Aparicio exonerada en el INTA: “Vamos a ir a la justicia para que revise lo absurdo e irregular de todo el procedimiento”

El Consejo Directivo del INTA, presidido por Nicolás Bronzovich —miembro de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y de la Sociedad Rural de Balcarce—, exoneró a la investigadora Virginia Aparicio, la mayor especialista de la institución en estudios sobre el impacto de los agrotóxicos. Lo hizo a través de la Resolución 366, en la que le adjudica cuatro faltas administrativas graves a Ley de Empleo Público durante la coordinación del proyecto Sprint —con el que se documentó la presencia de plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas—. La resolución deja a Aparicio fuera de su cargo en el INTA-Balcarce, a pesar de reconocer que la investigadora realizó sus tareas, no obtuvo beneficios económicos ni contaba con antecedentes disciplinarios. 

“Virginia está fuerte”, asegura su abogado Mario Bolla en diálogo con Tierra Viva, y explica que se agotará la vía administrativa y luego se irá por vía judicial para revertir los cargos contra la investigadora que “se caen por su propio peso”. “Si se reconocían los resultados del proyecto Sprint no había que prohibir necesariamente el uso del glifosato, lo que se pretendía estudiar era ver cómo incide en contacto con otras sustancias como la Atrazina, que en Argentina se continúa utilizando pero está prohibida en Europa, Uruguay y Brasil”, señala Bolla sobre los intereses detrás de la persecución y ejemplifica: “Bayer compró a Monsanto por 66 mil millones de dólares, como para dimensionar la plata que hay detrás de todo esto”.  "Los pequeños agricultores podrían ir hacia un cambio de modelo agropecuario, pero detrás de esto están los intereses de los pooles de siembra que quieran más rendimiento y más uso de agroquímicos", concluye.  

En las próximas semanas, mientras se canaliza un recurso administrativo de reconsideración,  Aparicio continuará yendo a ocupar su oficina en el INTA-Balcarce, donde, como contó Tierra Viva, es sometida a un proceso de aislamiento por parte de las autoridades desde inicios de 2025, cuando comenzó el proceso administrativo de exoneración. La resolución 366 será recurrida ante el propio Consejo Directivo del INTA, que deberá ratificar su decisión y elevarla para la firma del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. 

Iraeta se define como “empresario” del agro y tiene una silla en el consejo que ya votó la exoneración, representada por María Inés Amuchástegui. También tienen su lugar allí las organizaciones de la Mesa de Enlace y las facultades de Agronomía y Veterinaria. 

Si Iraeta ratifica la exoneración a pesar de los repudios sindicales, académicos y populares, el paso siguiente para la investigadora y su defensor será ir vía judicial con un pedido. “Vamos a ir a la justicia federal para que un juez revise lo absurdo e irregular de todo el procedimiento, lo arbitrario de los argumentos, y solicitaremos la nulidad de lo actuado por vía administrativa y una cautelar para que la restituyan en su cargo”, señala Bolla. 

La exoneración —la más grave de todas las sanciones administrativas—, dejaría a Aparicio no solo fuera de su cargo en el INTA sino también de su carrera como investigadora del Conicet y de cargos en universidades públicas nacionales. Solo podría ejercer cargos privados o provinciales. 

La resolución del INTA contra Aparicio 

La resolución 366 del Consejo Directivo del INTA tiene 29 páginas en las que realiza un largo recorrido desde el inicio del proceso administrativo iniciado contra Aparicio en 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández. En aquel momento, el entonces presidente del INTA Mario Garmendia y la vicepresidenta Nacira Múñoz decidieron la salida de la Argentina del proyecto Sprint. El financiamiento del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, la coordinación de la Universidad de Wageningen y el convenio para desarrollar una evaluación integrada de los riesgos de los productos fitosanitarios para los ecosistemas, las plantas, los animales y las personas habían sido aprobados por el INTA en 2020. 

Sin embargo, tres años después, el argumento oficial para abandonar el proyecto fue que el INTA no tenía dentro de sus competencias realizar estudios sobre humanos. El argumento fue rechazado por la coordinación del proyecto Sprint, debido a la firma del convenio que contempló todos aquellos parámetros. La directora de la investigación, Violette Geissen, validó los estudios realizados y el rol de Aparicio como coordinadora en Argentina. El INTA continuó figurando como aliado de la investigación hasta la publicación de sus resultados en junio de 2025. 

Cuando se conocieron los resultados, con Milei en la Casa Rosada y Bronzovich al frente del INTA, el sumario administrativo contra Aparicio ya exigía su exoneración. Según explica Bolla, el sumario abierto en el gobierno del Frente de Todos y profundizado en la gestión Milei contempló en un inicio 11 hechos contra la investigadora. La defensa se realizó entre abril y octubre del año pasado, cuando se presentó una memoria de toda la prueba producida. Desde entonces, pasó un año hasta la resolución conocida esta semana. 

De aquellos 11 cargos, la resolución sólo se apoya en cuatro para sostener la exoneración en base a violaciones a la Ley de Empleo Público Nacional (N° 25.164). Se trata, por un lado, de la “autonomía decisoria ejercida” por Aparicio en definiciones que no volvieron a pasar por el Consejo del INTA y la participación como voluntario en el proyecto de su marido José Luis Costa (quien durante más de tres décadas fue investigador en el INTA Balcarce), entre los dos primeros. 

Las otras dos imputaciones son sobre una “aplicación patrimonial inconsulta” respecto de la decisión de destinar fondos para la realización de estudios en laboratorios del exterior e “incumplimientos de información” respecto del diálogo mantenido con el director de la Estación Experimental Agropecuaria-Balcarce (EEA Balcarce), Facundo José Quiroz, quien fue sumariado y suspendido por 15 días en la misma resolución. Quiroz no presentó queja por su sanción y, como contó Tierra Viva, fue uno de los que aisló a Aparicio en sus tareas cotidianas desde mediados de 2025. Durante su suspensión será reemplazado por Juan Erreguerena.    

“Se caen por su propio peso”, sostiene Bolla sobre los cargos administrativos contra Aparicio. Y enumera los argumentos para rechazar el planteo del Consejo Directivo del INTA:  

• Respecto de la falta por “autonomía decisoria ejercida”, el abogado explica que Aparicio estaba a cargo de la coordinación del proyecto Sprint por lo que resulta “improcedente” imputar la toma de decisiones bajo los lineamientos y protocolos firmados por el INTA en el convenio con el Sprint.   
• En cuanto a la participación de José Luis Costa, marido de Aparicio, en el proyecto, Bolla señala que el Consorcio Europeo sabía que él integraba el equipo y nunca hubo oposición al respecto. Además, señala que “INTA estaba al tanto de la situación porque, de hecho, había fotografías de Costa haciendo muestreos, fotos que se publicaban en la página oficial de INTA y del SPRINT” y que también lo estaba el director del EEA Balcarce. En cuanto al supuesto “favorecimiento” de Costa por su participación, el abogado advierte:  “Costa no recibió un solo peso porque su trabajo, y estaba planteado en una adenda presentada ante el Sprint, era honorífico. Lo único que hizo fue trabajar gratuitamente, no pueden demostrar perjuicios concretos contra el INTA ni que se haya favorecido económicamente. Todo lo que se compró con dinero del proyecto está inventariado y en poder del INTA”. Otro fundamento es que Costa tenía acceso a los datos de los voluntarios que eran confidenciales. Eso es solo una conjetura. La única que podía cruzar todos los datos era Virginia.
• Sobre la “aplicación patrimonial inconsulta”, referida al uso de más de un millón de pesos para el transporte de muestras a Europa, el abogado de Aparicio señala que se trata de un “absurdo” y que la resolución el INTA reconoce que “no hubo incremento patrimonial de Virginia ni desvío de fondos”. La realización de las pruebas en el exterior estaban autorizadas y auditadas por el Consorcio Europeo, ya que el INTA no estaba dentro del listado de laboratorios desde la firma del convenio. “Todos los países tuvieron que mandar sus muestras a analizar a Bélgica y Holanda. La diferencia es que Argentina era el único país no europeo y estamos a 11.000 kilómetros”, señala el abogado.
• Por último, en cuanto a la falta sobre “incumplimientos de información”, Bolla señala que   “Virginia mantuvo a su superior jerárquico (Facundo Quiroz) siempre informado de todos los pasos que se dieron en el proyecto. Reconocido esto no sólo por Quiroz, sino por el propio sumario de INTA”. El abogado señala que muchas de las comunicaciones fueron hechas por correo electrónico, whatsapp o llamado telefónico, y que en INTA hubo dos hackeos del sistema informático, por lo que muchos de esos mensajes no pudieron ser recuperados. De todas formas, la resolución reconoce las “colaboraciones efectivamente prestadas”.

Ese último punto citado por Bolla se leé en los fundamentos de la resolución del Consejo Directivo de INTA, cuando reconoce que “las colaboraciones efectivamente prestadas, ausencia de beneficio económico acreditado y de antecedentes disciplinarios por parte de la sumariada” e insiste en que “no permiten atenuar la relevancia de la falta cometida”, en relación a las “prohibiciones” indicadas por la Ley de Empleo Público en cuanto a “valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política” o  “hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio estatal”. 

“La resolución no tiene pie ni cabeza. Administrativamente van a mantener el criterio, pero en el Poder Judicial, cualquier juez medianamente inteligente lo leé y dice: ‘¿Dónde está el perjuicio?’”, sostiene Bolla y advierte que la enumeración hecha en la propia resolución no son ni más ni menos que atenuantes que, arbitrariamente, no fueron tenidas en cuenta para evitar la exoneración.  De más de una decena de intianos sumariados en el inicio del proceso solo Aparicio, Quiroz y Eduardo de Gerónimo, su sanción fue de 25 días, diez días más que el director de la EEA-Balcarce.   

Por último, a pesar de reconocer la “ausencia de beneficio económico acreditado”, la resolución deja abierta una amenaza sobre Aparicio al solicitar a la dirección nacional del INTA enviar el sumario a la Oficina Anticorrupción y revisar el estado del acuerdo con el proyecto Sprint para revisar la posibilidad de abrir un “procedimiento de responsabilidad patrimonial” de acuerdo a la Ley de Administración Financiera. 

“Estamos totalmente seguros, no hubo desmanejo de fondos, está todo auditado. El perjuicio patrimonial que pudo ocurrir se lo causó la dirigencia del INTA cuando decidió salir repentinamente del Sprint con fondos ya acreditados”, asegura Bolla.  

El descargo de Aparicio

Aparicio mantuvo su perfil bajo desde junio de 2023, cuando la presidencia del INTA le comunicó que abandonaba el proyecto Sprint y censuraba la difusión pública de los datos investigados. No respondió pese a la persecución que recibió puertas adentro, pese a los directivos que daban la orden de “no acercarse” a ella. Pero tras la resolución 366, hizo un descargo público en redes sociales, por primera vez. 

La investigadora recordó que los estudios realizados de acuerdo al convenio firmado por el INTA permitió documentar la presencia y distribución de más de 200 plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas. En personas, el punto por el cuál el organismo decidió desconocer el proyecto, se analizó a 73 en la provincia de Buenos Aires, tanto del ámbito rural como urbano. Como informó Tierra Viva, todas las personas testeadas tenían glifosato en su cuerpo con rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, de 2 a 10 plaguicidas en sangre y hasta 18 plaguicidas en materia fecal.

En el video, Aparicio denunció la campaña de desacreditación de la investigación y de su rol en el proyecto, a la que calificó como "dolorosa" y pidió que continúe el acompañamiento de organizaciones sindicales, políticas, universitarias y populares. "El pueblo merece conocer los resultados de las investigaciones públicas", exigió Aparicio y pidió a INTA que "tiene que hacerse responsable de la vulneración de los derechos de los voluntarias y voluntarios que participaron del proyecto". 

Tras conocerse los resultados del proyecto Sprint, Tierra Viva publicó en una nota de Anabel Pomar el testimonio de Iván Villareal, vecino del municipio bonaerense de Laguna Brava y una de las 73 personas que participó como voluntario en los muestreos argentinos. “La única vez que el INTA nos dijo algo fue a puertas cerradas, el que era el director, nos formalizó la entrega de los estudios personales, y nunca más nadie se comunicó. Fuera de eso tampoco ninguna persona del sector salud se nos acercó. Nadie”, dijo Villareal marcando no solo la responsabilidad de la institución con los resultados obtenidos sino de la cartera de Salud nacional y provincial. El vecino de Laguna Brava tenía siete agrotóxicos en sangre, doce en orina, seis en materia fecal, a pesar de no aplicar ninguna de ellos. 

"En democracia no podemos vivir procesos de censura, de persecución, de falta de libertad para investigar. La ciencia se rebate con más ciencia, no con menos", sentenció la investigadora en su descargo de esta semana. 

La censura al Sprint se selló en 2023 y se volvió política oficial desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, cuando Juan Cruz Molina Hafford, primer presidente del INTA bajo La Libertad Avanza, ordenó que en comunicados internos y redes digitales no se utilicen los términos "agroecología", "cambio climático", "género" y "biodiversidad". En cuanto el debate científico, en la resolución que exonera a Aparicio, el Consejo Directivo ratifica la decisión de la institución técnica de poner el modelo con uso de agrotóxicos por encima de sus impactos ambientales y sanitarios al citar como modelo el informe "Los productos fitosanitarios en los sistemas productivos de la Argentina. Una mirada desde el INTA".

Fuente: Agencia Tierra Viva