Hay derrotas que contienen victorias

A reserva de conocer el laudo final, que se debería hacer público inmediatamente, se ha anunciado que México pierde el caso por una cantidad “mínima”, en comparación con la demanda original; un 1 por ciento de mil 500 millones de dólares (mdd). Aunque parezca un triunfo, considera que sigue siendo una derrota, pues el fracaso es en contra de México. Hay que recordar como un mantra: en el sistema de resolución de disputas de inversionistas a Estados, estos últimos no ganan nada. Acaso pueden no perder o perder sólo un poquito, como en el caso de Vulcano.

Es un caso parecido al de la demanda de la también minera estadunidense (de subsuelos marinos) Odyssey, que ganó en 2024, 37.1 mdd a México, cuando demandaba más de mil 300 mdd. Aunque parezcan triunfos, con estos fallos se arrecia el asedio corporativo y se engrosa la lista de demandas en contra de México. 

En un comunicado del Movimiento Indígena Maya Peninsular y del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), se explica bien esta disyuntiva entre perder y ganar: “Es un resultado aparentemente favorable para México pero la lucha sigue”. Se felicitan, por supuesto, por los esfuerzos de haber hecho escuchar: "La voz de las comunidades mayas entró al arbitraje internacional. Fue una pieza clave para que esa perspectiva formara parte del expediente (del tribunal del Ciadi)". 

Según Araceli Domínguez, representante de GEMA, “lo que tenemos claro es que fue la movilización comunitaria, dentro y fuera del país, la que consiguió que la voz de las comunidades llegará al tribunal y se integrará formalmente el expediente arbitral”. Quetzal Tzab González, dirigente maya, fue quien presentó el amicus curiae, pese a la oposición de la empresa, lo que permitió incorporar la perspectiva de las comunidades afectadas por la explotación de roca caliza en Playa del Carmen. 

Esas comunidades exigen, como se exponen en el reportaje de Patricia Vázquez en este diario, que recoge el comunicado, que se publica el laudo sobre Calica y se garantiza la reparación de los daños en la selva de Quintana Roo, perpetrados por la empresa Vulcan, dueña de la mina Calica ( La Jornada, 6 de agosto). Entre estas exigencias se incluye "que el cierre de la extracción sea definitivo. Ninguna negociación puede incluir la entrega a Vulcan de nuevos predios ni de nuevos bancos de material en la región o en cualquier otra parte de la República Mexicana. El laudo no repara el acuífero. La selva no vuelve. Los cenotes no sanan solos. Esa reparación la seguiremos exigiendo ante las autoridades, litigando en los tribunales mexicanos y organizándonos en las comunidades. Durante años nos dijeron que no existíamos. Un tribunal internacional acaba de dejar por escrito lo contrario”. Sin duda, un triunfo dentro de la derrota. 

Es de felicitarnos por el papel del gobierno mexicano en la defensa del caso Vulcan. La defensa logró esquivar un pago descabellado. Sin embargo, como se exponen en la Radiografía de las Demandas inversionista-Estado, recientemente actualizada (junio 2026) por el Transnational Institute y el Institute for Policy Studies (https://isds-americalatina.org/mexico/), las demandas de Odyssey y de Vulcan son lejos de ser casos aislados. México tiene decenas de demandas pendientes por miles de mmd. La más reciente ha sido interpuesta por Cadence Minerals y REM, registrada el 29 de julio pasado. La empresa británica posee una participación del 30 por ciento del proyecto Sonora Litio que fue cancelado por el gobierno mexicano. El 70 por ciento restante pertenecía a la empresa china Ganfeng que ya había demandado a México. Los montos son desconocidos. 

De manera inaudita, Accesss Business Group también ha interpuesto una segunda demanda a México por la supuesta expropiación de tierras en Jalisco. En la realidad, fue una devolución de tierras dictada por una resolución presidencial obediente a la reforma agraria de 1939, bajo el presidente Lázaro Cárdenas. 

En su primera demanda, que perdió, Access exigía la cantidad astronómica de 2 mil 700 mdd, pero fue desestimada por falta de jurisdicción. Se desconocen aún los términos bajo los cuales Access vuelve a demandar a México. 

Por estas y por todo el cúmulo de demandas, es más que urgente revisar todo el entramado de tratados internacionales de inversión que tiene México. Me parece grave la afirmación que hace la Secretaría de Economía (SE) al final de su comunicado, en torno al fallo en el Ciadi, del caso Vulcano. Dice que “el gobierno de México refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente, así como con el respeto a las reglas y procedimientos contenidos en los tratados internacionales como elemento fundamental para brindar la certidumbre jurídica que hace posible el desarrollo económico”. (ver boletín de la SE, https://tinyurl.com/ywdcee8t). 

Es una tremenda contradicción pretendiente que la inversión extranjera puede traer “buenos salarios, innovación y protección al ambiente” cuando las empresas gozan de esas “reglas y procedimientos” que les permiten justamente evadir esos objetivos. A la “certidumbre jurídica” de las empresas se debe de anteponer la seguridad jurídica del propio Estado y de las comunidades que defienden sus territorios, su agua y su medio ambiente. El caso Vulcano lo ha demostrado. La empresa bien se puede ir con sus muchos o pocos millones de dólares sin resarcir nada del daño que ha causado a las comunidades aledañas a Playa del Carmen, como Torres de la Paz. Pero como nos dicen los líderes Areceli y Quetzal en su boletín, ¡sí existimos! (ver documental. https://www.youtube.com/watch?v=MoJP5n-0_z4). Un triunfo es, sin duda, el haber demostrado una vez más que no se debe desestimar el poder de los pueblos. 

*Instituto de Estudios Políticos (www.ips-dc.org)

Fuente: Bilaterals