Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu que mosquitos geneticamente modificados utilizados para o controle de vetores no país são objeto de regulação sanitária no que diz respeito à segurança e eficácia.

O Pantanal, a maior planície alagada do mundo, corre o risco de, em 2100, ver as suas temperaturas médias anuais elevadas em até 7 °C. Tamanho aumento de temperatura implicaria uma redução sensível no regime de chuvas da região, principalmente no inverno. Tais mudanças climáticas teriam impacto sobre a evaporação da região e a própria existência do Pantanal como o conhecemos.

O Programa Camponês proposto à sociedade e ao Governo Federal pelo Movimento dos Pequenos Agricultores e Movimentos da Via Campesina tem componentes importantes para ajudar o País a sair da crise.

Desde cada rincón de Nuestra América y a través de las más de 90 organizaciones campesinas, indígenas, de trabajadores y trabajadoras rurales, de afrodescendientes que le dan vida y fuerza a la CLOC LVC repudiamos enérgicamente la muerte de Valmir Bordim y Leomar Horback, militantes del Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra

"Brasil vive una grave crisis, histórica, que tiene carácter económico (la economía y la industria no crece hace tres años), social (las condicione de vida empeoraron, el desempleo alcanza a 9%, etc.) ambiental, por la agresiones del capital a los recursos de la naturaleza, y también político".

Desde octubre hasta hoy no cambió mucha cosa, ni en el medio ambiente, si en la vida de las personas afectadas; nadie de la empresa fue condenado.

"A Economia Feminista e a Agroecologia reforçam-se mutuamente, iluminando caminhos para uma sociedade mais justa e sustentável."

Después de la muerte de dos sin tierra en la tarde del jueves (7), en el municipio de Quedas do Iguaçu, en la región central del estado de Paraná, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST pide la investigación y la condena de los responsables por el crimen. De acuerdo con el movimiento, pistoleros y seguridad privada contratada por la maderera Araupel participaron de la acción, junto con la Policía Militar (PM), dependiente del gobierno estadual. La empresa alega ser propietaria del área ocupada por los sin tierra; sin embargo, la Justicia Federal reconoce a las tierras como federales.