Más de 70 días de resistencia garífuna ante un Estado negligente

 A más de 70 días de la instalación del campamento “Por la vida del pueblo garífuna” exigiendo el cese de la causa penal contra cinco defensores del territorio de San Juan y el cumplimiento de las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el Estado de Honduras continúa ignorando sus demandas. 

Incluso, el caso contra las cinco personas defensoras de San Juan, acusadas bajo la figura de usurpación agravada tras su captura el 6 de julio durante un desalojo violento ejecutado por la Policía Nacional en el marco de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial (Decreto 107-2026), enfrentan un proceso judicial postergado, marcado por traslados y declinatorias entre los tribunales de Tela en Atlántida y San Pedro Sula en Cortés.

NUEVOS CAMPAMENTOS SE SUMAN A LA LUCHA TERRITORIAL

En respuesta a las amenazas de desalojo en otros territorios y en acompañamiento a la causa garífuna, se han instalado otros campamentos como en Cayos Cochinos, Islas de la Bahía; Santa Rosa de Aguán en Colón y el campamento Tuba Mena en San Juan, Tela, Atlántida. 

Melissa Martínez, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), afirmó a Criterio.hn que tras dos meses y medio exigiendo una justicia que les es negada, mientras se les otorga sobreseimientos a delincuentes y narcotraficantes confesos, se preguntan a que se le llama justicia en Honduras. 

“Justicia no tenemos. Lo que sí sabemos es que como pueblo garífuna y otras organizaciones aliadas que se han sumado a acompañar el campamento, vamos a seguir aquí exigiendo esa justicia para el pueblo garífuna», dijo Martínez.

CAMPESINOS E INDÍGENAS SE SUMAN A CAMPAMENTO GARÍFUNA

Desde la instalación del campamento el 10 de agosto, en el espacio conocido como “Viva Berta”, frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), más organizaciones campesinas, populares y pueblos indígenas se han sumado al campamento. Además, exigen el cese de los desalojos ejecutados al amparo de la Ley Agroindustrial y la derogación de esta normativa. 

Una de las primeras organizaciones en sumarse al campamento garífuna fue la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), que se i ncorporaron el 25 de agosto tras la represión de la Policía Nacional contra personas campesinas que realizaban un pronunciamiento frente al Instituto Nacional Agrario (INA) en contra de la Ley Agroindustrial y la ampliación ambigua del delito de asociación terrorista mediante el Decreto 84-2026.

Posteriormente, se unieron representantes de pueblos indígenas lencas y otros, a través de sus distintos consejos, así como organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), así como otros colectivos y ciudadanía que realizan defensa de la tierra y el territorio en otras regiones del país. 

CUESTIONAMIENTOS DE JUSTICIA SELECTIVA

Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh denunció, el viernes 16 de octubre, cuando se cumplían 66 días de la instalación del campamento en la capital hondureña, que el 8 del mismo mes el Juzgado de Letras Seccional de Tela se había declarado nuevamente incompetente para conocer la causa penal en contra de las cinco personas defensoras del territorio de San Juan. 

Como resultado, el expediente fue remitido al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula, Cortés. Previamente, la jueza de Tela se declaró de oficio incompetente para conocer la causa, al considerar que los cinco acusados integrarían una estructura de criminalidad organizada.

“Durante todo este tiempo hemos venido demandando el cierre definitivo de esta causa penal, porque es ilegal, es contravencional y viola la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los DH a favor de la comunidad de San Juan”, comentó Miranda en un posteo en su cuenta de X. 

La lideresa garífuna cuestionó la aparente justicia selectiva detrás de la decisión de otorgar un amparo a favor de la exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ahora embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Cosette López, quien fue acusada de traición a la patría, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios por su actuación en el opaco proceso electoral de 2025. Miranda contrastó esta decisión con la negativa de las autoridades judiciales a poner fin a la causa penal contra las cinco personas defensoras del territorio garífuna de San Juan. 

UN ESPACIO DE REFLEXIÓN Y VINCULACIÓN

Jeffry Suazo, quien acompaña el campamento e integra la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), explicó que durante estos dos meses el espacio también se ha convertido en un espacio de reflexión y análisis sobre otras problemáticas que enfrenta la ciudadanía, como la escasez del agua y la necesidad de avanzar como población hacía la construcción de una soberanía alimentaria.

Suazo contó que el sostenimiento del campamento ha sido apoyado, en parte, por la solidaridad ciudadana, expresada en donaciones de alimentos y en la participación de personas y organizaciones en actividades artísticas y otras iniciativas. 

Fuente: Criterio.hn