Gonzalo Ortuño López

La Amazonía se seca, se quema y se inunda. Esto no solo impacta a los ecosistemas sino a su población. Un nuevo estudio detectó que entre 2013 y 2023 esta región registró más de 12.500 desastres climáticos —entre inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios, tormentas y sequías— que afectaron a más de tres millones de personas en un solo año y dañaron miles de obras de infraestructura pública.

A unos cuantos kilómetros en bote de la ciudad de Belém do Pará, la puerta a la Amazonía brasileña, se encuentra la comunidad Itacoã-Miri, un territorio quilombola —integrado por población afrodescendiente que huyó de la esclavitud y se estableció en el bosque durante el periodo colonial— que ha habitado y preservado este ecosistema por generaciones. La labor de estas comunidades ha sido crucial para mantener intacto el 92 % del bosque que habitan y, sin embargo, han pasado desapercibidas incluso para las propias autoridades.

Mientras los efectos de la crisis climática avanzan en el mundo —con el aumento de la temperatura, sequías, fenómenos naturales extremos, incremento del nivel del mar y afectaciones a la salud de la población—, también crece la violencia contra defensores que se movilizan por enfrentar este fenómeno y exigen medidas de sus gobiernos para una transición energética justa, es decir, dejar el petróleo, el gas y el carbón para priorizar energías limpias y renovables.

«Le quitamos la comida de la boca a un monstruo”. Así describe Enrique Che, autoridad ancestral de Río Pita, los esfuerzos de comunidades indígenas en Izabal, Guatemala, que terminaron con la cancelación de 10 licencias mineras que ponían en riesgo la principal fuente de agua de 54 poblaciones en esta región del país centroamericano.

Desde hace 15 años el municipio cafetalero de Jericó, al sur del departamento colombiano de Antioquia, libra una batalla socioambiental que ha dividido a su población y que tiene hoy a 11 defensores del territorio y campesinos en un proceso judicial por oponerse a la minería de cobre del proyecto Quebradona. El proyecto es propiedad de AngloGold Ashanti, una de las mayores productoras de oro a nivel mundial.

Un amparo otorgado a la comunidad maya poqomam ordena atender y mitigar los impactos de la contaminación a los ríos en Santa Cruz Chinautla, una decisión que puede beneficiar a más poblaciones.

La deforestación en el departamento colombiano de Guaviare —que está cubierto en un 85 % de bosque— repuntó en 2024 y muestra señales de alerta en lo que va del año. Esto ocurre mientras los grupos armados, la ganadería a gran escala, los cultivos ilegales y los incendios se expanden en la región amazónica del país.

Los primeros tres meses de 2025 han sido letales para los defensores de derechos humanos en Colombia, pues la violencia contra ellos se incrementó un 43 % respecto a 2024, con 43 asesinatos. Esta es solo una parte de las 128 agresiones documentadas por la  organización Somos Defensores en su reporte trimestral.