Paraguay: Estado aterroriza a la población con policías

Desde hace 7 años, un grupo de 50 familias sin tierras del Asentamiento Primavera Real, se constituyó en la Comisión Sin tierra Cristo Rey para hacer gestiones ante el INDERT. Ante la falta de respuesta por parte del Estado se decidió ocupar unas 1.200 hectáreas improductivas de la zona; estas tierras hace tiempo se encuentran en manos del Sr. Miguel Ángel Montaner, titular de la empresa Capibara S.A., de cuya propiedad legal no se tiene certeza, al igual que las 8 millones de tierras mal habidas en Paraguay.

Desde 2007, las familias campesinas agricultoras de esta localidad han sufrido en total 10 desalojos. El último sucedió en la mañana del martes 2 de diciembre. A las 6:30 hs., alrededor de 300 efectivos policiales ingresaron al campamento, con unas 40 patrulleras, acompañados de la montada, un tractor y una ambulancia para ejecutar el desalojo de las familias agricultoras campesinas trabajadoras sin tierra.

Durante el desalojo quemaron los humildes ranchos y la capilla por la que la comunidad sentía un particular orgullo, ocasionaron destrozos de los cultivos diversificados (mandi'o, piña, avati, kumanda, ha hetave), producción toda de autoconsumo. Alimentos para vivir sin hambre.

El día lunes 1 de diciembre, ante los rumores, las familias decidieron desocupar el lugar temporalmente para no ser lastimadas, ya que los últimos desahucios realizados por este gobierno han sido exageradamente violentos, atentando contra la integridad física de mujeres, niñas y niños inclusive.

Los esfuerzos de meses y años de trabajo fueron destruidos, pero el sueño social de contar con la tierra propia para trabajarla y con ella alimentar a las familias y la comunidad no fue desalojado ni desarraigado.

Este campamento es dirigido por una compañera de la CONAMURI, valiente mujer que junto al colectivo, vienen resistiendo a los amedrentamientos persistentes de varios frentes y a las burocráticas gestiones de nunca acabar en el INDERT. Recientemente el campamento fue visitado por funcionarias del INDERT, quienes fueron testigos oculares del empeño en construir un tekoha digno.

Son el derecho a la tierra, el derecho a la alimentación sana, variada, nutritiva y otros derechos más los que fueron violentados, generando en las personas inseguridad y un golpe psicológico permanente, ya que están siendo amedrentadas constantemente.

Denunciamos la demencial actuación de la parafernalia represiva del Estado al mando de la fiscala Luján Estigarribia, de Santaní.

Exigimos a las instituciones del Estado una rápida salida al pedido de la Comisión Sin Tierra de acceder a esas 1.200 hectáreas. Para ello es necesario conocer urgentemente a ciencia cierta las condiciones reales de la propiedad anhelada, ante las dudas de que su posesión sea irregular por parte de la empresa, según sospechan los moradores del entorno.

¡Por una Reforma Agraria Popular e Integral, las mujeres luchan!

Fuente: LA CLOC- VC