María del Mar Parra

En el programa En Verde y Claro de El Desconcierto, la politóloga Pamela Poo explica cómo los mecanismos que propone el gobierno para acelerar inversiones reducen el control del Estado sobre el impacto ambiental que generan las actividades económicas.

En 2015 la muerte de vacas develó que el agua y el suelo de Alto Mañihuales estaban contaminados con metales de la mina El Toqui. Nuevos informes muestran que el arsénico sigue en el agua y que la empresa no ha cerrado el relave minero, triplicando el máximo de contaminantes que podía almacenar.

Los dos proyectos más grandes que se están sometiendo a evaluación ambiental para instalarse en el país son de hidrógeno verde y se buscan instalar en la comuna de San Gregorio en Magallanes. Comunidades locales alertan por el impacto en fauna y paisaje de desarrollar esta industria a gran escala.

Este 22 de abril el mundo reflexiona sobre la degradación del planeta Tierra. Por sexto año consecutivo, Chile será el primer país de Latinoamérica en entrar en sobregiro ecológico, lo que significa que se están consumiendo los recursos naturales más rápido de lo que el planeta puede regenerarlos.

Desazón es lo que se describe desde el ambientalismo a tres años de iniciado el gobierno de Gabriel Boric. Mencionan promesas incumplidas para retirar salmoneras de mares protegidos o reparar el daño en ciudades con termoeléctricas, además de la reducción de estándares ambientales para incentivar la inversión.

Once años en crisis lleva la pesquería de merluza y los pescadores artesanales apuntan a la pesca de arrastre que se realiza cerca de sus caletas. En Valparaíso, pescadores de San Antonio y caleta Portales se manifestaron cerca del Congreso.

Olas de calor cada vez más frecuentes y sequías prolongadas están teniendo un impacto significativo y medible en el Producto Interno Bruto del país, según un informe del Banco Central, afectando especialmente a la agricultura y el comercio.

Tribunales Ambientales deberán determinar el futuro de la minera Collahuasi, que busca extender su operación por 20 años más mientras comunidades aymara acusan que fueron excluidas de la evaluación ambiental. En una causa paralela, comunidades costeras le imputan daño ambiental a la minera en el mar.