Por lo menos 29 defensores del ambiente fueron asesinados en México

De los 88 casos de ataques contra defensores del medio ambiente registrados en México entre julio del 2016 y diciembre de 2017, por lo menos 29 derivaron en asesinato, reveló el cuarto Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2017, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

De acuerdo con el Centro, los funcionarios son responsables de por lo menos 36 por ciento de los ataques contra los defensores, y de ese total 57 por ciento de los casos provino de empleados estatales, 26 por ciento de autoridades municipales y 17 del nivel federal.

Desde otro análisis, de los 88 casos registrados en esos 18 meses se cometieron 110 tipos de agresiones, pues un solo caso puede comprender varias agresiones contra una persona, organización o comunidad, señala el informe.

Entre las principales agresiones están las físicas, la criminalización y el homicidio, lo que pone en una situación de extremo riesgo y amenaza a los defensores del ambiente en México, la cual “sigue siendo una constante cada vez más preocupante, y el Estado mexicano no está las tomando acciones necesarias, contundentes, ni de relevancia, para generar una política integral de protección a los defensores”.

Las entidades que mayor riesgo representan para los activistas ambientales son el estado de México, en primer lugar, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Sonora, Ciudad de México y Yucatán, sólo como las principales.

Los proyectos y actividades con mayor relación con los ataques a los defensores son el despojo de tierras y la minería, ambos responsables de 17 casos, proyectos de infraestructura, hidroeléctricos, obras públicas o políticas en administración de agua, proyectos inmobiliarios, energía renovable, siembra de transgénicos y tala clandestina de árboles.

Frente a las cifras, el Centro recomendó suspender los proyectos de desarrollo cuando existen evidencias de ataques y agresiones a defensores ambientales, alinear y armonizar el marco legal y las políticas públicas del sector agropecuario, ambiental, de agua y de pueblos indígenas, bajo un enfoque de derechos humanos y del Estado pluricultural, así como implementar la perspectiva de género en la legislación ambiental y en las políticas públicas.

Fuente y foto: Desinformémonos