Arroceros colombianos en crisis ante el avance del arroz estadounidense sin aranceles

Los productores de arroz de Colombia advierten sobre la posibilidad de un nuevo paro nacional ante una crisis que compromete la rentabilidad de sus cultivos y el futuro de la economía agro rural del país. En el Tolima, una de las principales regiones arroceras de Colombia, los agricultores denuncian los bajos precios que reciben por la venta de sus cosechas, los elevados costos de producción y las dificultades para acceder a créditos. A estas presiones se suma la competencia de las importaciones, en particular del arroz estadounidense, que ingresará sin límites ni aranceles a partir de 2030, según el cronograma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

La preocupación no se limita al futuro. El acuerdo comercial ya permite el ingreso de determinadas cantidades de arroz estadounidense sin aranceles, que aumenta cada año. Según La República, entre enero y julio de 2026, Colombia importó 119 234 toneladas de arroz, de las cuales 102 367 procedieron de Estados Unidos. El cereal estadounidense representó así el 85,9 % de las importaciones totales. Desde la entrada en vigor del TLC, el país ha importado más de 1,5 millones de toneladas de arroz blanco de ese origen.

La apertura comercial coincide con un deterioro de los ingresos de los productores nacionales. A la caída de los precios se suman los costos de insumos y las dificultades de comercialización. 

La crisis también tiene consecuencias territoriales. De acuerdo con InfoNación, los productores advierten que 22 municipios del Tolima dependen de la economía arrocera. Una reducción de las siembras amenaza el empleo, el comercio local y los ingresos de numerosas familias. Algunos agricultores ya han optado por destinar sus tierras a otras actividades ante la falta de rentabilidad.

La tensión aumentó tras las declaraciones del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien recomendó a productores de La Guajira y el Cesar sustituir el arroz por marañón. Aunque luego precisó que su propuesta se refería a zonas específicas, sus palabras reavivaron las críticas de quienes reclaman medidas para sostener el cultivo y no una salida que traslade a los agricultores el costo de la crisis. 

Un problema de justicia fiscal 

Para Cedetrabajo, organización miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, la crisis no puede explicarse únicamente por un exceso de oferta ni por la falta de competitividad de los agricultores. Su análisis sitúa el problema en las condiciones desiguales que establece el TLC.

Mientras Estados Unidos mantiene ayudas económicas a sus productores, Colombia reduce de forma progresiva los aranceles que protegían su producción. Los agricultores estadounidenses cuentan con mecanismos de apoyo que compensan las caídas de los precios internacionales. Estas ayudas les permiten sostener su actividad bajo condiciones que no necesariamente enfrentan sus pares colombianos.

Además, Cedetrabajo advierte que el tratado restringe instrumentos de política comercial, como las franjas de precios para las importaciones estadounidenses, y limita ciertas preferencias nacionales en las compras públicas cubiertas por el acuerdo. El país pierde así margen para proteger una actividad que sostiene empleos rurales y contribuye al abastecimiento interno.

Soberanía alimentaria en riesgo

El debate compromete así la soberanía alimentaria de Colombia y su capacidad para garantizar el abastecimiento interno. Colombia consume 2,1 millones de toneladas de arroz blanco al año según la medición más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Una mayor dependencia de las importaciones expone al país a cambios en los precios internacionales y a posibles interrupciones del suministro.

Desde una perspectiva de justicia fiscal, este escenario plantea una pregunta sobre quién asume los costos de las decisiones económicas. Cuando el Estado reduce las herramientas de protección a la producción nacional sin garantizar condiciones de competencia equivalentes, los agricultores y sus comunidades quedan vulnerables a pérdidas de ingresos y empleo. 

Cedetrabajo cuestiona también que la respuesta oficial se centre en recomendar el abandono del cultivo sin abordar las causas estructurales de la crisis. La sustitución productiva exige recursos, acceso al crédito y un periodo de transición durante el cual las familias necesitan ingresos. No basta con sugerir otros cultivos si no existen garantías para asumir sus costos.

Ante este panorama, Cedetrabajo plantea la necesidad de revisar los tratados de libre comercio y adoptar una política económica que fortalezca la producción agropecuaria nacional. Para la Red de Justicia Fiscal ALC, el caso invita a discutir qué herramientas fiscales necesita el Estado para reducir las desigualdades entre productores y proteger los medios de vida rurales.

Fuente: Bilaterals