CIPOAP convoca a asamblea para tomar acción frente a la minería; organizaciones exigen garantías para Javier Fernández
La Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP) prepara una asamblea para definir acciones frente a la minería aurífera ilegal, informó su presidente Javier Fernández Tuno. Entre tanto, casi una veintena de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de derechos humanos exigieron, a través de un pronunciamiento conjunto, garantías para el principal dirigente y para su familia.
La pasada semana, el líder indígena recibió amenazas de muerte vinculadas a las acciones que asumió contra esta actividad en el norte amazónico, que afecta a las comunidades indígenas del río Madre de Dios. Al respecto, Fernández Tuno informó que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, donde espera una respuesta. “Se ha pedido que se pueda investigar”, explicó.
Respecto a la situación de la minería en su región, el dirigente anunció que las organizaciones indígenas se reunirán nuevamente en el territorio. “Estamos convocando una asamblea nuevamente para el 8 y 9 de noviembre. Ahí vamos a tomar nuevas decisiones en cuanto al tema, y tomaremos acciones también”, anunció debido a que la situación es preocupante en la región.
Pronunciamiento de organizaciones
La defensa del río Madre de Dios frente a la minería aurífera ilegal sumó el respaldo de organizaciones e instituciones que, a través de un comunicado conjunto, advirtieron sobre los riesgos que enfrentan los dirigentes indígenas que denuncian la contaminación y promueven acciones legales para proteger sus territorios.
El documento señala que las amenazas no son hechos aislados, sino que responden a un patrón de amedrentamiento que busca debilitar la organización indígena e impedir que las comunidades ejerzan su derecho a defender sus territorios y medios de vida.
Entre las demandas planteadas están la protección inmediata del dirigente y su familia, la investigación imparcial de las amenazas y la sanción a los responsables. También se exige al Tribunal Agroambiental garantizar el cumplimiento de las medidas precautorias dispuestas para frenar las actividades mineras ilegales en el río Madre de Dios.
“Recordamos que la labor que realizan las autoridades y organizaciones indígenas en defensa de sus territorios, ríos y biodiversidad, constituye una actividad legítima protegida por la Constitución Política del Estado, los instrumentos internacionales de derechos humanos y el Acuerdo de Escazú, el cual establece obligaciones específicas por parte del Estado y sus instituciones competentes para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales”, destaca el pronunciamiento.
Cuenta con la adhesión de APCOB, AYNISUYU, CEDIB, TIERRA, CEJIS, CIPCA, CISEP, Colectivo CASA, FORMASOL, Fundación AGRECOL Andes, Fundación Centro Arakuaarenda, Fundación COMPA, Fundación Solón, IpDH, IPDRS, PRODIASUR, Red PCCS, REPAM y el Vicariato Apostólico de Pando.
Las organizaciones también expresaron su solidaridad con la dirigencia de la CIPOAP, de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y de las organizaciones del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM - II), “quienes sufren día a día la afectación del mercurio por la minería aurífera en el río Madre de Dios”.
El dirigente agradeció el apoyo que ha recibido de diversas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos y la Confederación Nacional.
Fuente: Fundación Tierra
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