“Cuaderno de la contaminación”: Vaca Muerta y el negocio de los basureros petroleros
Mientras hay riesgo de que se cierre la causa, Canal Abierto tuvo acceso a las anotaciones que llevaba el dueño de COMARSA sobre las maniobras ilegales que le imputan. El “pedido de cobertura” a Sapag. ¿Vínculos con “Rolo” Figueroa y el fiscal general de Neuquén?
La “causa COMARSA”, que investiga los negociados y la contaminación que producía esa empresa con los basureros petroleros de Vaca Muerta, se encuentra en un momento crítico. En este momento, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén debe decidir si la manda a juicio oral o si, como piden las defensas, la cierra sin condenas con una “probation”. Lo más escandaloso es que la decisión se puede tomar dejando afuera una prueba reveladora: el “cuaderno de la contaminación”, en el que el empresario Juan Manuel Luis anotaba las maniobras ilegales de las que se lo acusa.
En la copia digital a la que Canal Abierto tuvo acceso en exclusiva, que ya fue convalidada por una perito calígrafa de la Justicia de Neuquén, el dueño de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA) hace referencia a maniobras para evitar riesgos judiciales, medidas para cubrirse de los delitos y ocultar el pasivo ambiental de la Planta Industrial Neuquén. Cita estrategias financieras y administrativas para salir a flote de un “negoción” que podría dar con sus huesos en la cárcel.
También, revela presuntos vínculos con gobernadores, funcionarios y hasta con el fiscal general de la provincia.
Breve racconto (bajo toneladas de basura del fracking)
Planta de COMARSA a metros de los suburbios de la ciudad de Neuquén.
COMARSA se instaló en 2014 en un predio cedido por la provincia en el Parque Industrial Neuquén para disponer allí un “basurero del fracking”. En el lugar acumularon miles de metros cúbicos de material de descarte proveniente de las perforaciones de Vaca Muerta a cielo abierto, sin ningún tratamiento y sobre suelo sin impermeabilización.
La causa se inició en 2020 a raíz de la denuncia penal por contaminación ambiental contra la empresa presentada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la cual participan como querellantes. El caso (Nro. 178123/2020) investiga la acumulación ilegal de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la explotación petrolera y gasífera de Vaca Muerta en una planta ubicada en el Parque Industrial Neuquén Oeste, a escasos metros de barrios del ejido urbano de la capital provincial, provocando contaminación del suelo, del aire y riesgo directo para la salud de la población.
La demanda recogía la inquietud de sectores sociales como la Confederación Mapuche de Neuquén y otros colectivos que vienen luchando contra el fracking y sus consecuencias en una provincia que se ha convertido en zona de sacrificio. Una vez más.
A ese hecho, se suman maniobras de administración fraudulenta para sostener el negocio de los residuos petroleros sin realizarles un mínimo tratamiento, cargos que, recientemente, el juez de Garantías Juan Manuel Kees desestimó, dictando el sobreseimiento parcial de los tres imputados.
El 15 de febrero de 2024, luego de la instrucción de la causa, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, acusó al dueño y los dos exdirectivos de la firma por el delito de contaminación peligrosa para la salud pública por el acopio de material contaminante sin tratar, no sólo en su predio, sino que depositó grandes cantidades de desechos tóxicos en tierras lindantes que no eran de su propiedad. Para llevar adelante la maniobra, COMARSA entregaba certificados de tierras tratadas sin haber realizado la tarea de descontaminación, de este modo continuaba recibiendo residuos de las petroleras para su tratamiento. Los imputados son Juan Manuel Luis (JML), fundador y director de la empresa; Héctor Basilotta, director suplente entre abril de 2014 y enero de 2021; y Federico Ponce, gerente general y responsable técnico de la firma entre 2013 y septiembre de 2016.
El juez de Garantías Lucas Yancarelli otorgó en marzo de 2026 la probation, con la oposición de la fiscalía y las querellas. En abril, el Tribunal de Impugnación revisó la causa, revocó la decisión del magistrado y resolvió reponer el juicio oral y público.
En este momento, la causa se encuentra en un punto crítico, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén resuelva el comienzo del juicio oral o si acepta la apelación de las defensas que insisten con la suspensión del juicio a prueba (probation), una herramienta legal que frena el proceso penal, evita el juicio oral y cierra la causa sin condena: sin culpables.
Tras seis años, con abundante prueba sustanciada y el hallazgo del cuaderno donde, de puño y letra, el imputado JML describe las actividades que se le imputan, sería una burla al pueblo neuquino “resolver” el conflicto con un juicio abreviado teniendo en cuenta la enorme relevancia ambiental y social del caso.
“El caso COMARSA no es uno más. Es un leading case en materia de persecución penal de la dimensión económica de los delitos ambientales. Quien contamina lo hace, casi siempre, para reducir costos y así generar ganancias económicas. Se trata de verdaderos mercados ilegales, donde empresas y personas intercambian bienes o servicios —en este caso, el servicio de tratamiento de residuos peligrosos— al margen de la ley, generando ganancias ilícitas”, sostiene Julián Alfie, director Ejecutivo del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), amicus curiae de la querella junto con la la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El cuaderno
El cuaderno fue secuestrado en el domicilio de Juan Manuel Luis, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de un allanamiento ordenado por el tribunal. El material fue sometido a una pericia caligráfica a cargo de María Agustina Lázaro, solicitada por la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, que determinó la autenticidad de la autoría de JML. Este medio tuvo acceso a una copia digital en formato PDF del contenido de dicho material.
En el mismo, JML menciona personas con sus nombres y apellidos, apodos o iniciales; empresas y organismos; vínculos y relaciones entre estos actores; describe acciones y hechos vinculados a la actividad de la compañía y movimientos financieros. También hace referencia a maniobras para evitar riesgos judiciales y medidas para cubrirse de los delitos y paliar el pasivo ambiental de la Planta Industrial Neuquén (PIN).
Hacete amigo del fiscal: “Pedir cobertura”
En una de las tantas anotaciones del cuaderno, se describe la “Estrategia COMARSA”. En la misma se hace referencia a Gerez (Fiscal General de Neuquén José Ignacio Gerez). El texto dice:
Facsimil del cuaderno, destacados en amarillo nuestros.
“Acciones a Tomar”
“• Gestionar el frente judicial. Retrasar o que descarten presentación de cargos. En 2 años prescribe, si se presentan cargos se reinicia el plazo (Habló con Gerez)”.
Este texto demuestra que JML planificó incidir en la causa judicial, mediante contactos con la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal neuquino.
El punto siguiente en el cuadro nombra al actual gobernador Rolando “Rolo” Figueroa y a su antecesor, Jorge Augusto Sapag (señalado en el texto como JAS).
“• Pedir cobertura a JAS, va a ser un punto donde el nuevo gobierno pegue. Hay que ser ordenados. Rolo piensa que hay algo del MPN (Gaido [Mariano Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén] lo puso en escena con el tema del estadio)”.
En una sola hoja se menciona a dos gobernadores, con los que se infiere una relación, y un intendente.
En la misma página, en la columna del cuadro bajo el título “Propuestas para pensar”, el tercer punto dice:
“• Si hay que poner plata, que al menos tenga un fin (y un final). Pedir y hacer relleno y salir del negocio con todo limpio y posición competitiva (caso Treater, pusieron mucho en la campaña, perdieron plata por mucho tiempo y le dieron la chapa a Veolia, pero ahora están firmes).
Treater es otra empresa de supuesto tratamiento de residuos con sede en Añelo, y Veolia de tratamiento de aguas y residuos industriales. La campaña, suponemos, es la del MPN o su versión 2023, con Rolando Figueroa a la cabeza del Frente Neuquinizate que derrotó al MPN desde adentro.
“Evitar el dolo”
Otra página sugestiva ofrece elementos que permiten identificar una eventual simulación.
En la imagen se lee:
“la figura de achique tiene que tener la apariencia de que estamos en condiciones de cumplir con los planes de remediación. Planes de ficción. (De este párrafo dale una flecha a la siguiente anotación)
APARIENCIA DE QUE VAMOS A ESTAR CUMPLIMIENDO. EVITAR DOLO. APORTES PERSONALES MÍOS. NO CONVIENE CAMBIAR PRESIDENTE”.
Recordemos al lector la definición de la RAE para la palabra “dolo”: “Engaño, fraude, simulación. – Voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. – En los actos jurídicos, voluntad maliciosa de engañar a alguien, de causar un daño o de incumplir una obligación contraída.”
J.M.L. sabía “conscientemente” que caminaba por la cornisa del ilícito y traza una estrategia de “simulación” para seguir adelante con el negocio y la “ficción” de los “planes de remediación”.
Luego, la siguiente página aclara aún más la nota previa:
“Plan de verdad, plan de ficción.
Motivos para darle un marco institucional. Todo destrabado. Cual es la instancia.”
Un “plan” para tapar la realidad
Además de los cuadernos, Canal Abierto tuvo acceso a dos documentos clave que respaldan la validez de la prueba. Por un lado, la mencionada pericia caligráfica realizada por una perita pública de Neuquén, y, por otro, el Informe Experto realizado por Pedro Biscay, quien se dedica a analizar organizaciones criminales desde un enfoque financiero.
Allí, el abogado, docente y titular del CIPCE, quien ha aportado como consultor en causas en distintos países y organismos internacionales como la OEA, la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pedido de la querella de la AAdeAA, indaga en tres cuestiones centrales:
- 1. Si las anotaciones de Juan Manuel Luis dan cuenta de que tenía conocimiento y control sobre los hechos ilícitos, “específicamente en relación con el pasivo ambiental en PIN y las estrategias de encubrimiento».
- 2. Establece la relación entre las personas físicas y jurídicas mencionadas con los hechos que se investigan.
- 3. Analiza la información contable y financiera subyacente a las anotaciones (e.g., costos de saneamiento, pasivos, dividendos, pagos de honorarios y cancelación de deudas) para demostrar cómo las decisiones registradas en el cuaderno se tradujeron en maniobras de administración fraudulenta y/o en el desvío de recursos.
El informe elaborado para la parte acusadora concluye que es posible inferir que hubo un plan, con distintas etapas, “que habría incluido una diagramación financiera y una ingeniería societaria y de control, siempre en torno a los asuntos ‘pasivo PIN’ y ‘pasivo PIA’” (Planta Industrial Añelo).
“Además, un eje central que aparece en el cuaderno, es la referencia a una doble lógica de realidad y apariencia que, permite inferir que la elaboración de una solución a “PIN y “PIA” podría haberse articulado mediante simulaciones”.
“Como parte de esa ideación las notas dejan entrever la configuración de un sistema de relaciones y acuerdos entre diferentes personas ligadas, algunas al mundo empresarial y, otras a la esfera política”.
Por último, “destaca que, a lo largo de las notas, se identifican menciones reiteradas a aspectos vinculados con ‘riesgos reputacionales o legales’ que, integrados lógicamente al resto del contenido del cuaderno, permiten realizar inferencias relativas a la conciencia de ilicitud sobre los actos propios”.
¿Puede la justicia neuquina tapar esto con un juicio a prueba?
Este video es del 2020, cuando iniciaba la Causa Comarsa, con el abogado de la querella Rafael Colombo.
Fuente: Canal Abierto
