Gonzalo Ortuño López

«Le quitamos la comida de la boca a un monstruo”. Así describe Enrique Che, autoridad ancestral de Río Pita, los esfuerzos de comunidades indígenas en Izabal, Guatemala, que terminaron con la cancelación de 10 licencias mineras que ponían en riesgo la principal fuente de agua de 54 poblaciones en esta región del país centroamericano.

Desde hace 15 años el municipio cafetalero de Jericó, al sur del departamento colombiano de Antioquia, libra una batalla socioambiental que ha dividido a su población y que tiene hoy a 11 defensores del territorio y campesinos en un proceso judicial por oponerse a la minería de cobre del proyecto Quebradona. El proyecto es propiedad de AngloGold Ashanti, una de las mayores productoras de oro a nivel mundial.

Un amparo otorgado a la comunidad maya poqomam ordena atender y mitigar los impactos de la contaminación a los ríos en Santa Cruz Chinautla, una decisión que puede beneficiar a más poblaciones.

La deforestación en el departamento colombiano de Guaviare —que está cubierto en un 85 % de bosque— repuntó en 2024 y muestra señales de alerta en lo que va del año. Esto ocurre mientras los grupos armados, la ganadería a gran escala, los cultivos ilegales y los incendios se expanden en la región amazónica del país.

Los primeros tres meses de 2025 han sido letales para los defensores de derechos humanos en Colombia, pues la violencia contra ellos se incrementó un 43 % respecto a 2024, con 43 asesinatos. Esta es solo una parte de las 128 agresiones documentadas por la  organización Somos Defensores en su reporte trimestral.

Los asesinatos de defensores ambientales y del territorio aumentaron un 25 % durante 2024 en México, al registrar 25 homicidios, cinco más que en 2023, de acuerdo con un  informe realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Se trata de la segunda cifra de asesinatos más alta en 10 años de documentación realizada por la organización.

Tras ocho años de prohibición de minería metálica en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele impulsó una ley que elimina esta restricción. El Gobierno busca asociarse con mineras para la explotación de minerales valiosos, como el oro y la plata. Organizaciones, comunidades, estudiantes e incluso líderes religiosos se han manifestado contra la nueva legislación y presentaron una demanda ante la Suprema Corte para exigir su inconstitucionalidad.

En un mundo donde más de 5000 millones de personas utilizan los bosques y sus recursos para subsistir, el valor de estos ecosistemas aumenta, pues son esenciales para acceder a alimentos y medios de vida. Este es el lema que la Organización de las Naciones Unidas eligió para conmemorar el 21 de marzo el Día Internacional de los Bosques en 2025: los bosques y los alimentos.