Argentina

"Para esta semana que inicia el 6 de enero -entre el lunes, martes y miércoles- las dos últimas empresas que aún tienen maquinarias, herramientas, plumas hidráulicas, etc. en el predio anunciaron el retiro total de las mismas. Invitamos a los medios de prensa nacionales e internacionales a registrar estos movimientos, a fin de poder informar con precisión sobre la situación de Monsanto."

El próximo miércoles 8 de enero, se dará a conocer la resolución sobre el amparo presentado en septiembre de 2012, donde se pidió la paralización de la obra de la empresa Monsanto, la cual fue consentida por la Intendencia de Malvinas Argentinas y el cumplimiento de la Ley General Nacional del Ambiente 25.675. Dicha reglamentación, indica realizar estudios de impacto ambiental y una consulta popular, antes de dar curso a proyectos de esta envergadura en cualquier lugar del territorio argentino.

"El CELMA realizó una presentación ante el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, impugnando el documento de Decisión de la CONABIA, solicitando que se ponga a disposición de la ciudadanía en general los estudios sobre seguridad ambiental e inocuidad alimentarias presentados por la empresa Dow AgroSciences Argentina S.A. a fin de ser evaluados y estudiados, y consecuentemente se realice una convocatoria a audiencia pública y se proceda a darle intervención a la SAyDS."

Luego de la jornada represiva vivida en horas de la mañana de ayer, cuyo saldo fue de unos 8 heridos, cuatro de ellos de gravedad, charlamos con Sofía Gatica, referente de Madres de Barrio Ituzaingó y de la lucha que se viene llevando a cabo en el bloqueo frente a la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas desde hace más de 100 días.

Hace más de tres meses que diversas asambleas socioambientales, junto a otras organizaciones, acampan y bloquean el acceso a la planta de tratamiento de semillas de maíz transgénico que la empresa Monsanto quiere instalar en la localidad de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba.

El máximo tribunal del país sostuvo que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que los afecten. Reafirmación del derecho a la autoidentificación.

"El 13 de diciembre de 2013 el Juzgado en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral de Concarán, a cargo de la Dra Uccello de Melino, dispuso ORDENAR EL CESE DE TODA ACTIVIDAD DE PULVERIZACIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO AGROPECUARIO EN LA ZONA DE SAN MARTINA."

Cuatro grandes empresas concentran 370 mil hectáreas en la zona de los Esteros del Iberá. Una fundación explotada por pequeños productores e intervenida por el gobierno provincial en 2001 corre el riesgo de ser entregada a las empresas.