Organizaciones campesinas hondureñas denuncian ante la ONU un decreto legislativo que legaliza el despojo de tierras a favor del agronegocio
La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC, Honduras), organización miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – La Via Campesina, con el acompañamiento técnico del CETIM, han presentado una queja urgente ante varios Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para alertar sobre la grave situación que enfrentan miles de familias campesinas en Honduras, amenazadas de despojo y desplazamiento forzado.
La denuncia se centra en el Decreto Legislativo No. 107-2026, denominado “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras”, aprobado el pasado 10 de junio, y en la Circular DGPN-(S/D)-No. 009-2026 de la Policía Nacional, que dispone la ejecución de aproximadamente 1.000 órdenes de desalojo en distintas regiones del país
La norma, impulsada por la mayoría de derecha cercana al sector del agronegocio, declara “inafectables” las tierras registradas a favor del sector agroindustrial, energético y turístico, impidiendo de hecho que sean objeto de reforma agraria o utilidad pública.
Estas disposiciones no pueden entenderse al margen del largo historial de conflictos agrarios en Honduras, marcado por una distribución de la tierra profundamente desigual, la escasa aplicación de reformas en el sector rural, la avanzada de la agroindustria y de grandes inversiones sobre zonas campesinas. Durante años, movimientos campesinos han señalado que estos factores estructurales han propiciado la persecución penal de dirigentes, el desalojo forzado de comunidades y un patrón constante de violaciones a los derechos fundamentales de la población del campo.
La denuncia subraya que estas medidas vulneran derechos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) , así como el Convenio 169 de la OIT y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2023 condenó al Estado hondureño por violar el derecho a la propiedad colectiva del pueblo garífuna de San Juan.
La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), el Consejo Indígena Lenca Ambiental de Honduras (CILAH), la Unión Campesina e Indígena de Honduras (UCIH), el Frente Nacional de Juventudes Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes (FRENAJUC) y la Articulación de Mujeres de La Vía Campesina exigen la derogación inmediata del Decreto 107-2026, la suspensión de la Circular 009-2026 y el cese de los desalojos contra las comunidades campesinas e indígenas. Asimismo, exigen el fin de la persecución y criminalización de quienes defienden sus territorios, mediante la derogación del Decreto 93-2021, que utiliza la vía penal para criminalizar las luchas legítimas por la tierra. También demandan una investigación pronta, independiente y exhaustiva sobre la masacre de campesinos ocurrida en Rigores el 21 de mayo, así como el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado de Honduras en materia de derechos humanos y de las resoluciones internacionales sobre derechos territoriales.
Basta YA de violencia en el campo! Derechos campesinos YA!
Contacto de prensa:
- Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC, Honduras), moc.oohay@ctnc
- Raffaele Morgantini, Representante del CETIM ante la ONU, hc.mitec@eleaffar, +41796606514
- La Via Campesina, gro.anisepmacaiv@sserp
Fuente: La Vía Campesina
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