Escudo de las Américas en Honduras: la etiqueta de «terrorista» frente a la protesta legítima

Las reformas legales amplían la definición y el delito de terrorismo, y se alinean con EE.UU. y su “Estrategia de Seguridad Nacional 2025 (NSS 2025)”, así como con su puesta en marcha en América Latina a través del “Escudo de las Américas”.

Esta nueva NSS 2025 orienta la política exterior hacia el hemisferio occidental como espacio de defensa, bajo el pretexto del interés nacional. Sus líneas de acción subrayan que EE. UU. debe ejercer control global y, en especial, en América Latina, a la que convierte en una región de “disputa estratégica”.

La Estrategia también hace énfasis en contener potencias extrahemisféricas como China y Rusia, generar nuevas formas de control migratorio y reconfigurar las cadenas de suministro mediante el nearshoring (traslado de cadenas de suministro de países lejanos a países cercanos) en América Latina. La implementación de estas ideas ha revivido el debate sobre una nueva “Doctrina Monroe”, que plantea “oportunidades económicas” para la región, pero también reaviva discusiones sobre soberanía y autonomía en un contexto de tensiones geopolíticas y competencia tecnológica.

Apertura al capital transnacional y (más) neoliberalismo

Con el respaldo del gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump, el Partido Nacional llegó al Congreso de Honduras en 2026 con mayoría de diputados y forma un cogobierno con el Partido Liberal. Con rapidez, y valiéndose de una mayoría absoluta de más de 80 votos entre ambos partidos y sus aliados, las bancadas iniciaron una serie de derogaciones de leyes y políticas aprobadas por el Congreso anterior (2022-2026). Además, implementaron por primera vez el juicio político contra exfuncionarios del Gobierno del Partido Libre.

En paralelo, impulsan una agenda legislativa que incluye un paquete de leyes represivas con el que devuelven favores a Estados Unidos y la Unión Europea por haber recuperado el control del Estado.

De este paquete se desprende la Ley para el Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, que el Congreso aprobó el 26 de junio de 2026. Esta ley amenaza con asestar un golpe a la inconclusa reforma agraria en Honduras y con promover el desalojo de miles de comunidades garífunas, indígenas y campesinas, parte de los sectores más vulnerables y excluidos. También contempla la reactivación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); la reincorporación al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), bajo el pretexto de atraer inversión extranjera, constituye otra cesión de soberanía; las privatizaciones de la energía y el agua, mediante la Ley de Justicia Energética para la electricidad, y la llegada de la empresa estatal israelí Mekorot, señalada de aplicar un régimen de apartheid contra la población palestina; las medidas de austeridad fiscal y los recortes presupuestarios han tenido, entre otras consecuencias, el impago de salarios a miles de médicos durante meses, quienes al 12 de octubre de 2026 suman 36 días de asambleas informativas y paro nacional; el aumento de los precios de los combustibles y su efecto dominó sobre los precios de la canasta básica son algunos ejemplos de la política económica.

El descontento ciudadano y los conflictos territoriales han despertado la movilización social: marchas de las antorchas, caravanas de migrantes hacia EE. UU. y paros de transportistas.

Reformas legales

En este periodo, el Congreso hondureño ha formulado un paquete de tres leyes con el que pretende restringir la protesta social y proteger a los actores privados beneficiados por las políticas públicas del Partido Nacional. El paquete legislativo se preparó en paralelo a estos cambios económicos y responde al concepto de derecho penal del enemigo, modelo adoptado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York para perseguir, más allá del terrorismo, la disidencia y la protesta social en países con regímenes autoritarios.

En junio, el Congreso aprobó el Decreto 107-2026, Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras. La norma declara de orden público, interés y prioridad nacional la protección de la actividad agroindustrial, los proyectos de energía y turismo, y criminaliza las actividades que contravengan esos fines, entre ellas las de grupos y cooperativas campesinas que promueven el comercio justo y circular, en lugar de una economía extractiva que saca las ganancias del país.

En mayo, el Decreto 84-2026 modificó determinados artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal para endurecer las penas contra la extorsión y calificó a las maras y pandillas como asociaciones terroristas. La ambigüedad de la definición de terrorismo y de conceptos como “dominio social”, “control territorial”, “afectar gravemente el funcionamiento de las instituciones” o “mantener presencia territorial” ha despertado críticas de organizaciones sociales, que consideran que la norma vulnera el principio de legalidad penal y que acciones legítimas de reivindicación de derechos pueden ser perseguidas como terroristas.

Con esta norma, el Estado calificó a la MS-13 y a la Pandilla 18 como grupos terroristas, igual que al Clan del Diablo en Yoro, que ha recibido un embate durante meses, pero curiosamente no a su rival, la banda de Los Urbina, en el mismo departamento.

En septiembre, el Decreto Legislativo 208-2026 endureció el régimen penitenciario e inició un proceso que imita el régimen carcelario del país vecino, El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, tiene muchos admiradores en Honduras, país que encabeza la tasa de homicidios en Centroamérica. Además, permite declarar “Territorio de Alto Riesgo” zonas o territorios donde operen grupos declarados asociaciones terroristas, maras o pandillas en sus distintas denominaciones; allí se aplicarán medidas excepcionales de control, vigilancia y recuperación del territorio.

La aplicación selectiva de las leyes

La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial comenzó a anunciarse en medio de una serie de ataques contra organizaciones campesinas en el Valle del Aguán. Entre los episodios más mediáticos estuvo una masacre en la aldea de Rigores, con más de 20 personas asesinadas. La ley se aplicó antes de que transcurrieran diez días desde su publicación en La Gaceta, el periódico oficial.

Estos incidentes también incluyeron ataques contra las comunidades garífunas de San Juan y El Triunfo de la Cruz, en Tela, el 6 de julio pasado. A pesar de que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2025 reconoce esos territorios ancestrales como propiedad colectiva y de que las comunidades los tienen inscritos a su favor en el Registro de la Propiedad, la policía las desalojó. Cinco activistas enfrentan acusaciones de usurpación agravada; actualmente están en libertad bajo medidas cautelares y un Juzgado especializado en criminalidad organizada recibió su caso.

Sin embargo, el Estado hondureño se muestra incapaz de cumplir el mandato de desalojo judicial contra el grupo criminal Los Cachos, que desde el 25 de diciembre de 2024 desplazó forzosamente a los pobladores de las fincas de la Cooperativa Camarones, asociada a la Plataforma Agraria en el Aguán. El desalojo previsto para este 14 de octubre se frustró después de que la Policía Nacional anunciara a las víctimas que no cuenta con medios.

En cambio, esa misma Policía Nacional realiza violentos desalojos sin órdenes judiciales en el resto del país contra comunidades vulnerables, conforme a la nueva normativa para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, pero se niega a cumplir órdenes judiciales que, como en el caso de la Cooperativa Camarones, acumulan grandes retrasos. Así demuestra cuál es su verdadera prioridad: que organizaciones criminales como Los Cachos, asociadas con grupos empresariales, controlan el territorio en determinadas regiones del país.

Honduras en los años 80: la Contra y los escuadrones de la muerte

Los antecedentes históricos deberían alertar a las autoridades hondureñas para no profundizar en iniciativas de “mano dura” ni en la militarización del territorio, y tampoco convertir el país en peón de alianzas internacionales al servicio del imperialismo estadounidense a través del Escudo de las Américas.

En el pasado, Estados Unidos utilizó el territorio hondureño como retaguardia y plataforma logística para la Contra. Es el único país del mundo condenado por terrorismo por la Corte Internacional de Justicia en 1986 (Nicaragua contra EE. UU.) por sus ataques contra los sandinistas nicaragüenses.

El regreso de las áreas de influencia a la geopolítica mundial supone, en Centroamérica, volver a las prácticas de la Guerra Fría, que aquí se tradujeron en una doctrina contrainsurgente para contener el avance comunista y que hoy se reeditan bajo esta Estrategia de Seguridad Nacional y el Escudo de las Américas.

En el pasado, la doctrina contrainsurgente trajo consigo escuadrones de la muerte y personajes como Billy Joya y otros militares formados en la Escuela de las Américas, quienes regresaron a Honduras para cometer desapariciones forzadas, torturas y asesinatos al amparo del Batallón de Inteligencia 3-16.

La pretendida estrategia antidrogas estadounidense, iniciada en septiembre de 2025 con bombardeos contra supuestas embarcaciones de contrabando, ha causado más de 230 ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales del mar Caribe y el Pacífico oriental bajo la presidencia de Donald Trump y el Comando Sur de Estados Unidos.

Aunque en agosto de 2026 el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció públicamente desde Panamá que Honduras, Colombia y Guatemala habían aceptado permitir operaciones militares conjuntas en sus territorios bajo la coalición antidrogas denominada Escudo de las Américas (Shield of the Americas), lo cierto es que Honduras ya sufrió en el pasado los efectos de esa colaboración: en 2012, desde un helicóptero, la DEA y la policía hondureña ametrallaron y mataron a cuatro civiles inocentes hondureños que navegaban en una embarcación por el río Patuca, en la Mosquitia, entre ellos una mujer embarazada y un menor de edad.

El retorno de JOH

En 2012, el presidente era Juan Orlando Hernández (JOH) y el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “Tigre” Bonilla; ambos recibieron condenas en sendos juicios por narcotráfico en Nueva York. El hermano del expresidente aún cumple condena, pero Trump indultó a JOH, como se le conoce en Honduras, antes de las elecciones de 2025.

Investigaciones periodísticas lo han asociado con una supuesta trama de compra de favores y con el rescate financiero de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), específicamente del proyecto Próspera, en Roatán, en el que tiene intereses el magnate Peter Thiel, cofundador de la empresa de tratamiento de datos Palantir y destacado libertario que afirmó: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”.

El informe Pardons, Inc., del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE. UU., señala a Roger Stone, aliado político de Donald Trump; Trump lo indultó en 2020, antes de que ingresara en prisión por una condena por obstrucción a la justicia y manipulación de testigos.

Hernández regresó a Honduras en 2026 y, en septiembre pasado, un juzgado sobreseyó los cargos en su contra por fraude y lavado de activos de más de 2 millones de dólares del erario público, destinados a financiar su campaña presidencial de 2013 en el caso conocido como Pandora.

De convicto en EE. UU. y procesado en Honduras ha pasado a reivindicar en libertad su pasado político y a retomar una actividad pública destacada en la región de Lempira, lo que diversas fuentes interpretan como una posible vuelta a la política nacional, condicionada por el resultado de las elecciones de medio término en EE. UU. Un buen resultado de Trump en los comicios del próximo 3 de noviembre afianzaría el peso político de JOH en el escenario hondureño.

Partido Libre

El Partido Libre, a diferencia de la división que se produjo en la votación del Decreto 107-2026, aprobó por unanimidad, junto con el Partido Nacional y el Partido Liberal, los dos decretos que endurecen la represión del terrorismo y el régimen carcelario.

Durante la legislatura anterior y la presidencia de Xiomara Castro, el Partido Libre aprobó un estado de excepción que se prorrogó 24 veces hasta la medianoche del lunes 26 de enero de 2026, antes de la toma de posesión de Nasry Asfura. El balance oficial fue entonces una reducción de la tasa de homicidios de 42 por 100.000 habitantes en 2022 a 23 a finales de 2025, aunque diversos sectores cuestionaron firmemente esas estadísticas.

Un recurso llevó la controvertida medida ante la Corte Suprema de Justicia por no respetar las garantías constitucionales; en marzo de 2026, el caso se cerró por razones procesales, ya que la norma había perdido vigencia. Aunque la Corte evitó pronunciarse sobre si las prórrogas violaron la Constitución, siete de los quince magistrados señalaron que sí hubo vulneraciones a las garantías constitucionales y abusos de autoridad durante la vigencia del estado de excepción.

Pérdida de la soberanía

El Escudo de las Américas funciona como mecanismo de cooperación voluntaria, aunque la reactivación del Tratado de Río (TIAR), nacido en 1947 en el marco de la Guerra Fría a instancia de EE. UU., pretende otorgarle mayor cobertura militar y legitimidad internacional, y que sus decisiones sean obligatorias, incluida la posibilidad de desplegar tropas y realizar intervenciones combinadas en la región, más allá de los ataques a embarcaciones en el mar y de las intervenciones que se han dado en Venezuela, Colombia, Ecuador y México con el pretexto de combatir el narcoterrorismo.

La pérdida de soberanía militar se suma a las reformas que buscan privatizar bienes comunes como el agua y servicios como la electricidad, al regreso al CIADI en materia de jurisdicción y a la reactivación de las ZEDE.

“Escudo de Honduras”

Con esta denominación, la Policía Nacional hondureña desplegó una operación en la que detuvo a cientos de personas y las acusó de diversos delitos, incluido el terrorismo, pues incluyó entre los detenidos a presuntos integrantes de la MS-13 y de la Pandilla 18, que antes habían sido calificadas como asociaciones terroristas.

Medios de prensa han informado de que entre los detenidos por participar en protestas contra el alza de precios hay personas que serían procesadas por asociación terrorista.

El enfoque represivo que estas reformas penales adoptan para combatir el narcotráfico supone un retroceso para los derechos humanos de toda la población y, en especial, para los movimientos y organizaciones populares que históricamente se han opuesto a los proyectos de despojo en Honduras, debido a la imprecisión y la ambigüedad calculada con que están redactadas.

Los próximos meses demostrarán si la militarización de los territorios y la criminalización bajo la etiqueta de “terrorista” obedecen a una estrategia de control social contra campesinos, indígenas y garífunas, quienes lideran la resistencia frente a los proyectos de despojo impulsados por los “dueños del país” —terratenientes, agroindustriales e inversionistas extranjeros—, un sector empresarial que ha fortalecido su alianza con el poder político tras el regreso del Partido Nacional al Gobierno.

Fuente: Colombia Informa