Comunidades de Puebla denuncian presiones empresariales para imponer hidroeléctrica para Walmart

En primera instancia, dichos operadores, identificados como “los coyones”, principales promotores de la empresa, denunciaron a todo el personal municipal por dichas revocaciones a través de un juicio de amparo que sería resuelto el 29 de octubre y que se pospuso para noviembre.

En dicho juicio de amparo se argumentó que las decisiones de las autoridades municipales de Ahuacatlán violentaban los derechos humanos de la empresa.

Posteriormente, en agosto, uno de estos operadores se presentó al ayuntamiento de Ahuacatlán para amenazar a las autoridades y exigir que desistieran su revocación contra la empresa o se arrepentirían.

El Consejo Tiyat Tlali y pueblos nahuas y totonacos de la Sierra Norte de Puebla alertaron del clima de tensión que la empresa ha generado y reconocieron la actuación de las autoridades municipales para garantizar y proteger los derechos al territorio, al agua, al medio ambiente sano y a la autonomía.

Señalaron que, si las sentencias judiciales reconocen sus derechos como pueblos indígenas disminuirá el clima de tensión, en cambio, si el fallo es favorable a la empresa “las consecuencias por la violencia y confrontación que se podrían generar en la Sierra Norte podrían ser desastrosas”.

A pesar de que el proyecto Deselec 1-Comexhidro cuenta con permisos federales no puede construirse pues no tiene el aval ni permisos de las autoridades municipales. La hidroeléctrica tiene una concesión de 350 millones de metros cúbicos de agua del río Ajajalpan en beneficio de Walmart, Waldos, Vips y Suburbia.

Publicado originalmente en  La Coperacha

Fuente: Desinformémonos