Denuncian penalmente a abogados que defienden a comunidad indígena lenca El Cacao

Tegucigalpa, Honduras. –  Una jueza y un fiscal interpusieron una denuncia contra abogados del Bufete Justicia para los Pueblos, quienes representan al Consejo Indígena Lenca de El Cacao, tras una conferencia de prensa convocada por organizaciones de derechos humanos en mayo de 2026 en la que se expusieron irregularidades procesales y el desplazamiento de la comunidad. 

La acción de la jueza Mary Elizabeth Mazzoni y el fiscal Isidro Velásquez fue interpretada por los integrantes del consejo indígena lenca, originario de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, como “un acto de intimidación y represalia” contra quienes les acompañan en el proceso penal por usurpación ante el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula. 

Las y los integrantes de la comunidad señalaron, además, que durante la lectura del fallo condenatorio, el 3 de junio, la jueza Mary Elizabeth Mazzoni cuestionó la identidad indígena de los encausados y el reconocimiento que entidades estatales dan a la comunidad, así como su derecho a la propiedad colectiva. 

El Consejo Indígena Lenca de El Cacao señaló en conferencia de prensa que los derechos territoriales de los pueblos indígenas están reconocidos en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales de derechos humanos, y que el territorio es espacio de vida, cultura, producción, espiritualidad, memoria y organización.  

Las organizaciones denunciaron los hechos el jueves 12 de noviembre, durante una conferencia de prensa en el “Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna” en el espacio denominado “Viva Berta” frente a la Corte Suprema de Justicia, donde comunidades garífunas, indígenas y campesinas mantienen un plantón para exigir la derogación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026), así como un alto a la criminalización. 

Asimismo, interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la jueza Mary Elizabeth Mazzoni y el fiscal Isidro Velásquez, a quienes señalan por presuntos delitos de incitación a la discriminación, prevaricato judicial, intimidación a testigos y otros intervinientes en el proceso penal y abuso de autoridad en perjuicio de dos integrantes del Consejo Comunal Indígena Lenca El Cacao. 

CUESTIONAN ACCIONES JUDICIALES CONTRA ABOGADOS DEFENSORES

Edy Tábora, codirector del Bufete Justicia para los Pueblos, señaló a Criterio.hn que la acción que la jueza y el fiscal denominan como coacción judicial fue una conferencia de prensa en la que se abordaron las implicaciones de la criminalización contra los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas, principalmente las mujeres.

Edy Tábora, codirector del Bufete Justicia para los Pueblos, advirtió que las denuncias contra abogados que defienden a comunidades indígenas pueden limitar sus derecho a la defensa y generar consecuencias como la privación de libertad de los profesionales. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

De acuerdo a Tábora, la conferencia no tuvo como propósito intimidar a la jueza ni influir en su decisión, sino informar sobre la situación de la comunidad y las obligaciones estatales frente a sus derechos. A su criterio, el delito de coacción requiere violencia o intimidación para influir en las decisiones de los jueces, elementos que, aseguró, no estuvieron presentes en la conferencia.  

“Hay juicios en el país que han tenido una trascendencia muy significativa en el cual hay actos intimidatorios, por ejemplo, lo que hace el señor Juan Orlando Hernández, que asume un posicionamiento público, una defensa muy mediática. Y nadie le cuestiona en términos generales que lo haga, porque son derechos que no tienen ningún elemento en el marco de la libertad de expresión. Esa es una preocupación, porque además, a la par de esto, hay una suspensión de dos abogados de la Ofraneh”, planteó Tábora. 

Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), señaló que estas acciones judiciales contra abogados que defienden derechos de pueblos indígenas se trataría de una nueva estrategia de los grupos de poder que en Honduras controlan el sistema de justicia. 

“Ellos [grupos de poder económico y político] sienten que Honduras es una hacienda privada y hoy nos encontramos que los abogados, la abogada y el abogado de Ofraneh, fueron suspendidos […] y nos encontramos con la criminalización en contra de otros abogados que también acompañan las luchas de los pueblos. Esto es peligroso”, concluyó Miranda. 

Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, calificó como peligrosa la criminalización de abogados que acompañan jurídicamente a comunidades y organizaciones sociales, al advertir que limita su derecho a la defensa. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

EXIGEN INVESTIGAR ACTUACIONES DE JUEZA Y FISCAL

La coordinadora de la Ofraneh afirmó que en medio de la adversidad jurídica continuarán exigiendo que Honduras sea un Estado de Derecho y que exista un sistema de justicia imparcial que responda. Manifestó que no solamente los delincuentes, narcotraficantes y criminales confesos tienen derecho a un abogado sino también quienes defienden la tierra, el territorio y la vida. 

A inicios de noviembre, la comunidad garífuna de San Juan denunció la suspensión de dos de sus abogados defensores de las cinco personas criminalizadas bajo la figura de usurpación, tras el primer desalojo ejecutado bajo la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. 

La codirectora del Bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva, afirmó que si bien les preocupa que una jueza denuncie a abogados y abogadas que acompañan la defensa de los pueblos, el despacho legal continuará en la defensoría de las comunidades y los pueblos. “Nunca lo habíamos visto, ni siquiera en el golpe de Estado, cuando la situación era terrible para todos y todas. […] Nosotros vamos a seguir denunciando y exigiéndole a esta Corte Suprema de Justicia que investigue la conducta de esta jueza”, declaró la abogada. 

Kenia Oliva, codirectora del Bufete Justicia para los Pueblos, señaló que, aunque respetan y defienden la independencia judicial, las valoraciones expresadas por la jueza en el caso de la comunidad Lenca El Cacao excedieron los límites de su investidura. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn

Finalmente, Oliva cuestionó que la jueza y el fiscal continuarán interviniendo en el proceso penal pese a haber denunciado a los abogados defensores y representantes de la comunidad. Señaló que ambos debieron apartarse del caso y confirmó que la actuación de ambos también fue denunciada ante Supervisión Nacional.

Fuente: Criterio.hn