Declaraciones juradas y silencio administrativo: ambientalistas identifican las “trampas” de proyecto para acelerar inversiones

A pasos agigantados avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca reducir el tiempo que tardan los proyectos de inversión para obtener sus permisos y operar en Chile. Se trata de una de las leyes que promueve el gobierno en su esfuerzo por acelerar la economía y ha generado conflictos con el mundo ambientalista, que alerta la reducción de estándares ambientales en este proceso.

Para aportar al debate, en el primer episodio del programa En Verde y Claro de El Desconcierto, la politóloga Pamela Poo analiza los detalles del proyecto. La especialista identifica aquellas “trampas” criticadas por reducir la capacidad del Estado para prevenir y mitigar el daño ambiental de proyectos de inversión.

Declaraciones juradas y silencio administrativo

Pamela Poo analiza los dichos del ministro Nicolás Grau sobre el proyecto de permisos sectoriales. En primer lugar, critica que el ministro se escuda diciendo que la ley no transforma los permisos ambientales, sino los de todos los otros servicios y particiones del Estado que tienen relación con el lugar en que se emplazará el proyecto.

Poo explica que “hay numerosos permisos sectoriales que sí se relacionan con el medio ambiente, como el código de aguas y el código minero”. Luego identifica dos mecanismos que usa el proyecto para acelerar inversiones, y que según argumenta, reducen los estándares ambientales del país.

El primer mecanismo son las declaraciones juradas. A través de ellas, no habrá un funcionario público que analice el proyecto y determine que este cumple con los estándares ambientales, sino que el privado titular del proyecto presentará una declaración jurada donde afirma que está cumpliendo estos estándares.

“El proponente del proyecto es quien asegura el cumplimiento. Si no hay quien fiscalice, ¿cómo vamos a asegurar aquello? Se pregunta la politóloga.

En segundo lugar, identifica el mecanismo del silencio administrativo. Este implica que, si un organismo público se excede del plazo para analizar un proyecto y entregar un permiso, el proyecto se considerará aprobado automáticamente.

Poo critica el mecanismo, argumentando que “el funcionario no tiene un incentivo para cumplir su rol y evaluar el proyecto, y se abre la puerta a la corrupción: se le podría pagar a un funcionario para que haga la vista gorda y no evalúe un proyecto, para dejar pasar el plazo y que este se de por aprobado”, reflexiona.

Fuente: El Desconcierto