ANA Bolivia

Las mujeres indígenas reconocen el machismo en las comunidades y la urgencia de incorporar la Ley 348 en las autonomías indígenas.

La Defensoría del Pueblo presentó una acción de medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental de La Paz, con el propósito de frenar el tratamiento legislativo del contrato de explotación de litio entre Yacimientos de Litio Bolivianos y la empresa rusa Uranium One Group, que fue aprobado en grande y en detalle, por considerarlo que se vulnera Derechos Humanos Ambientales. Dicha acción fue comunicada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 28 de julio.

Exhorta a YPFB a cesar de inmediato el uso del sistema judicial como mecanismo de intimidación y advierte sobre prácticas locales que también se consolidan como formas de amedrentamiento hacia defensoras y defensores de Derechos Humanos.

Desde la Defensoría del Pueblo, la ANPB, el CMPLP, hasta defensores de DDHH y ambientales le recordaron al Estado que está vigente el Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a la información y participación en materia ambiental.

Ante la cercanía de la audiencia de medidas cautelares programada para el 24 de junio, la Defensoría recuerda que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, el cual obliga al Estado a proteger a las y los defensores de DDHH en asuntos ambientales. 

En un fallo sin precedentes, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la sentencia 0935/2024-S3 en favor del pueblo indígena Tsimane del sector Yacuma, que reconoce que es titular de derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado, convenios internacionales  y la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad. Anuló al menos 19 resoluciones administrativas que permitieron el asentamiento de comunidades interculturales en territorios ancestrales de este pueblo indígena, en el departamento de Beni.