El arbitraje internacional; el punto más delicado de la Ley de Inversiones

El arbitraje internacional se perfila como el punto más delicado del proyecto de Ley de Inversiones presentado por el Gobierno, debido a que la propuesta habilita este mecanismo para resolver determinadas controversias mientras la Constitución Política del Estado establece su prohibición.

El rechazo del arbitraje es uno de los legados de la Constitución aprobada por el MAS en 2009 más perjudiciales para la inversión extranjera ya que prohíbe el arbitraje internacional, con lo cual los inversionistas tienen menos motivación para traer sus recursos al país.

El artículo 320, numeral II, de la Constitución señala: “Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable”.

Por otra parte, el 366, señala: “Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas”.

Ante ello, el anteproyecto de ley de inversiones establece que el Estado boliviano podrá someterse a un arbitraje internacional “cuando exista un consentimiento previo, específico y válido expresado mediante un tratado internacional vigente, una norma de Derecho Comunitario, una ley expresa o determinados contratos de inversión, de interés público y de alianza público-privada”.

La propuesta también delimita las materias que podrían ser llevadas a arbitraje. El mecanismo se aplicaría exclusivamente a controversias de carácter patrimonial, económico, indemnizatorio y a incumplimientos contractuales sobre derechos de libre disponibilidad. Quedarían fuera asuntos como la propiedad de los recursos naturales, el ejercicio de potestades públicas y regulatorias, los impuestos y las sanciones penales.

La bancada de la Alianza Libre consideró ayer que la habilitación del arbitraje internacional requiere primero una modificación de la Constitución Política del Estado.

El senador, José Manuel Ormachea, sostuvo que su bancada está de acuerdo con establecer mecanismos de arbitraje internacional para ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas, pero afirmó que una ley ordinaria no puede modificar las disposiciones constitucionales.

“Esta ley va explícitamente en contra de la Constitución Política del Estado”, afirmó.

Para Libre, por tanto, el camino debería comenzar con una reforma constitucional y continuar posteriormente con la aprobación de las normas necesarias para establecer un nuevo marco de atracción de inversiones. Sin embargo, esa posibilidad requiere meses o quizás años de deliberación.

El proyecto también crea una Agencia Nacional de Inversiones, otro de los aspectos cuestionados por la bancada opositora. Ormachea advirtió que esa instancia podría ampliar la burocracia estatal y concentrar en funcionarios públicos decisiones sobre qué inversiones ingresan al país y cuáles reciben incentivos tributarios o facilidades regulatorias.

El senador planteó que esos beneficios deberían estar definidos directamente por ley y no quedar sujetos a decisiones posteriores de una agencia estatal, debido a que las materias tributarias y fiscales corresponden a la Asamblea Legislativa.

Fuente: El Diario