonomía y la soberanía alimentaria de los pueblos.

El sistema en su conjunto está capturado por una lógica de producción destructiva, por lo que resultan sumamente necesarios todos los esfuerzos de comunicación, aclaración y concienciación social. En este contexto, se inscribe y destaca la contribución de la revista, la cual desempeña un papel singular, único y de enorme relevancia.

Regresa la extrema derecha a Colombia: ¿Hacia dónde van las políticas rurales y ambientales?

Por Germán Vélez (Grupo Semillas).

En 2026, Colombia experimenta un giro político que amenaza con revertir algunos de los avances alcanzados durante el gobierno anterior en materia de reforma agraria, protección ambiental y ordenamiento territorial alrededor del agua. Los cambios avanzan sobre bases legales y constitucionales, alterando las posibilidades de oposición lo que indica que está en marcha la imposición de un nuevo contrato social. El actual gobierno prioriza un modelo de desarrollo productivista y extractivo, orientado a atraer inversión privada, ampliar la producción agroindustrial y fortalecer la seguridad energética convencional, enfoques que generan impactos sobre los ecosistemas, los bienes comunes, los territorios de las comunidades rurales y sus medios de sustento.

Las medidas anunciadas por el gobierno apuntan cambios estructurales en la política rural, que flexibilizan las restricciones al uso del suelo y el agua rural, y facilitan la expansión de proyectos agroindustriales de gran escala, incluso en áreas sujetas a protección agrícola y ambiental. También se propone reorientar los incentivos financieros hacia medianos y grandes productores, promover tecnologías de punta y la digitalización de la producción.

En materia agraria, se suspendió las compras de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras y se reorienta la política de propiedad rural hacia la titulación de predios con explotación agroindustrial consolidada, lo que debilitará la reforma agraria y profundizará la concentración de la tierra. A ello se suman iniciativas legislativas que buscarían limitar los mecanismos de recuperación de tierras improductivas.

También preocupa que los programas de compras públicas agrícolas condicionará el apoyo estatal a que los pequeños productores se vinculen con cadenas de comercialización privadas. Con el reemplazo del concepto de campesino por el de pequeño empresario del campo, el Ministerio de Agricultura desconoce directamente la identidad cultural campesina, sus derechos colectivos y el rol fundamental de las formas de producción familiar y comunitaria.

El Ministro de Agricultura señala que el 70 % del área de agricultura en Colombia se hace con semillas no certificadas, o ˝semillas de costal˝ no legales, que se dice son ineficientes. Plantea que se va a corregir esta situación, para que en el país se usen sólo semillas legales con tecnología de punta (transgénicos y edición genética), especialmente en la Orinoquia, para fortalecer la producción agroindustrial de la cadena de maíz y soya. Para ello se está estableciendo acuerdos con el CIAT y con los gremios biotecnológicos.

Aunque Colombia cuenta con avances normativos en agricultura campesina, familiar, —étnica— y comunitaria, y también con una política pública de agroecología adoptada en 2025, persisten dificultades y obstáculos burocráticos para su implementación territorial. El nuevo ministerio de Agricultura no considera importante estos enfoques y busca suspender e invisibilizar los avances logrados en el país de la agricultura campesina y la producción agroecológica.

El presente gobierno plantea cambios en los enfoques de la política ambiental y ahora prioriza la ˝seguridad territorial˝, la producción de recursos naturales y la inversión, con un renovado énfasis en la exploración y explotación de hidrocarburos, la minería a gran escala y la flexibilización de las licencias ambientales. Este cambio de prioridades podría debilitar la transición energética y aumentar los riesgos para los ecosistemas estratégicos y las fuentes de agua.

La reducción de los recursos destinados al sector ambiental y el menor protagonismo de las organizaciones comunitarias, podrían limitar la capacidad institucional para enfrentar la deforestación, los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad. Se subordinan las estrategias de conservación a objetivos de seguridad y productividad, supeditada a la legalidad. Delitos como los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal son intervenidas por el Estado mediante el control coercitivo y militarización territorial.

También generan preocupación la reactivación de proyectos extractivos sin los debidos controles y evaluaciones de riesgos ambientales, la eventual utilización de técnicas como el fracking, el regreso de la fumigación aérea para controlar los cultivos de uso ilícito, la minería y los cambios en las medidas de protección de ecosistemas como los páramos. Estas decisiones podrían intensificar los conflictos socioambientales y afectar los derechos de las comunidades sobre sus territorios.

Por otra parte, la nueva regulación de los mercados de carbono plantea el desafío de garantizar la integridad de los créditos y la verificación de las reducciones de emisiones y que se evite que los mecanismos de compensación se conviertan en instrumentos que permitan eludir compromisos ambientales efectivos y terminen legitimando falsas soluciones frente a la crisis climática.

Resulta fundamental entonces que el Estado sitúe la justicia social, la protección de los territorios y la sostenibilidad ambiental en el centro de las decisiones públicas. Las organizaciones sociales campesinas y los pueblos originarios y afrodescendientes tienen importantes retos y desafíos, puesto que deben reconstruir y fortalecer alianzas, articulaciones y agendas políticas comunes, que busquen la protección y defensa de ecosistemas estratégicos, de territorios comunitarios y de los bienes comunes como el agua, la tierra, la biodiversidad, las semillas y los saberes comunitarios. Igualmente se debe fortalecer la producción agroecológica y las técnicas que permitan garantizar los medios de sustento y la soberanía alimentaria de las comunidades.

Honduras: del conflicto agrario a la criminalización de los territorios

Por ANAFAE.

Desde la llegada del gobierno de Nasry Asfura, en enero de 2026, Honduras experimenta cambios sustantivos en la forma en que el Estado aborda la tierra, la inversión, el ambiente y los conflictos territoriales. No estamos solamente ante una sucesión de leyes o medidas administrativas. Lo que comienza a configurarse es una nueva arquitectura de poder que coloca la seguridad jurídica de las inversiones, la propiedad registrada y la expansión de determinados sectores económicos por encima de derechos históricamente reclamados por comunidades campesinas, indígenas y garífunas.

Para ANAFAE, uno de los cambios más preocupantes consiste en el progresivo traslado de la cuestión agraria hacia el ámbito penal y policial. Conflictos históricos originados en la concentración de la tierra, la falta de acceso a ella, la recuperación de tierras reformadas, la ausencia de titulación colectiva o la defensa de territorios ancestrales comienzan a ser tratados crecientemente como problemas de —usurpación—, ocupación ilegal, bloqueos o alteración del orden público.

La pieza jurídica más evidente de este cambio es el Decreto 107-2026, denominado Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas. Esta legislación declara —inafectables— determinadas tierras dedicadas a esas actividades, aun frente a procesos de reforma agraria; establece tratamientos administrativos prioritarios y fortalece la intervención estatal frente a ocupaciones, tomas y bloqueos.

Los desalojos se están produciendo. El 6 de agosto de 2026, más de 200 policías desalojaron a 86 familias campesinas de El Tulito, Choluteca. Muchas de ellas habían habitado y trabajado esas tierras durante décadas. El desalojo no puso fin al conflicto: trasladó a las familias fuera del territorio y mantuvo sobre ellas la persecución judicial.

En San Juan, Tela, ocurrió otro hecho, cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña —OFRANEH— fueron detenidos durante un operativo policial y enfrentan procesos por usurpación agravada por defender territorio ancestral garífuna. Esto ocurre a pesar de que Honduras ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos que reconocen derechos territoriales del pueblo garífuna. En septiembre, habitantes garífunas de Cayos Cochinos enfrentaban una orden de desalojo y once personas habían sido acusadas penalmente de usurpación después de protestar pacíficamente en defensa de su territorio ancestral, pese a existir también una sentencia de la Corte Interamericana favorable a esa comunidad.

Esta criminalización tiene especial importancia para quienes defienden el agua, los bosques, la tierra y los bienes naturales. Honduras conoce demasiado bien las consecuencias de estigmatizar a las personas defensoras. El caso de Guapinol y San Pedro sigue siendo emblemático. Durante años, sus comunidades han defendido sus ríos y el Parque Nacional Carlos Escaleras frente a proyectos extractivos. Sus integrantes han sufrido judicialización, cárcel, amenazas y asesinatos.

El peligro actual consiste en que este patrón encuentre nuevos instrumentos legales. Las reformas de 2021 endurecieron el delito de usurpación y facilitaron desalojos preventivos. En 2026 se sumaron nuevas reformas penales vinculadas con crimen organizado, interceptación de comunicaciones y ˝asociación terrorista˝.

Al mismo tiempo que se fortalece la protección jurídica de determinadas actividades productivas, el gobierno está acelerando los procedimientos administrativos requeridos por las inversiones. En marzo de 2026, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente —SERNA— y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés acordaron agilizar las licencias ambientales para ˝destrabar inversiones˝ en la zona norte.

Durante los primeros seis meses del gobierno habían habilitado inversiones superiores a 20 mil millones de lempiras. La institucionalidad ambiental está siendo organizada para acelerar proyectos de inversión. El gobierno de Asfura está construyendo condiciones políticas especialmente favorables para la agroindustria y para capitales nacionales e internacionales vinculados con energía, turismo, infraestructura, minería y otras actividades intensivas en territorio y bienes naturales.

Mientras se fortalecen garantías para la inversión, la agroindustria y la propiedad empresarial registrada, no observamos un esfuerzo semejante para garantizar el acceso campesino a la tierra, proteger las semillas nativas y criollas, fortalecer la agroecología, resolver la inseguridad jurídica de comunidades históricas o asegurar plenamente los territorios indígenas y garífunas. El Estado actúa como policía frente a quienes ocupan o recuperan tierras, pero como facilitador cuando una inversión requiere licencias, infraestructura, seguridad jurídica o reducción de tiempos administrativos.

Para ANAFAE, el Estado hondureño no puede actuar solamente como garante de la propiedad y de las inversiones. Ante todo, debería ser garante de derechos humanos. Tiene obligaciones frente a campesinos y campesinas, pueblos indígenas, comunidades garífunas y personas defensoras del ambiente. Debe garantizar el derecho a la tierra, al agua, a la alimentación, a un ambiente sano, a la participación y a defender derechos sin sufrir persecución. Las consecuencias pueden ir todavía más lejos. La acumulación de desalojos, procesos judiciales, disputas territoriales, proyectos extractivos y respuestas policiales está incrementando la polarización en varias regiones rurales.

Una familia que ha cultivado una tierra durante treinta, cuarenta o sesenta años y es expulsada mediante centenares de policías no interpreta el problema únicamente como una controversia jurídica. Para ella significa perder vivienda, producción, alimentos, historia comunitaria y medios de vida. Cuando, además, después del desalojo continúa enfrentando cargos penales, la posibilidad de encontrar soluciones negociadas disminuye.

Honduras debería prestar atención a este proceso antes de que los conflictos sean irreversibles. Si el espacio de la negociación agraria se reduce, si las organizaciones territoriales son tratadas crecientemente como amenazas al orden público y si los instrumentos penales sustituyen al diálogo político, pueden generarse nuevas expresiones de confrontación y violencia en el campo. Lo que está en juego, por tanto, es mucho más que una discusión jurídica sobre propiedad. Se disputa qué agricultura, qué territorios y qué relación con la naturaleza serán protegidos por el Estado hondureño.

Para ANAFAE, defender la biodiversidad significa defender a quienes la sostienen: las comunidades que conservan semillas criollas y nativas; los pueblos que protegen bosques y fuentes de agua; las familias campesinas que producen alimentos; las comunidades indígenas y garífunas que mantienen territorios colectivos, y las organizaciones que se enfrentan a proyectos que consideran destructivos para sus bienes naturales. Un modelo que facilita las inversiones, pero dificulta la defensa de los territorios, que protege con rapidez la propiedad empresarial, pero responde con policías y fiscales a conflictos históricos de tierra, corre el riesgo de profundizar las desigualdades que durante décadas han alimentado la conflictividad rural hondureña.

Costa Rica: el afianzamiento de la ultraderecha y los sectores evangélicos en el Poder Ejecutivo y Legislativo

Por Red de Coordinación en Biodiversidad.

La educación pública, la salud, y la seguridad ha sido los sectores más atacados por la administración heredera de la administración de Rodrigo Chaves, quien al dejar la presidencia fue nombrado por Laura Fernández como ministro de la Presidencia y de Hacienda, así evadiendo más de cincuenta causas judiciales pendientes en su contra debido a diversas irregularidades durante su presidencia entre mayo del 2022 y mayo del 2026.

Su principal impacto ha sido en dominar la narrativa y la agenda informativa, aumentando la polarización, la violencia política y ataques constantes a opositores y movimientos sociales.

En medio de este clima de crispación el gobierno de ultraderecha y evangélico, se han erosionado los controles fronterizos y marítimos contra el narcotráfico. El gobierno de Laura Fernández ha sido señalado en múltiples ocasiones por tener relaciones con personas acusadas de lavado y tráfico internacional de drogas.

Se han recortado presupuestos de los sectores ambientales, de seguridad, educación y sobre todo de salud. El país sufre una grave crisis en materia de seguridad social pese a la supuesta estabilidad económica que se goza. En las administraciones ultras se ha caído la recaudación fiscal y se han redireccionado fondos para ser utilizados en publicidad gubernamental y se han priorizado contrataciones de empresas cercanas al poder.

Destaca además un ataque frontal por parte del gobierno ultra y su caja de resonancia en redes sociales contra la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial, la Corte Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Plena y Poder Judicial en su conjunto. El anterior gobierno de Rodrigo Chaves y el actual de Laura Fernández han articulado diversos ataques y recortes presupuestarios contra el único poder del Estado que no se encuentra su bajo control.

Los procesos de reforma impulsados por esta alianza de ultraderecha y evangélica han topado con la pared con del sistema institucional, judicial y la división de poderes. Su agenda conservadora, privatizadora, represiva y autoritaria se ha visto en problemas a la hora de enfrentarse al aparato jurídico-institucional que resguarda disposiciones y principios de la Constitución política. Las reformas que ha logrado pasar las han desarrollado por medio de decretos ejecutivos y disposiciones administrativas, pero su objetivo es dominar por completo el aparato estatal y destruir el estado social de derecho.

Eso en parte explica la pugna contra el poder judicial, pero no hay que dejar de lado que la gran mayoría de autoridades de gobierno ultra tienen cuentas pendientes con la justicia debido a irregularidades durante estos años de gobierno y se sirven de la inmunidad que les da sus cargos como altos jerarcas para evitar que estos procesos, en algunos casos penales, avancen.

En materia ambiental y socioambiental, la extrema derecha ha logrado incrementar los niveles de contaminación con agroquímicos tolerados en el agua para consumo humano, han abandonado las Áreas Silvestres Protegidas y destruido los sistemas de control y protección de los ecosistemas. Han logrado desregularizar y dar permisos a toda clase de megaproyectos extractivos y contaminantes. Los capitales provenientes del narcotráfico encuentran en todas estas desregulaciones, oportunidades importantes para el lavado de activos. Este fenómeno avanza con fuerza y se lleva con ello los no pocos méritos ambientales que el país tenía y que hoy están al menos en tela de duda o en amenaza directa.

En el plano productivo este gobierno ha sacrificado sectores enteros de producción agrícola dedicados a la siembra de granos básicos, hortalizas, lácteos y demás actores de la soberanía alimentaria. Esto hace que el país hoy en día sea mucho más vulnerable a las crisis globales de abastecimiento y transporte en el contexto de conflictos armados crecientes.

Sectores transnacionales vinculados a la energía, las telecomunicaciones, la alimentación y el sector farmacéutico ha sido los más beneficiados de la gestión del gobierno de externa derecha que gobierna Costa Rica.

Notas:

[ 1 ] Lic. en Relaciones Internacionales

[ 2 ] Las variedades «piramidadas» acumulan una superposición de transgenes y, por tanto, de las características asociadas a ellos. Éstas son las «nuevas» generaciones de semillas transgénicas que acumulan tolerancia simultánea a diferentes combinaciones de herbicidas. En este caso, no se trata sólo de ampliar el uso de un herbicida, sino de su multiplicación combinada mediante diversas mezclas de glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D, dicamba, isoxaflutol... esto no sólo induce a los agricultores a aumentar entre 4 y 5 veces el uso por metro cuadrado, sino que también provoca la aplicación de diferentes mezclas de agroquímicos en caldos tóxicos sobre los cuales no existen estudios de peligrosidad.

[ 3 ] Véase MUA, Cíntia Teresinha Burhalde; Melgarejo Leonardo (org.). Nova Lei de Agrotóxicos: diálogo entre juristas e cientistas. 1. ed. Londrina: Editora Thoth, 2026. 326 p. ISBN 978-65-5113-674-0.

[ 4 ] La edición genética implica una alteración del genoma sin la inclusión de características exógenas. Los genes y sus funcionalidades —sujetos a modificaciones como inserción, deleción o alteración— ya están presentes en la base genética de los organismos modificados. Consulte:  https://www.biodiversidadla.org/Edicion-genica-en-America-Latina-peligros-trampas-y-problemase https://br.boell.org/pt-br/2021/08/04/nuevas-biotecnologias-viejos-agrotoxicos-un-modelo-insostenible-que-avanza-y-requiere-de.

[ 5 ] La Agencia Brasileña de Cooperación.

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Fuente: Revista Biodiversidad, sustento y culturas #130