Las demandas judiciales que silencian a quienes se atreven a hablar

Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) están diseñadas para intimidar, agotar y silenciar a las personas que se pronuncian sobre cuestiones que importan a la sociedad. El 16 de septiembre, Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un informe durante el 63º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, que analizaba las repercusiones de estas demandas para los derechos humanos.

El informe fue elaborado tras una solicitud del Consejo mediante la Resolución 56/7 y se basa en los debates mantenidos durante un taller de expertos organizado el 28 de mayo de 2025.

En este taller de expertos, un representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostuvo que el uso de SLAPP constituye una instrumentalización abusiva de los sistemas judiciales. No solamente distorsionan la finalidad de los procedimientos legales; transforman los tribunales de instrumentos de justicia en herramientas de represión.

Cuando la ley se utiliza para silenciar

Las SLAPP a menudo incluyen acusaciones de difamación, calumnias o invasión de la intimidad. Pueden usarse para agotar las finanzas de los acusados, dañar sus reputaciones y disuadirlos de denunciar irregularidades.

Los principales objetivos de estas demandas incluyen, entre otros, periodistas que investigan la corrupción, defensores y defensoras del medio ambiente que hacen frente a la contaminación y la destrucción medioambiental, líderes indígenas y comunitarios que defienden los derechos sobre la tierra, denunciantes y académicos que realizan investigaciones críticas.

Estas demandas están destinadas y diseñadas para agotar las finanzas de sus objetivos, para desalentarlos y dañar su reputación pública; en una palabra, para silenciarlos.

Las personas que ejercen el papel acusador suelen ser personas que ocupan puestos de poder político y financiero, como empresas, personas adineradas y funcionarios públicos. Estas personas hacen uso de estas demandas judiciales para oponerse a quienes desean revelar sus conductas indebidas y defender derechos que están siendo violados, especialmente derechos de las comunidades locales y del medio ambiente.

La lucha de una periodista por la justicia

En la primera sesión del taller, centrada en las repercusiones que estas demandas estratégicas tienen para los periodistas, la periodista Clare Rewcastle Brown habló desde su experiencia personal. Brown explicó que ella había sido el objetivo de múltiples demandas estratégicas contra la participación pública, relacionadas con su trabajo sobre el escándalo de 1Malaysia Development Berhad.

Este escándalo estuvo relacionado con el robo y lavado de más de 4,5 mil millones de dólares estadounidenses del fondo soberano de inversión 1Malaysia Development Berhad hacia instituciones financieras estadounidenses. Esta valiente labor periodística condujo a la condena del ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, por cargos de blanqueo de capitales y abuso de poder en 2022.

Desafortunadamente, el caso también tuvo consecuencias para los periodistas. Dos publicaciones malasias especializadas en negocios fueron suspendidas por tres meses, y dos periodistas australianos fueron detenidos y deportados de Malasia.

Ella fue objeto de intimidación mediante cartas que afirmaban que sus reportajes equivalían a actos de difamación, calumnias e invasión de la intimidad. En 2017, una demanda relacionada con su labor de información sobre un partido político malasio condujo a un litigio prolongado que terminó por consumir su pensión y puso a su familia en riesgo financiero. 

Su caso es un claro ejemplo del uso de SLAPP para acallar el trabajo de periodistas de investigación, de la tensa relación que existe entre los litigantes y las libertades de los medios de comunicación, además de poner de relieve la necesidad de reformas.

Brown fue entrevistada por Derechos Humanos de las Naciones Unidas en mayo de 2024, acerca de su experiencia informando sobre violaciones medioambientales y corrupciones en Malasia.

Irene Khan, la antigua Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, declaró que estas demandas ocurren con frecuencia porque suponen una forma sutil de represión en lugar de utilizar ataques físicos manifiestos. En muchos casos, estas demandas son efectivas a la hora de amordazar las voces críticas y a menudo logran arruinar o disuadir a los acusados.

Un patrón de abusos

Margaret Satterthwaite, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, coincidió en que estos procesos representan un uso indebido del sistema legal, principalmente por parte de grandes corporaciones.

Ella destacó tres elementos clave que son comunes en las SLAPP: un desequilibrio en lo que se refiere al poder económico, social y político de los demandantes, lo que les otorga una mayor capacidad de influencia; el abuso intencionado de los procedimientos legales mediante reclamaciones desproporcionadas; y el ir dirigidas de forma específica contra actividades relacionadas con la participación pública.

Satterthwaite detalló varias recomendaciones para poner fin a este abuso de la legislación: es necesario proporcionar formación a los jueces para que puedan identificar y debatir adecuadamente estas demandas. Las asociaciones de abogados deben elaborar directrices éticas con el objeto de sancionar a los abogados que hagan un uso indebido del sistema legal. Los estados deben promulgar legislación para contrarrestar el uso de este tipo de demandas y despenalizar la difamación en los casos que sean apropiados.

Roberta Clarke, antigua Relatora Especial sobre Personas Defensoras y Operadoras de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, describió patrones de uso indebido del sistema de justicia penal contra defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas y el Caribe.

Clarke hizo referencia a casos en Guatemala, donde se utilizó la usurpación para impulsar actuaciones legales contra defensores de los pueblos indígenas. También se extendió el uso de la detención preventiva prolongada, como en el caso de un periodista de investigación que estuvo detenido durante más de 800 días.

La Comisión Interamericana documentó que, desde las elecciones presidenciales de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, se ha hecho uso de la legislación contra el terrorismo y de seguridad nacional en al menos siete ocasiones con el fin de criminalizar a activistas de derechos humanos y medioambientales.

En Cuba, muchas protestas han sido criminalizadas. Cargos como asalto y desorden público solían disuadir a las personas de realizar actividades en materia de derechos humanos y participar en asambleas pacíficas.

Lady Nancy Zuluaga Jaramillo, Investigadora Jurídica Superior y Coordinadora de Proyectos en el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos, informó que su organización había identificado más de 531 demandas estratégicas contra la participación pública entre enero de 2015 y diciembre de 2024 presentadas en 59 estados. La mayoría de las personas que habían sido objeto de tales demandas se habían opuesto a las actividades mineras, agroindustriales y de tala.

Ella averiguó que el mayor número de estas demandas estratégicas había ocurrido en América Latina, seguida de Asia y el Pacífico. Los casos en los Estados Unidos a menudo estaban relacionados con los sectores del petróleo y el gas.

Muchos casos estaban vinculados a cuestiones sobre tierras y medio ambiente, además de afectar de manera desproporcionada a líderes comunitarios, líderes indígenas y defensoras de los derechos humanos.

Proteger el derecho a manifestar la opinión

El taller de expertos también examinó formas de contrarrestar las SLAPP.

Nikhil Dutta, Asesor Jurídico Superior en el International Center for Not-For-Profit Law, señaló que se habían promulgado varias respuestas legales diseñadas para contrarrestar tales demandas en numerosas jurisdicciones, incluyendo Australia, Canadá, Colombia, Indonesia, Irlanda, Filipinas, Tailandia, el Reino Unido y los Estados Unidos, así como la Unión Europea.

Otros planes para resolver estas flagrantes violaciones de los derechos humanos descritas en el taller de expertos incluyen promulgar protecciones para la participación pública mediante la legislación, facultar a los tribunales para que desestimen procedimientos abusivos, establecer fondos públicos para la defensa ante demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), además de instaurar indemnizaciones punitivas para las entidades que presentan estas demandas.

Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado un resumen sobre las SLAPP, un resumen completo del informe y sobre las repercusiones de estas demandas para los derechos humanos, el espacio cívico y las víctimas. Éste sugiere medidas que los Estados deberían adoptar para hacer frente a las SLAPP, incluida la despenalización de la difamación; la adopción de leyes para combatir las SLAPP; la posibilidad de que los tribunales desestimen las demandas SLAPP de forma temprana; y la necesidad de compensar a las víctimas y sancionar a los demandantes abusivos.

El mensaje es claro: los estados y otros agentes deben facilitar que las personas puedan manifestar su opinión, influir en las decisiones que les afectan y exigir cuentas a las instituciones estatales. Deben hacer todo lo que esté en su poder para garantizar que las personas no tengan que enfrentarse a intimidación de tipo legal por defender los derechos humanos.

La libertad de expresión y opinión es un bien precioso y fundamental para proteger todos los derechos humanos, por lo que la ley no debe convertirse en un arma para silenciar a quienes manifiestan su opinión.

Fuente: Noticias ONU