Jericó, el pueblo que logró frenar la exploración de cobre, pero enfrenta la violencia de los grupos armados

“Después de 17 años de estar luchando contra una multinacional minera, recibimos la noticia con mucho agrado porque este es un territorio fértil para la producción de alimentos, para la caficultura, es una cordillera que produce agua no solamente para los humanos, sino para animales y plantas”, dice Bermúdez, uno de los 11 campesinos en proceso judicial tras oponerse al proyecto minero.

La negativa de las autoridades nacionales para el proyecto minero representa un respiro para los defensores del territorio, quienes enfrentan acusaciones por los supuestos delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. Sin embargo, saben que su labor no termina aquí, pues reconocen que Jericó enfrenta un ambiente de violencia, presuntamente ligado con la industria minera.

Ambientalistas y defensores cuentan a Mongabay Latam la transformación que ha tenido Jericó tras 17 años de conflicto socioambiental por la minería, el cual está lejos de terminar.

Un freno a la mina Quebradona

La mina de cobre Quebradona —un proyecto propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti, una de las mayores productoras de oro en el mundo— había solicitado una cuarta prórroga de la concesión minera, la cual no superó la etapa de exploración, ante el riesgo de graves impactos ambientales, principalmente a los acuíferos de la región. El proyecto tenía previsto una vida útil de 21 años para extraer cerca de 5 millones de toneladas de concentrado de cobre, mayoritariamente, así como oro y plata.

Sin embargo, la autoridad minera decidió negar una nueva extensión por una “falta de gestión para obtener la viabilidad ambiental, así como debilidades en el relacionamiento social en el territorio”.

En la resolución final, consultada por Mongabay Latam, la institución destaca factores técnicos, legales y sociales para negar la extensión del título minero.

Un elemento clave es que la etapa de exploración ya alcanzó el límite legal de 9 años que establece el contrato de concesión. La siguiente etapa, la de construcción, estaba prevista para iniciar el 9 de diciembre de 2025. Sin embargo, esta no puede iniciar sin licencia ambiental.

El segundo elemento es el componente social, donde la AGN señala que la minera no entregó evidencia de “alguna estrategia de relacionamiento social en territorio que permita ver avances en aras de generar espacios de socialización previa con los diferentes grupos en territorio”.

Esta actividad es necesaria debido a las tensiones sociales que existen en el territorio y en su área de influencia desde hace 15 años.

Además, argumenta que al ser declarado como un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE), implica tener exigencias más altas de fiscalización y control.

Otro factor importante fue que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia declaró y delimitó una zona de reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal en varios municipios del suroeste antioqueño, incluido Jericó, cuya extensión abarca la concesión minera.

De acuerdo con esta reserva, mientras esté vigente, las autoridades mineras y ambientales “no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales”.

Lina María Velásquez Escobar, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, destaca la resolución minera, ante el conflicto socioambiental que ha dividido a Jericó y ha derivado en procesos judiciales, como el que enfrentan los 11 defensores campesinos acusados de presunto secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales.

“Que una multinacional extranjera en este momento haya querellado en un municipio a más de 80 personas y que esté judicializando a 11 campesinos es un precedente desastroso para una empresa que pretende explotar minería en un territorio”, dice Velásquez a Mongabay Latam tras la resolución de la Agencia Nacional de Minería.

Si bien consideran esta decisión como una victoria importante, saben que aún no es definitiva, pues legalmente la empresa lamentó la resolución y sostuvo que agotará los procedimientos legales “ante las instancias administrativas y jurisdiccionales”.

“Tenemos que seguir vigilantes. Si la gente no se concientiza de los daños tan desastrosos que causa la minería, seguramente van a volver a intentarlo, aunque ya quedó plasmado que en el suroeste de Antioquia la minería no se acepta”, sostiene Bermúdez.

Mongabay Latam contactó a la Minera de Cobre Quebradona para conocer más detalles sobre las acciones legales que podría tomar contra la decisión oficial, sin embargo la empresa respondió que su posicionamiento por el tema sólo será un  comunicado emitido el pasado 4 de diciembre donde rechazan la decisión.

Sureste antioqueño, una tierra en disputa

Los municipios de Jericó y Támesis despertaron el interés minero no solo de las industrias legales, sino también de grupos armados, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, de acuerdo con el  Informe sobre Derechos Humanos del Suroeste antioqueño, elaborado por la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Vamos Mujer, Conciudadanía, Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

El informe publicado en noviembre pasado aborda el aumento de homicidios en municipios estratégicos donde el Clan del Golfo se ha extendido, especialmente mediante el Bloque Edwin Román Vásquez, un grupo paramilitar especializado en minería con presencia reciente en Jericó y Támesis, precisamente donde se localiza la mina de cobre Quebradona.

Carlos Andrés Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación, explica que si bien la región no había estado exenta de disputas por conflictos armados, la presencia de este grupo ha encendido las alarmas en una región que no se había distinguido por la extracción de minerales.

“Edwin Román Velásquez es un bloque completamente minero que ya ha asegurado la hegemonía en el occidente antioqueño con una explotación muy fuerte de la mina Buriticá que actualmente es explotada por la empresa minera china Zijin-Continental Gold”, expone el abogado.

De acuerdo con el informe, los 253 asesinatos registrados en los primeros ocho meses de 2025 superaron los de todo el año anterior. Solo en Jericó, los homicidios aumentaron un 300 % respecto a 2024. Este indicador, junto con la presencia de grupos paramilitares hace aún más complejo el conflicto socioambiental por la minería.

“El temor que tenemos en este momento es que, una vez suspendido el registro minero y la exploración, busquen por vía ilegal sacar los recursos que no pudieron sacar por vía legal”, señala Zapata, uno de los autores del informe, sobre el interés minero de grupos armados.

El documento recoge las denuncias de habitantes de la zona sobre la presencia de actores armados en sus territorios. Dicen haber visto a hombres vestidos de negro y encapuchados patrullar las veredas en zona de influencia del proyecto minero Quebradona.

Al respecto, AngloGold Ashanti Colombia ha salido a negar cualquier vínculo con grupos armados que operan en la zona cercana al proyecto minero. Consultada por Mongabay Latam, la empresa únicamente  remitió a comunicados entre julio y septiembre de 2025, donde “rechaza cualquier manifestación de violencia contra la sociedad civil de la subregión y condena toda forma de vulneración de los derechos humanos”.

El informe recaba también otras señales de violencia contra defensores del territorio en Jericó. Entre abril y septiembre documentaron amenazas directas a líderes campesinos y juveniles que participan en movilizaciones contra la minería. En varios casos, los responsables se identificaron como miembros de las AGC.

“Se le han metido a la gente y le han cogido los celulares para revisar contactos. Hay acciones que nos evidencian que este año básicamente hay una presencia paramilitar activa en el polígono”, destaca Zapata.

Velásquez también menciona el incremento que ha tenido Jericó en enfrentamientos armados, principalmente en el corregimiento de Palocabildo, donde se encuentra la mayoría de campesinos defensores del agua y del territorio.

“La angustia se ha incrementado muchísimo en los campesinos y en los líderes del territorio. Todos sienten un gran riesgo porque hay un precedente importante”, sostiene la ambientalista en referencia a la criminalización de los defensores.

El conflicto no termina aquí

Defensores y ambientalistas saben que el conflicto socioambiental está lejos de terminar, por lo que también llaman a autoridades a atender medidas que frenen la expansión criminal que ponga en riesgo a las personas defensoras y los recursos que protegen.

“Se necesita una respuesta integral a una problemática que rebasa el conflicto socioambiental y que se está viviendo en este momento por la minería. Urge una actuación integral, no solamente militar, que es hasta ahora la que han desplegado”, dice Zapata a Mongabay Latam.

La próxima audiencia de judicialización en el proceso contra los 11 campesinos será en agosto de 2026. Bermúdez se dice tranquilo, pese a la tensión y a las acusaciones en su contra, pero cuenta que no quiere que pase con Jericó lo que sucede en otros territorios sumidos en la violencia por los conflictos armados.

“Estos territorios han sido de paz y no queremos ser como el Cauca, el Chocó, la Guajira, destruidos por la violencia por abrirle las puertas a estas multinacionales. Es lo que en el suroeste de Antioquia no queremos que suceda”, reconoce.

Velásquez espera que Jericó pueda tener un cierre de año más tranquilo tras la resolución de las autoridades nacionales, aunque sabe que solo es una pausa, para enfrentar lo que viene.

“Hacía rato no teníamos una Navidad tranquila en Jericó y para todos fue una noticia muy alentadora saber que ya la minera no puede seguir realizando ninguna actividad en el territorio”, sostiene.

Fuente: Desinformémonos