Tamara Artacker

Apostarles a las exportaciones de materias primas para sustentar la economía, especialmente en momentos de crisis, no es una estrategia nueva pero ha cobrado importancia en el contexto de la pandemia global. En Ecuador, junto con los productos mineros, hubo un rubro que especialmente ganó atención y ha sido presentado como vía fundamental para generar divisas, dinamizar la economía y hasta luchar contra la pobreza rural: las agroexportaciones. Sin embargo, lo que se suele dejar fuera del foco son las relaciones de poder y de explotación dentro de la cadena agroexportadora que imposibilitan, contrario a la narrativa oficial, que todos los actores involucrados se beneficien de la misma manera de un aumento en las exportaciones.

¿Qué lectura se puede hacer de las políticas públicas si se mira desde lo rural, desde los y las campesinas? El jueves, 20 de junio, esa pregunta fue discutida por representantes de organizaciones campesinas, sociales y la academia en el conversatorio “Políticas Anticampesinas – una mirada sobre los desafíos para la agricultura y la vida” que tuvo lugar en la Flacso, Quito.

Ecuador, con el artículo 401 de la Constitución de 2008, se declara país “libre de cultivos y semillas transgénicas”. Sin embargo, tanto en procesos normativos desde ese entonces, como en la práctica productiva en el campo, se muestran tendencias contrarias.