Ejecuciones extrajudiciales: un crimen sistemático de las fuerzas militares colombianas
CI. – La reciente denuncia del asesinato de Keiner Banguera Mancilla, líder social de 19 años, en Nariño, se suma a una cadena de casos que evidencian un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advierten que estas prácticas persisten y que la impunidad sigue siendo la norma.
Keiner Banguera Mancilla, joven de 19 años reconocido como líder social e integrante del Consejo Comunitario del Río Tapaje, en el municipio de El Charco, Nariño, fue asesinado el pasado 2 de octubre. Según denunciaron su familia y los habitantes del territorio, militares le dispararon cuando regresaba a su casa, en estado de indefensión, y luego presentaron su cuerpo como el de un integrante de un grupo armado ilegal.
Las fuerzas militares sostienen que Banguera Mancilla pertenecía a las disidencias y que murió en combate durante una operación de la Armada y el Ejército. Sin embargo, testigos y familiares afirman que el joven viajaba en una lancha de su propiedad cuando militares de la Brigada de Infantería de Marina N.° 4 le dispararon y trasladaron su cuerpo al casco urbano.
Keiner Banguera Mancilla
A las voces de rechazo se sumaron la Defensoría del Pueblo, que exigió a los militares facilitar la investigación, e Indepaz, que confirmó que Banguera Mancilla era un líder afrodescendiente, defensor de derechos humanos, integrante del Consejo Comunitario Río Tapaje, del consejo menor del Consejo Comunitario Pro Defensa Río Tapaje y del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA). Indepaz también informó que, a la fecha, 121 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en Colombia en 2026, y que las masacres ascendieron a 92 en todo el país.
Las circunstancias de la muerte del joven Keiner Banguera en El Charco, Nariño, deben ser plenamente esclarecidas. Corresponde a la justicia penal ordinaria establecer qué ocurrió, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la muerte y definir si hay lugar a responsabilidades. Continuaremos acompañando a la comunidad y a su familia, escuchando sus preocupaciones y haciendo seguimiento a las actuaciones de las autoridades hasta que las circunstancias de esta muerte sean plenamente esclarecidas. Leer pronunciamiento aqui
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 4, 2026
El Consejo Comunitario Pro Defensa del Río Tapaje y la Red de Derechos Humanos del Suroccidente (Reddhh-fic) denunciaron que Keiner se desplazaba a bordo de un bote de su propiedad cuando, presuntamente, militares de la Brigada de Infantería de Marina N.° 4 le dispararon, le causaron la muerte y posteriormente trasladaron su cuerpo hasta el casco urbano.
En la región operan la Tercera División del Ejército, a la cual está vinculada la Brigada de Infantería de Marina N.º 4, así como las disidencias del Frente 30, bandas de carácter local y el ELN.
#119LíderesAsesinados Nombre: Keiner Banguera Mancilla Fecha: 02/10/2026 Lugar: El Charco - Nariño ➡️Keiner Banguera Mancilla era un líder Afrodescendiente, defensor de derechos humanos, integrante del Consejo Comunitario Río Tapaje, consejo menor del Consejo Comunitario Pro Defensa Río Tapaje, organizaciones que hacen parte del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA), en el departamento de Nariño. Los hechos relacionados con la muerte de este líder son materia de investigación. El Consejo Comunitario prodefensa del Río Tapaje y la Red de DDHH del suroccidente (reddh-fic) denunció que Keiner se desplazaba a bordo de un bote de su propiedad cuando, presuntamente, militares de la Brigada de infantería de marina N.° 4 le dispararon, causándole la muerte, y posteriormente trasladaron su cuerpo hasta el casco urbano. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 019/23 para líderes, lideresas y defensores de DDHH en las cuales señala el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgos de violación a los derechos de la población. Grupos que actúan en la zona: Frente 30 Rafael Aguilera del EMC, ELN y bandas de carácter local. Jurisdicción ejército colombiano: Tercera División del Ejército ⚠️ Con Keiner Banguera Mancilla son 119 los líderes/as y defensores de DDHH asesinados en 2026
— INDEPAZ (@Indepaz) October 3, 2026
Patrones que se repiten
Aunque el gobierno de De la Espriella lleva pocos meses, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales no cesan. La Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta, denunció que el Ejército asesinó a un campesino que intentó socorrer a una familia secuestrada por unidades militares, quienes abusaron y torturaron a una mujer en la zona rural de La Macarena.
El pasado 22 de septiembre, tropas del Ejército Nacional asesinaron al campesino Luis Carlos Mojica Guzmán, quien, según los testimonios recogidos, se encontraba desarmado y no representaba ninguna amenaza. Hacia el mediodía, los uniformados llegaron a la vivienda de una pareja de campesinos que vivía junto a sus dos hijos menores de edad. De forma violenta y arbitraria, los militares detuvieron a la campesina Yuli Andrea Motta Tovar, a quien amarraron, golpearon y obligaron a quitarse la ropa mientras la interrogaban. Asimismo, secuestraron al campesino Luis Carlos Guerrero y a los dos niños que vivían en la vivienda.
Ricardo Andrés Rodríguez Martínez
Otra denuncia en investigación es la de la familia del joven Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, quien, según las declaraciones, fue asesinado por las fuerzas militares el 21 de septiembre durante un operativo contra las autodenominadas ACSN en Santa Marta, Magdalena. La familia señaló que el joven era un civil y que no tenía ninguna relación con el grupo armado.
Por este y otros casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, aún no se conoce ningún resultado en las investigaciones de la Fiscalía colombiana ni del conjunto de las autoridades. De hecho, De la Espriella insiste en ser fotografiado con cuerpos de personas, mientras en sus redes sociales ha celebrado las muertes, bajo el supuesto de combatir a grupos al margen de la ley.
Una práctica criminal tradicional
Aunque las ejecuciones extrajudiciales —o mal llamados falsos positivos— fueron denunciadas durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y fue durante ese mandato cuando este tipo de crimen alcanzó sus mayores cifras, lo cierto es que a lo largo de la historia de las fuerzas militares este tipo de crimen es uno de los habituales dentro de las prácticas que el Equipo Jurídico Pueblos y otras organizaciones de derechos humanos califican como genocidas y que atribuyen a las fuerzas militares y paramilitares desde hace décadas.
Aunque tras los acuerdos de paz de 2016 se creó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para investigar y juzgar los crímenes cometidos por militares y guerrilleros de las FARC, familiares de las víctimas han denunciado que, gracias a este tribunal, militares responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad lograron salir de la prisión tras someterse al tribunal. Afirman que en varios casos los comparecientes no han cumplido con la totalidad de la verdad, que varios altos oficiales son protegidos y que las víctimas no han conseguido ni verdad ni justicia.
El más reciente caso fue denunciado en Santander por familiares y el Equipo Jurídico Pueblos. Afirman que el 7 de octubre de 2026 en Bucaramanga, militares de seis batallones del Ejército, vinculados a crímenes de lesa humanidad, debían reconocer públicamente su responsabilidad ante las familias de las víctimas. Sin embargo, la JEP aplazó la audiencia sin fecha, a menos de una semana de realizarse, por un supuesto «riesgo de revictimización por parte de los comparecientes».
En 2001, este grupo de militares pertenecientes al Gaula del Ejército en Santander asesinó a Luis Alfredo y José Alexander Sandoval, a Jhon Fredy García Almeida y a Fredy Pontón Mesa, y los presentó como muertes en combate. La familia, que nunca ha dejado de exigir justicia y ha enfrentado persecución y estigmatización por parte de los militares, denunció que la JEP ha sido funcional para defender a los militares y descartar a las víctimas.
Aunque en varios casos exoficiales e integrantes de las fuerzas militares han confesado ser responsables de este crimen, las investigaciones de la JEP se han limitado a algunos batallones y unidades militares, y no a la totalidad de las estructuras de las fuerzas armadas, quienes al parecer son responsables de más de estos crímenes, que tienen distintos modus operandi que incluyen nexos con grupos paramilitares y criminales.
A la falta de justicia por parte de la JEP se suman las intenciones de la extrema derecha de acabar con el tribunal al desfinanciarlo. Incluso, el actual gobierno coincide con el expresidente y ganador de un Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, y Humberto de la Calle, jefe negociador, para no alargar el tiempo de duración del tribunal de justicia transicional. A esto se suma la falta de resultados de la justicia colombiana para investigar a empresas, empresarios y élites que se beneficiaron con estas prácticas criminales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó en abril de 2026 que la cifra provisional de víctimas de ejecuciones extrajudiciales (conocidas como “falsos positivos”) en Colombia asciende a 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016. Ese tribunal afirma que entre 2002 y 2008 (gobierno de Uribe) el número de víctimas asciende a 6.402 personas ejecutadas por los militares.
Sin embargo, existen voces que afirman que la cifra podría ser mucho mayor. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas busca los cuerpos de más de 130.000 personas; a su vez, la Comisión de la Verdad sostuvo que el número de víctimas del conflicto armado podría superar las 200.000. Ambas cifras abren las dudas sobre cuántos de estos casos sin resolver podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los militares.
Aunque distintas personas, incluido el expresidente Petro, insisten en que el fin de la JEP podría abrir la puerta a la justicia penal internacional, esto aún no es claro. Actualmente, los gobiernos de extrema derecha se sienten respaldados por Estados Unidos, que no ha dudado en atacar a este tribunal y a la propia ONU. De hecho, De la Espriella ha insinuado la posibilidad de abandonar los acuerdos internacionales. Tampoco es preciso hasta dónde podrá llegar este tribunal de justicia internacional para juzgar casos como el genocidio palestino cometido por Israel, así como otros crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Fuente: Colombia Informa
