Rechazan pedido de prisión para Pdte. de FENOCIN
Organizaciones indígenas y ciudadanas rechazan el pedido de prisión hecho por la Fiscalía contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
La solicitud de prisión contra el líder campesino se efectuó en la audiencia judicial virtual realizada el martes 11 de agosto en Ibarra, por la presunta paralización de servicios públicos durante las movilizaciones de septiembre y octubre de 2025.
Las protestas sociales se realizaron en abierto rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles que encarecían la vida de millones de ecuatorianos y ecuatorianas.
La jueza Raquel Maza abrió instrucción fiscal por 90 días y suspendió la diligencia para analizar los elementos presentados contra Guido Perugachi. La defensa rechazó las acusaciones y solicitó medidas sustitutivas.
Solidaridad manifiesta
La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) expresaron su solidaridad con Perugachi y denunciaron una política estatal de persecución contra dirigentes sociales.
Sostienen que la persecución de dirigentes sociales no puede convertirse en una política de Estado y denuncian el terror y sus tentáculos de poder, que provienen del gobierno y sus fuerzas represoras, no de la población desarmada que defiende la vida de los ecuatorianos.
Recuerdan la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 98 reconoce el derecho de individuos y colectivos a ejercer la resistencia frente a acciones u omisiones del poder publico que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales.
De igual modo, la Corte Constitucional, mediante el Dictamen 6-25-EE/25, señala que la protesta social y la oposición política constituyen expresiones legítimas de los derechos de reunión y libertad de expresión.
“Las restricciones no pueden convertirse en herramientas para silenciar el descontento ciudadano ni desalentar la oposición política” indican en un pronunciamiento.
“Protestar, organizarse y defender los derechos no es un delito. Las voces de los pueblos y organizaciones sociales deben ser escuchadas y respetadas dentro de un Estado democrático” prosigue el pronunciamiento.
Las organizaciones sociales advierten que la detención de Perugachi podría desencadenar un nuevo levantamiento indígena. Por lo pronto, comunidades de base se han declarado en asamblea permanente.
Fuente: SERVINDI
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