Chile

El pasado 2020 se cumplieron 40 años desde que la UNESCO lanzó el Informe MacBride, conocido también como “Voces múltiples, un solo mundo”, el cual lo que hizo fue visibilizar la alta concentración económica existente en los medios de información a nivel planetario y la posibilidad de construir un nuevo orden mundial que democratice la comunicación.

Con fecha 24 de diciembre de 2020, en fallo unánime la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó sentencia del Tribunal de Panguipulli y declaró terminado contrato de arrendamiento de tierra indígena a 99 años, por considerar la tierra un elemento de la esencia de la nación Mapuche, tras aplicar “lo dispuesto en el Convenio 169 de la O.I.T. norma de rango superior y por ende, de aplicación prioritaria en las relaciones entre indígenas y aquellos sujetos, que no lo son…”, cuyo es el caso.

Este 15 de diciembre se cumplió 1 año de la inédita consulta ciudadana organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en la cual 2,4 millones de personas desde los 14 años en adelante, votaron manifestándose ante la posibilidad de una nueva constitución en Chile.

El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y proyectos de energía en Chiloé anunció que ingresará a organismos de derechos para su observancia, seguimiento y diligencias, el caso del conflicto de la transnacional canadiense SAESA por el proyecto de energía que amenaza parte del territorio ancestral y espacio de significación espiritual, cultural y ambiental de la comunidad mapuche Williche Alto Gamboa, en la comuna de Castro.

Mientras el Gobierno insiste en la aprobación del TPP11 en el Senado, organizaciones de la sociedad civil afirman que esta decisión ya la tomó el pueblo en las calles y que no es azaroso que se busque suscribir el acuerdo económico previo a la conformación de la Convención Constitucional.

El resultado del Plebiscito Constitucional demostró lo que ya era evidente con la masiva movilización popular que desde octubre de 2019 abrió el proceso constituyente. La voluntad mayoritaria es terminar con el régimen político institucional, acabar con el modelo social y económico del capitalismo salvaje neoliberal predominante, los abusos sistemáticos y la desigualdad extrema de Chile.

"Reiteramos nuestro total rechazo a declaraciones de este tipo que siguen demostrando la irresponsabilidad, el desprecio y la total falta de respeto de estas empresas, no solo con las comunidades que habitan un territorio, sino con la naturaleza que sustenta la vida y hacia el propio Estado de Chile. Desde ambos lados de la cordillera que nos une, seguimos gritando fuerte y claro: NO A LA MEGAMINERÍA, LA VIDA Y EL AGUA VALEN MÁS QUE EL ORO".

El 56,3% del total de las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se concentra en 10 compañías consideradas emisoras o contaminantes. La mayor parte de estas empresas se orientan hacia actividades extractivistas de alto impacto, en los sectores Eléctrico (US$5.033 millones), Forestal (US$2.162 millones), Hidrocarburos (US$1.827 millones), Minería (US$1.659 millones), SAPS (US$915 millones) y Monocultivos (US$325 millones), señala el estudio elaborado en conjunto por Heinrich Böll Stiftung y la Fundación Sol.