Catorce empresas campesinas presentan amparos ante amenazas de desalojo bajo Ley Agroindustrial

En medio de amenazas de desalojo bajo la recién aprobada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, catorce empresas campesinas interpusieron igual número de amparos ante la Sala de lo Constitucional exigiendo respeto y protección al derecho al acceso a la tierra. 

Integrantes de las cooperativas agrícolas aclararon que no buscan privilegios, “únicamente que se respeten derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República” ante lo que calificaron como un “uso abusivo del poder por parte de sectores políticos serviles a empresarios agroindustriales”. 

Afirmaron, además, que las empresas asociativas campesinas están integradas por familias que conforman comunidades en el Sector Guaymas en Atlántida y el Valle del Aguán en Yoro y Colón, y cuyo sustento, abrigo y viviendas dependen del acceso a la tierra. 

Bajo la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial se realizaron los desalojos en la comunidad garífuna de San Juan en Tela, Atlántida, costa norte de Honduras, así como en El Tulito, Choluteca, sur del país, donde ayer fue encontrado asesinado el campesino y defensor del territorio, Cristian Josué Pastrana. 

Las asociaciones campesinas recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe de Admisibilidad y Fondo No.143/21, sobre Movimientos Campesinos del Aguán, concluyó que el Estado hondureño sería responsable por la violación de de derechos humanos de integrantes de los movimientos campesinos de esa región. Recomendó, también, evitar los desalojos y las remociones forzadas, así como adoptar medidas para garantizar la no repetición de estos hechos.

En noviembre de 2024, en un informe remitido a la CIDH, el propio Estado de Honduras informó que no encontró expedientes de solicitud de autorización de venta de tierras por parte de las cooperativas del Bajo Aguán y que mantenía bajo revisión las transacciones mediante las cuales esas propiedades pasaron a manos de empresas agroindustriales. 

Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Aguán, manifestó a Criterio.hn que la presentación de los catorce recursos de amparos tiene por objetivo “exigir que se respete la posesión, uso y goce de las tierras, en su mayoría de Reforma Agraria, que hace muchos años están ocupando las empresas asociativas de producción”. 

Rivas lamentó que pese a la presentación de lo que denominó “infinidad de acciones jurídicas” ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estas continúan sin ser resueltas. Compartió que han interpuesto cerca de 27 recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026), al menos tres recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma que amplió de forma vaga la figura de asociación terrorista (Decreto 84-2026). “Esta Corte Suprema de Justicia está en deuda ante nuestras peticiones apegadas a derecho”, comentó.

También recordó los cuestionamientos formulados por expertos independientes de Naciones Unidas, quienes advirtieron mediante dos comunicaciones sobre la incompatibilidad de la Ley Agroindustrial con los estándares internacionales de derechos humanos y señalaron posibles contradicciones de la reforma antiterrorista con el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Fuente: Criterio.hn