Sectores agropecuarios celebran como un “triunfo” la decisión del Gobierno de archivar el Acuerdo Transpacífico

La decisión del Ejecutivo de no firmar el Acuerdo Transpacífico atendió las advertencias de diversos sectores agropecuarios sobre pérdidas masivas de empleo rural y el cierre de fincas, y fue celebrada de inmediato como un “triunfo” de parte de productores agropecuarios de todo el país.

Esta tarde, la presidenta de la República, Laura Fernández, anunció en un mensaje trasmitido por video su decisión de no firmar el Acuerdo Transpacífico, ordenó archivarlo de inmediato y destituyó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos .

“El Transpacífico no va” (…). “Soy una persona transparente y me gusta trabajar con las cartas sobre la mesa, abierta y sinceramente. Y por eso decidí remover de su puesto a la ministra Trejos e instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata”, declaró Fernández.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), más conocido como Acuerdo Transpacífico, es un acuerdo comercial entre 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. La administración Chaves Robles presentó la solicitud de iniciar el proceso de incorporación a este tratado en agosto de 2022.

Los riesgos del Acuerdo Transpacífico sobre la producción agropecuaria nacional habían sido denunciados desde 2022; sin embargo, en semanas recientes se intensificaron las alertas sobre sus implicaciones para la producción nacional, sobre todo de parte de los sectores de producción de carne bovina, lácteos, café, palma aceitera, arroz, papa y cebolla.

Los diversos sectores advirtieron sobre el riesgo de pérdida de miles de empleos y de cierres de fincas, e hicieron énfasis en que su firma y ratificación significaría el abandono de actividades productivas que sostienen a las comunidades rurales de todo el país.

Para el próximo 3 de noviembre se tenía programada una gran marcha en contra del Acuerdo Transpacífico, la cual saldría de la Fuente de la Hispanidad.

Sin embargo, esta tarde diversas cámaras del sector agropecuario percibieron el anuncio de la presidenta como un “triunfo”.

Óscar Arias Moreira, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), dijo que ven la decisión con mucha complacencia.

Arias afirmó que, tras la reunión que sostuvieron con el Ejecutivo el 9 de octubre en Casa Presidencial, en la que participaron alrededor de 46 organizaciones, la presidenta prometió realizar un análisis “reposado”. Según Arias, la presidenta hizo un análisis exhaustivo y llegó a la conclusión de que el Tratado iba a tener consecuencias negativas para el sector agropecuario. También anunció que ahora trabajarán en una agenda de competitividad con el Gobierno con 61 acciones prioritarias que planteó la CNAA.

Por su parte, Ivannia Quesada, presidenta de la Cámara Nacional de Productores de Leche, agradeció a la presidenta y a su equipo por escuchar las preocupaciones del sector y reconocer los daños que habría ocasionado la adhesión de Costa Rica al Acuerdo. Quesada también se refirió a “una esperanza para trabajar una agenda de trabajo conjunta con el Gobierno, orientada a fortalecer la competitividad, proteger la producción nacional y generar condiciones que favorezcan su desarrollo sostenible”.

De igual forma, la Corporación Ganadera (Corfoga) declaró que la decisión anunciada es “un paso importante en la defensa de la producción agropecuaria nacional y en el reconocimiento de las preocupaciones planteadas por los sectores productivos ante las condiciones de competencia que implicaba este acuerdo comercial”. Asimismo, reafirmó que “fortalecer la producción nacional es también proteger el empleo rural, los encadenamientos productivos y las oportunidades de desarrollo de miles de familias costarricenses”.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) afirmó que lo anunciado por la presidenta “es una decisión acertada y una importante victoria popular” y que el resultado debe reconocerse como parte de un proceso de organización y oposición multisectorial, en el que participan productores agropecuarios, organizaciones sindicales, el Magisterio Nacional, movimientos estudiantiles, agrupaciones ecologistas y diversos sectores cívicos comprometidos con la defensa de los intereses nacionales.

“Esta victoria también refleja la capacidad de articulación que se viene construyendo desde las comunidades, particularmente en las zonas rurales, donde existe una profunda preocupación por las consecuencias que un acuerdo comercial de esta naturaleza podría tener sobre la producción nacional, la soberanía alimentaria y las condiciones de vida de miles de familias”, destacó la Anep.

La Defensoría de los Habitantes también expresó su satisfacción por la decisión adoptada. El 23 de octubre, la Defensoría anunció la apertura de una investigación para determinar los posibles efectos de la adhesión de Costa Rica a este Tratado sobre las personas productoras agrícolas y ganaderas, el empleo rural y las comunidades que dependen de estas actividades.

La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, dijo que el anuncio “es un respiro muy importante para los sectores que podrían haber enfrentado los mayores impactos del acuerdo pero, sobre todo, una señal clara de que en estas negociaciones debe garantizarse la participación de los sectores involucrados”.

Fuente: Semanario Universidad