Ya son cuatro los obreros muertos por la explosión y crece la responsabilidad empresarial y estatal

Por ANRed
Idioma Español
País Argentina

La explosión ocurrida el 13 de noviembre en Remedios de Escalada se cobró otras dos vidas. Matías Leguizamón y Juan José Servín, trabajadores de la empresa tercerizada Exgadet, fallecieron como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el estallido. Ya son cuatro los trabajadores muertos. Una tragedia que expone la precarización laboral, la tercerización de tareas estratégicas, la falta de controles y una política de desregulación que coloca las ganancias empresariales por encima de la vida. Por ANRed

La tragedia de Remedios de Escalada suma dos nuevas víctimas. Este sábado se confirmó el fallecimiento de Matías Leguizamón y Juan José Servín, ambos operarios de Exgadet, la empresa contratada por MetroGAS para realizar trabajos de renovación de la red de distribución de gas. Los dos permanecían internados desde la explosión del viernes 13 de noviembre.

Sus muertes se suman a las de Marcelo García, de 47 años, y Néstor Julián D’Alessandro, de 44, trabajadores de MetroGAS que también perdieron la vida como consecuencia del estallido. De esta manera, asciende a cuatro el número de obreros fallecidos en un siniestro que dejó además decenas de heridos, viviendas y comercios destruidos y familias que todavía no saben cuándo podrán regresar a sus hogares.

No se trata de una fatalidad ni de un accidente inevitable. Lo ocurrido es un crimen social ligado al modelo de prestación de servicios públicos en el que las empresas concesionarias delegan tareas de riesgo en contratistas, fragmentan las responsabilidades y trasladan los costos de la reducción de gastos a quienes ponen el cuerpo en el trabajo y a las comunidades que viven alrededor de las obras.

La tercerización como negocio y como riesgo

La investigación deberá determinar las responsabilidades penales y técnicas, pero hay elementos que ya permiten dimensionar la gravedad de lo ocurrido. La explosión se produjo durante trabajos con una tuneladora que habría perforado una cañería de gas. La máquina pertenecía a Exgadet, contratista de MetroGAS.

Uno de los puntos centrales es qué sucedió después de la rotura. Según la propia presentación de MetroGAS ante la Justicia, un inspector de la distribuidora informó sobre el daño de la cañería a las 9:44, y reiteró el aviso a las 9:51. A las 10:06, una vecina también alertó sobre la pérdida de gas. La explosión y el incendio se produjeron posteriormente.

La Justicia investiga si se incumplieron los protocolos de emergencia y secuestró la máquina perforadora para realizar peritajes. Hasta el momento, la investigación busca establecer las responsabilidades de las empresas y de quienes intervinieron en las tareas.

La tercerización no es un detalle administrativo. Es una modalidad empresarial que permite reducir costos, fragmentar responsabilidades y precarizar las condiciones de trabajo en actividades que requieren experiencia, capacitación y controles permanentes. En este caso, cuatro trabajadores terminaron muertos.

La Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas (APJ GAS) había advertido sobre estos problemas incluso antes de que se conociera la magnitud de la tragedia. En un comunicado del 14 de noviembre denunció que la tercerización sistemática profundiza la precarización, fragmenta los controles, dificulta la aplicación de normas de seguridad y debilita la capacitación continua de los trabajadores.

El sindicato también señaló que había denunciado anteriormente las irregularidades y los métodos de trabajo de empresas contratistas como Exgadet, que presta servicios para MetroGAS y Naturgy Ban. Según la organización, ni las concesionarias ni el Estado escucharon esas advertencias.

Desregulación: el Estado que se retira y las empresas que avanzan

Lo sucedido en Remedios de Escalada tampoco puede separarse del contexto político y económico. El gobierno de Javier Milei impulsa una política de desregulación, flexibilización laboral y reducción de los controles estatales que presenta como una condición para favorecer las inversiones y liberar las fuerzas del mercado.

La reforma laboral promovida por el Gobierno, el debilitamiento de los organismos de control y la transferencia de responsabilidades hacia el sector privado forman parte de una misma orientación política: garantizar mejores condiciones para la rentabilidad empresarial, aun cuando eso implique deteriorar derechos y protecciones conquistados por los trabajadores.

La distribución de gas es un servicio esencial y una actividad de alto riesgo. No puede quedar librada a la lógica de la reducción de costos ni a la confianza en los mecanismos de autocontrol de las compañías. La responsabilidad del Estado no desaparece porque una empresa concesionaria contrate a otra para ejecutar las obras.

Cuatro trabajadores muertos y un barrio que reclama justicia

La tragedia no terminó con el incendio. Las consecuencias siguen golpeando a los vecinos y vecinas de Remedios de Escalada. Viviendas y comercios quedaron destruidos, numerosas familias debieron abandonar sus casas y persisten los temores por el estado de las redes de gas.

En los días posteriores también se registraron nuevas pérdidas de gas en distintos puntos de Lanús. La preocupación de la comunidad se convirtió en organización, asambleas y movilizaciones para exigir explicaciones, respuestas y reparación por los daños sufridos.

La explosión dejó al descubierto algo más que una falla técnica: un sistema en el que las empresas administran servicios esenciales, tercerizan tareas de riesgo y toman decisiones que afectan la vida de miles de personas, mientras los mecanismos de control no lograron evitar una catástrofe de estas dimensiones.

Fuente: ANRed

Temas: Corporaciones, Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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