Cómo el uso del arbitraje internacional por First Quantum Minerals y sus inversionistas erosionan la soberanía panameña

La respuesta del Estado frente a las protestas fue la represión y detención arbitraria de activistas, personas heridas y fallecidas, además de la criminalización de la protesta social. Finalmente, la movilización salió victoriosa. En noviembre del mismo año, la Corte Suprema determinó que el nuevo contrato de la empresa Minera Panamá era inconstitucional. Como consecuencia, el contrato fue derogado y posteriormente se aprobó una moratoria minera. 

First Quantum Minerals y algunos de sus inversionistas recurrieron entonces al mecanismo de solución de controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), para demandar a Panamá por no poder continuar con la explotación de la mina. First Quantum presentó una demanda por 20,000 millones de dólares; la canadiense Franco-Nevada presentó otra demanda por 5 000 millones de dólares; y la surcoreana Komir presentó una última demanda por 747 millones. Estas reclamaciones fueron planteadas principalmente en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Panamá, y el TLC entre Corea del Sur y Centroamérica. 

Estas exorbitantes exigencias se constituyeron en herramientas de presión para retomar las conversaciones con la administración del presidente José Raúl Mulino, quien desde el principio se mostró abierto a negociar con las mineras. Como resultado de ello, en 2025 las demandas fueron suspendidas, aunque no terminadas, por lo que pueden reactivarse en cualquier momento a petición de las mineras. 

En el contexto de estas negociaciones, el gobierno de Mulino, que nunca estuvo entusiasmado con un eventual cierre de la mina, impulsó una auditoría sobre la operación. La auditoría terminó en junio de 2026. Posteriormente, el presidente convocó a una comisión integrada por tres ministerios, de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente, para que analizaran el informe final de la auditoría y realizaran recomendaciones, algo que ocurrió el 30 de septiembre de 2026. 

El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería ha  cuestionado varios aspectos acerca de la auditoría, relacionadas principalmente con  faltas graves en la metodología, la  falta de integralidad e independencia, además de la ausencia total de participación ciudadana. 

El Movimiento también ha  cuestionado públicamente las recomendaciones de la comisión interministerial respecto del proyecto minero, debido a que en esencia  propone una reactivación disfrazada de la mina. 

Esta ha sido justamente la preocupación de las organizaciones sociales de Panamá, de que la auditoría y las demandas de arbitraje ISDS en contra del país sean los mecanismos de legitimación y presión en la negociación entre el gobierno y las empresas mineras, para que se les permita nuevamente operar la mina. 

Una sentencia judicial soberana frente al poder de las transnacionales

El conflicto por la mina Cobre Panamá no terminó con la declaración de inconstitucionalidad del contrato minero en noviembre de 2023. La decisión de la Corte Suprema de Justicia y la posterior aprobación de una moratoria minera parecían establecer un límite a la continuidad del proyecto. No obstante, la disputa se trasladó a otro terreno: el de los arbitrajes internacionales, donde las empresas pueden reclamar compensaciones económicas multimillonarias al Estado cuando consideran que las decisiones públicas perjudican sus inversiones.

Las demandas en contra de Panamá sitúan al Estado ante una presión financiera de enorme magnitud. La cuestión no consiste únicamente en determinar si las empresas tienen el “derecho” a recibir una compensación. La amenaza de una indemnización multimillonaria puede influir sobre las decisiones soberanas de un estado y de sus instituciones, incluso cuando estas responden a una sentencia judicial de una instancia como la Corte Suprema de Justicia, a obligaciones ambientales, y a demandas sociales y comunitarias legítimas.

Con el mecanismo ISDS, se ponen en duda las decisiones soberanas relacionadas con la regulación ambiental, las concesiones y el interés público, y pueden convertirse en objeto de millonarias disputas económicas internacionales.

El poder de este instrumento no reside necesariamente en que una empresa pueda ordenar directamente al Estado que cambie una ley o reabra una mina. Su capacidad de presión es indirecta, pero potencialmente profunda. Una reclamación de miles de millones de dólares puede alterar literalmente las decisiones políticas de un estado y de sus instituciones, haciendo que dichas decisiones parezcan demasiado costosas. Este es el “efecto disuasorio” o “efecto congelador” que producen estas demandas, y que benefician a las empresas, muchas de las cuales buscan en realidad continuar con sus negocios en el país al cual demandan.   

En el caso panameño, la preocupación central es que la posibilidad de afrontar esas reclamaciones termine condicionando el cumplimiento de la sentencia constitucional de 2023 y la aplicación de la moratoria minera.

Suspender los arbitrajes no significa retirarlos

Uno de los puntos más preocupantes para Lilian Guevara, directora del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y parte del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, es la falta de información pública sobre el estado de las demandas y las conversaciones entre el Gobierno y las compañías mineras.

Según explica, el gobierno del presidente José Raúl Mulino presentó como un logro la suspensión de los arbitrajes por parte de First Quantum y los otros demandantes. Sin embargo, la suspensión no equivale a su terminación. 

“Allí no fueron muy claros con la población, porque en realidad los arbitrajes fueron suspendidos, pero no retirados. Siguen su curso formal, incluso ya tienen comités de árbitros definidos”, señala Guevara. 

La diferencia es fundamental. Una reclamación suspendida no desaparece. Mientras no exista una terminación efectiva, el procedimiento puede reactivarse. Esto significa que la presión sobre Panamá no ha quedado necesariamente resuelta. Por el contrario, la permanencia de las reclamaciones puede moldear cada decisión gubernamental sobre el futuro de la mina.

Lilian Guevara plantea una pregunta que resume el problema político: “¿Qué se quiere dialogar o negociar? ¿Qué es eso que el gobierno está dialogando con la empresa, por lo que se dio lugar a la suspensión de los arbitrajes?”. 

La interrogante adquiere especial relevancia por la falta de transparencia. Como señala Guevara:“la población no sabe lo que están negociando a sus espaldas, predomina un gran hermetismo. Hasta ahora el gobierno no le ha informado a la ciudadanía sobre el proceso ni la defensa jurídica del estado panameño”.

¿Quién decide: La Corte, el Gobierno o los tribunales arbitrales? 

El conflicto plantea una tensión entre distintos ámbitos de decisión. Por una parte, la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato minero el 2023. Por otra, las empresas han recurrido a mecanismos internacionales para reclamar compensaciones por las consecuencias de no poder continuar sus operaciones.

El hecho de que exista un arbitraje no anula automáticamente la sentencia nacional ni autoriza por sí mismo la reapertura de la mina. Sin embargo, ambos procesos pueden cruzarse políticamente cuando el Estado debe decidir cómo cumplir sus obligaciones ambientales y constitucionales mientras enfrenta reclamaciones económicas de inversionistas extranjeros. Es precisamente en esa intersección donde aparece el problema de la soberanía.

Si un gobierno comienza a tratar una decisión judicial como económicamente inviable debido a las reclamaciones de una empresa, el arbitraje adquiere una capacidad de influencia importante sobre la capacidad de regular del propio Estado. 

Lilian Guevara considera que Panamá debe defender sus competencias constitucionales y ambientales sin permitir que la amenaza arbitral determine sus decisiones: “Consideramos que el gobierno tiene que ejercer la facultad del estado para proteger y garantizar los derechos humanos y la protección del ambiente, el derecho a un ambiente sano. Debe cumplir con su deber constitucional y debe garantizar la protección del ambiente como un bien superior”, sostiene. 

En cuanto a la demanda, Guevara señala:“Nuestro llamado al gobierno es que tiene que asumir una posición soberana, una posición de defensa del estado de derecho en Panamá y una posición de defensa de la población panameña y de nuestros ecosistemas. En ese sentido, se debe robustecer la defensa del estado panameño en base a la defensa de la población, en este proceso de arbitraje que sigue allí sobre Panamá, como la espada de Damocles”.

La auditoría como posible vía hacia una engañosa reapertura de la mina

Las preocupaciones sobre el arbitraje internacional se intensificaron tras la auditoría y sus recomendaciones. Según la documentación examinada por el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, sus resultados otorgaron al proyecto 87 % de conformidad, situando a la operación minera en un rango de cumplimiento robusto. Para Guevara, sin embargo, esa evaluación no ofrece garantías suficientes sobre las condiciones reales de la mina ni sobre los pasos necesarios para ejecutar su cierre.

“Lo preocupante es que ese 87% de conformidad carece de sustentos técnicos”, afirma.

La crítica se centra en la metodología utilizada. Según el análisis del Movimiento, más de 95 % de la auditoría se basó en documentos proporcionados por la misma empresa, sin suficientes estudios ni monitoreos independientes realizados por la firma auditora. 

Guevara afirma que verificar documentos empresariales no equivale a comprobar sobre el terreno el estado de las instalaciones, la calidad del agua, los riesgos ambientales o la eficacia de los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias. 

“Estamos hablando de que más de 155 de 371 de los compromisos evaluados, carecen de evidencia técnica. No se sostienen en datos validados, por ejemplo, por instituciones del gobierno. Entonces nos encontramos ahí con vacíos de información, falta de datos, faltas de archivos, falta de análisis en general”. “Es una auditoría de papel”, señala. 

Para Guevara, resulta preocupante que una evaluación con esas deficiencias pueda utilizarse como fundamento para tomar decisiones sobre el futuro de la mina. Las recomendaciones de la comisión integrada por los ministerios de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, y Ambiente, basadas en la auditoría, demuestran una inclinación previa hacia la reapertura de la mina, que es lo que al final buscan las empresas mineras y aparentemente el gobierno también.

El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería rechaza contundentemente las conclusiones de la auditoría y las recomendaciones al gobierno. En su  comunicado del 7 de octubre de 2026, concluye claramente  que la propuesta de un supuesto cierre “ordenado y autofinanciado” constituye una “reactivación disfrazada” de la mina, porque supondría volver a extraer cobre durante un período prolongado de tiempo para financiar el cierre posterior, algo que no tiene sentido. 

Las comunidades, fuera de la mesa y criminalizadas 

Otra falencia que Lilian Guevara destaca sobre las falencias en el proceso de la auditoría, es la absoluta falta de  participación de las comunidades afectadas en el proceso de la auditoria:  “otro aspecto es que el gran ausente ha sido la participación ciudadana, sobre todo de las comunidades afectadas que no han sido una parte activa de la auditoría, a pesar de que muchos de esos aspectos evaluados tienen que ver con los impactos en las comunidades”

Mientras el Gobierno y las empresas negocian bajo la sombra de las demandas internacionales una posible reapertura de la mina, las comunidades afectadas reclaman participación en decisiones que comprometen su territorio y sus medios de vida.

Guevara denuncia que las poblaciones de Donoso, en donde se encuentra la operación minera, no han sido tomadas en cuenta, pese a que numerosos aspectos evaluados se relacionan directamente con sus condiciones de vida: “Nosotros hemos recorrido varias comunidades, como las comunidades en Donoso. Allí uno de los temas que se trata es por supuesto los impactos de la minería. La mayoría de los representantes de las comunidades rechazan esta actividad porque va en contra de sus formas de vida, principalmente de la agricultura de subsistencia y la agricultura familiar. También amenazan actividades de crianza de animales, de ganadería de pequeña escala, y de actividades totalmente vinculadas con las fuentes hídricas, como los ríos”. 

La preocupación por las consecuencias ante una eventual reapertura de la mina no se limita a las organizaciones ambientales. Guevara identifica también la participación de sectores académicos, estudiantiles, laborales, religiosos y de derechos humanos. Según varias encuestas realizadas por medios convencionales, la gran mayoría de las personas consultadas sigue rechazando la minería en Panamá y la reapertura de Cobre Panamá: “No son encuestas que se organizan desde movimientos sociales, sino las típicas encuestas de opinión. En la mayoría, al menos el 70% de las personas encuestadas siguen rechazando la minería en Panamá, o la reapertura de la mina Cobre Panamá”.

Guevara señala: “Lo que nos une es el agua”. Esta frase sintetiza una movilización social que no se explica solamente por el rechazo a una empresa o a un contrato, sino por el rechazo a un modelo de desarrollo que busca destruir las fuentes de agua, los ecosistemas y las formas de vida que las comunidades y el Movimiento en su conjunto busca proteger. 

No obstante, Guevara afirma que las organizaciones sociales enfrentan muchas dificultades, principalmente relacionadas a la represión y criminalización por parte del estado: “Estamos viviendo en tiempos muy sombríos para el espacio cívico en Panamá. Los derechos humanos se han visto fuertemente restringidos y violentados en los últimos años. Hay una bajísima tolerancia al disenso. Varias organizaciones sociales que defienden los derechos humanos se encuentran en una situación difícil a nivel jurídico, se les ha impuesto restricciones económicas, hay personas que han sido criminalizadas por protestar”. 

Defender la soberanía también significa defender el derecho a decidir

El caso de Cobre Panamá expone una contradicción que enfrenta a los mecanismos internacionales de protección de inversiones con las regulaciones, las políticas públicas y las decisiones estatales en beneficio del bien común y del ambiente. 

El arbitraje no concede automáticamente a las empresas el poder jurídico de revocar sentencias nacionales o imponer la reapertura de una mina. No obstante, la posibilidad de tener que afrontar demandas multimillonarias puede influir en las decisiones gubernamentales, en las negociaciones y en la disposición de las autoridades a sostener decisiones soberanas, aunque estas sean de beneficio público. El panorama es mucho más complejo para el movimiento si los gobiernos están a favor de estos proyectos. como aparentemente sucede en Panamá.

Guevara afirma, “Nosotros consideramos que cualquier intento de reapertura de la mina con la figura legal que quieran utilizar para disfrazar la reapertura, es ilegal. Esto violentaría la constitución política y el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, además de la ley de moratoria minera y la ley de derechos de la naturaleza. Desde el derecho administrativo y desde los derechos humanos decimos qué sería realmente ilegal e ilegítimo imponer de nuevo la concesión al proyecto de cobre panamá”.

La controversia sigue abierta y existe una cuestión fundamental: mientras las demandas continúen suspendidas, pero no retiradas, la presión política y financiera seguirá formando parte del escenario político en el que se decide el futuro de la mina.

Lilian Guevara sostiene que los siguientes meses son fundamentales, ante los intentos de reabrir la mina. “Tenemos que estar pendientes.  Estos meses son importantes para tratar de incidir en este gobierno que no nos escucha”. 

En última instancia, la discusión no se reduce a cuánto podría costarle a Panamá mantener cerrada una explotación minera. Se trata de determinar si un Estado puede cumplir las decisiones jurídicas de sus propias instituciones soberanas, proteger el agua y defender los derechos de su población, a pesar de las amenazas e intereses privados que buscan inclinar la balanza a su favor. 

La soberanía no significa ignorar los compromisos internacionales. Significa también defender el derecho y la obligación de gobernar en función del interés público, incluso cuando hacerlo supone enfrentar presiones económicas extraordinarias.

1. Artículo basado en el comunicado del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería del 7 de octubre de 2026; y en una entrevista a Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y miembro de la Comisión Política del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. ↩

Fuente: Bilaterals