Argentina

Despertó polémica el proyecto para una nueva Ley de Semillas que impulsa el Ministerio de Agricultura nacional. Participan distintas entidades productivas pero las organizaciones campesinas, indígenas y socio-ambientales no están representadas.

En una gran ofensiva, en la cual no se escatiman distintas metodologías ilegales, fraudes, amenazas, abusos de poder, uso de la fuerza pública, empresas privadas vienen alambrando grandes extensiones de campo en el sur de Mendoza.

"Las asambleas que componen la Unión de Asambleas Patagónicas, reunida en Gan Gan, Chubut, los días 6 y 7 de octubre, resolvemos priorizar y sostener el Valor del Agua como Esencia de Vida, por lo cual rechazamos terminantemente su uso para la explotación de la megaminería hidrotóxica y el gas y petróleo no convencional."

La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA) entiende que el proyecto de una nueva ley de Semillas atenta contra la diversidad y la producción de alimentos para nuestro pueblo ya que termina entregando su control a las corporaciones.

Llevaron más de 30 mil firmas de apoyo. "Es un llamado a los senadores, un clamor del interior para traten la ley", dijo Carlos Manessi, presidente del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat). Perderá estado parlamentario a fin de mes.

Organizaciones sociales exigieron justicia por el asesinato de Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado. Denunciaron la persecución y amenazas a campesinos e indígenas y reclamaron la sanción de una ley que frene los desalojos.

"Eran 7, siete, las provincias argentinas que contaban con legislación restrictiva o prohibitiva de la actividad minera: Chubut, Río Negro, La Pampa, Tucumán, San Luís, Mendoza, Córdoba y Tierra del Fuego..."

Desde que el paquete tecnológico agrario, sobre todo sojero, se enseñoreó en nuestras pampas, hace menos de dos décadas, viento de cola neoliberal y complicidad gubernamental mediante, muchas cosas no han vuelto a ser iguales.