Dobles estándares en el uso y el comercio de agroquímicos

Las consecuencias son cada vez más evidentes. Entre los impactos reportados y documentados se incluyen: intoxicaciones agudas entre lxs aplicadores, muchos de lxs cuales trabajan sin equipo de protección; efectos crónicos en la salud asociados a algunas de las sustancias en cuestión, incluidos efectos cancerígenos, neurodegenerativos y reproductivos; residuos de plaguicidas en productos básicos y hortícolas; pérdida de polinizadores y organismos del suelo; contaminación de las aguas superficiales; endeudamiento de lxs pequeñxs agricultores atrapadxs en ciclos de dependencia de insumos; y el desplazamiento del conocimiento agroecológico campesino y los sistemas de semillas gestionados por los agricultores por paquetes de insumos comerciales. En conjunto, estos perjuicios socavan los derechos a un medio ambiente limpio y saludable y a alimentos de calidad aceptable, garantizados por los artículos 42 y 43 de la Constitución de Kenia.

Un mercado agrotóxico dominado por unas pocas empresas transnacionales

La magnitud del uso de plaguicidas en Kenia ilustra la gravedad del problema.

En cuanto a los plaguicidas altamente peligrosos en Kenia, el informe Toxic Business de la Iniciativa Ruta a los Alimentos reveló que, de los 310 productos plaguicidas en uso, que contienen 151 ingredientes activos y un total de aproximadamente 3068 toneladas métricas, 195 productos (el 63 %) cumplen con los criterios para ser considerados plaguicidas altamente peligrosos, lo que representa el 76 % del volumen total. De estos, aproximadamente el 44 % del volumen total correspondía a sustancias ya prohibidas en Europa. En otras palabras, cerca de tres de cada cuatro toneladas de plaguicidas aplicadas en las explotaciones agrícolas kenianas eran altamente peligrosas.

El mercado keniano de plaguicidas se concentra en unas pocas empresas: Syngenta, propiedad de ChemChina, representa el 20% del mercado; Bayer AG, aproximadamente el 15%; y Corteva Agriscience, cerca del 7,7%. En términos de volumen, la mayoría de los productos vendidos en Kenia por los dos líderes del mercado se clasificaron como altamente peligrosos. En conjunto, estas tres corporaciones controlan más del 40% del mercado, lo que otorga a un puñado de empresas extranjeras una gran influencia sobre los productos que lxs agricultores kenianos rocían en sus cultivos.

Estas corporaciones operan en Kenia a través de filiales y distribuidores, mientras que la responsabilidad regulatoria recae en instituciones kenianas, como la Junta de Productos para el Control de Plagas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ganadero y el Ministerio de Salud. Esta estructura dificulta la exigencia de responsabilidades a las empresas matrices en Alemania, Suiza y Estados Unidos por los daños causados ​​por los productos vendidos en Kenia.

Lxs campesinxs desafían el sistema agroquímico

Lxs agricultores kenianxs y las organizaciones de la sociedad civil no han permanecido en silencio.

En 2019, organizaciones de la sociedad civil presentaron una petición pública ante la Asamblea Nacional, solicitando la retirada de ingredientes activos prohibidos o severamente restringidos en Europa. El Comité Departamental de Salud respondió ordenando a la Junta de Productos para el Control de Plagas que revisara su registro de productos aprobados.

En 2021, un grupo de trabajo científico independiente presentó un informe técnico a la Junta recomendando la retirada de ingredientes activos prioritarios. Al año siguiente, agricultores presentaron una demanda ante el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras contra catorce demandados, entre ellos las filiales y distribuidores kenianos de Monsanto, Bayer, Syngenta y BASF, la Asociación de Agroquímicos de Kenia y organismos reguladores estatales, solicitando la retirada de glifosato, paraquat, clorpirifos e imidacloprid, entre otros, y alegando la falta de advertencias adecuadas. La demanda, que contaba con el apoyo de 87 agricultores, impulsó la lucha desde las apelaciones al Estado hasta la interposición de acciones legales directas contra las propias corporaciones.

La Liga Campesina de Kenia (KPL) y las organizaciones de la sociedad civil han denunciado diversas violaciones de marcos legales y normativos, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra (VGGT), entre otros. El artículo 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos reconoce el derecho de lxs campesins a un medio ambiente seguro, limpio y saludable, incluyendo la protección contra sustancias peligrosas, y la venta continua de estos productos socava directamente dicho derecho.

Influencia corporativa y la política de regulación

La lucha también ha puesto al descubierto el poder político de la industria agroquímica. En 2024, un reportaje de investigación documentó las actividades de cabildeo y gestión de la reputación llevadas a cabo por actores vinculados a la industria para oponerse a las restricciones propuestas. Según se informó, estas actividades incluyeron presiones que contribuyeron a la retirada del patrocinio institucional de una conferencia sobre agroecología. Estas tácticas demuestran por qué el Tratado Vinculante debe incluir protecciones vinculantes para los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, así como medidas contra el daño a la reputación de la sociedad civil.

Una victoria significativa, aunque incompleta

En 2025, el Secretario del Gabinete de Agricultura anunció la retirada de 77 productos plaguicidas altamente peligrosos y restricciones a otros 202, un resultado significativo de la constante labor de defensa de la sociedad civil. Las medidas fueron graduales e incompletas, y no incluyeron compensación, remediación ni responsabilidad corporativa. Sin responsabilidad corporativa, los costos de décadas de exposición recaen sobre los agricultores y las comunidades que sufrieron los daños, no sobre las empresas que se beneficiaron de las ventas.

Los litigios continúan. Se ha permitido que una petición sobre plaguicidas proceda como demanda colectiva, lo que permite la participación de las personas y comunidades afectadas. Ninguna empresa ha sido considerada responsable de los daños alegados en el caso. En varios casos, productos retirados del registro keniano en 2025 habían sido prohibidos en Europa más de una década antes. Durante ese período, los productos siguieron estando disponibles en Kenia. Esta es la expresión más clara del doble rasero: lo que se considera inaceptable para agricultores y consumidores en una parte del mundo puede seguir siendo comercialmente viable cuando se comercializa para agricultores en otra. Un tratado vinculante que prohíba la exportación de productos prohibidos en el país donde se fabrican y que responsabilice a los Estados de origen por la conducta de sus empresas en el extranjero, acabaría con este doble rasero de raíz.

Fuente: La Vía Campesina