Los objetivos agrarios del paro nacional
Los campesinos de Sumapaz llegaron por Usme y Santa Librada, a las grandes manifestaciones del paro nacional el 4 de diciembre en Bogotá. Estuvieron ahí delegaciones de comunidades campesinas de otras partes del país, que llegaron en chivas, como los millares de indígenas del Cauca, Caldas, Huila y Valle o las comunidades negras del norte del Cauca y se hicieron presentes también indígenas de la Amazonia.
Durante las cinco semanas de movilizaciones los campesinos han estado presentes en cada región. El 21 de noviembre, por ejemplo, comunidades de los Montes de María estuvieron en Sincelejo. Los campesinos han estado en marchas en calles o en carreteras en Acacías (Meta), Lizama, Segovia, Remedios, Tibú, Ocaña, Zulia, San Gil, Chiquinquirá, Espinal, Sogamoso, Putumayo, Arauca, Cauca, Nariño
El “documento para la negociación”, el pliego del paro nacional expresa tanto la presencia de las comunidades rurales en el paro, como la forma explícita en que las movilizaciones urbanas asumen las demandas de los indígenas, afros y campesinos. Reivindicaciones están concretamente en los puntos 7, 8 y 9 del documento, sobre “derechos de la madre tierra”, “agraria y agropecuaria” y “cumplimiento de acuerdos”, pero también en otros puntos que conciernen al conjunto de los colombianos.
Estas reivindicaciones parten del enfoque político, cultural y económico de la territorialidad, del “reconocimiento y desarrollo de las figuras territoriales campesinas y de pueblos indígenas y negros” y el “reconocimiento del carácter vinculante de las consultas populares”. La visión hegemónica del desarrollo desconoce el ser de las comunidades rurales por sobre las cuales pasa, y ni ellas ni los demás colombianos queremos que esto continúe así.
Las comunidades rechazan el fracturamiento hidráulico (fracking), la minería a cielo abierto y en los páramos y fuentes de agua, la contaminación del ambiente por las explotaciones petroleras y piden derogar la ley Zidres con la que pretende legalizar la apropiación de baldíos por grandes empresas.
Es así como una exigencia central es la adopción de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales”, aprobada el 17 de diciembre de 2018 por mayoría y adoptada en la asamblea de la ONU, la cual el gobierno de Duque se negó a votar favorablemente. Se trata de reconocer al campesinado como sujeto de derechos.
El gobierno de Uribe se había negado en 2007 a votar la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que finalmente fue firmada por Colombia, pero no se ha adoptado un criterio fundamental de ella, cual es el “consentimiento libre e informado” de los respectivos pueblos para realizar proyectos en sus territorios.
Las guardias indígenas, cimarronas y campesinas, cuyos delegados nacionales se reunieron durante el paro y luego marcharon en Bogotá, expresan la conciencia de las comunidades rurales sobre su territorialidad.
Toda la concepción de ruralidad del paro está ligada al rechazo al neoliberalismo, los tratados de libre comercio y la OCDE. Hay una conciencia nacional sobre lo grave que es para el país haber perdido su soberanía alimentaria y haber pasado a depender de la importación de alimentos, dentro de un modelo cuyo eje son las exportaciones de petróleo, carbón y diesel de palma.
Luchan los campesinos por defender la producción nacional, desarrollar la tecnología propia y la asistencia técnica, la protección de las semillas autóctonas, precios de sustentación, crédito de fomento y garantías de acceso a la propiedad de la tierra.
Tanto el enfrentamiento con el modelo neoliberal, como la territorialidad y la exigencia de cumplimiento de los acuerdos firmados con decenas de paros y marchas durante los últimos años, se manifiestan con transversalidad con respecto al conjunto del pliego del paro. Se reivindican los derechos de la mujer rural, la salud pública rural, el fomento del cooperativismo y el rechazo a las privatizaciones y a la tercerización laboral que afecta gravemente a los trabajadores de la caña de azúcar y la palma.
Las comunidades rurales son las principales interesadas en la paz para Colombia y por ello demandan “garantizar el cumplimiento e implementación integral de los acuerdos de paz firmados en La Habana, implementando el enfoque transversal de género, mujer, familia, generación, étnico y territorial”. Están en el campo porque cese el asesinato de líderes sociales, que en estos dos años ha afectado a decenas de directivos de las juntas comunales, guardias indígenas, ecologistas y dirigentes afrocolombianos y campesinos.
Es urgente constituir las reservas campesinas cuyos procesos de estudio, consultas y audiencias públicas están completos, como es el caso de Sumapaz, bloqueada por los ministros de Defensa y el alcalde Peñalosa. El 4 de diciembre, las comunidades de Botalón en Tame, Arauca, declararon su territorio campesino agroalimentario.
Dentro de los acuerdos de La Habana la sustitución de cultivos ilegales es un punto muy importante para el futuro del sector rural colombiano, que está lejos de cumplirse y por el cual varios líderes sociales han dado su vida. Más allá del urgente cumplimiento pleno de este punto es vital reiterar que la “guerra contra las drogas” es una farsa y sólo produce el mantenimiento y fortalecimiento del poder del negocio del narcotráfico, tal y como se ve hoy en las regiones de Colombia, las Américas y en el mundo.
El documento exige eliminar las fumigaciones con glifosato que por la salud humana y por los ecosistemas habían sido suspendidas. Demanda obvia. Hay que ir más allá para exigir apropiarse de las experiencias de Holanda, Canadá, Colorado, California o Uruguay. Es necesario causar la quiebra de los narcotraficantes para que dejen de ser un poder generador de violencia, de división y criminalización de las comunidades más pobres y de pretexto para la violencia y la guerra contra los pueblos.
En fin, el pliego del paro está por “adoptar una política de reforma agraria integral”.
Fuente: Revista Sur